Diario de Navarra

Una de las noticias más comentadas de los últimos días ha sido la anulación parcial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) del Decreto Foral 103/2017, regulador del uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, como consecuencia de los recursos presentados por varios sindicatos de la función pública. Las sentencias han anulado algunos artículos del Decreto Foral del Gobierno de Uxue Barkos que afectan a dos cuestiones: a la forma de realizar las comunicaciones a la ciudadanía y de rotular las carreteras, oficinas, sedes, vehículos, etc. por parte del Gobierno de Navarra; y a la valoración como mérito del euskera en los concursos-oposición y concursos de traslado en las zonas mixta y no vascófona. Dos cuestiones, por tanto, de gran calado en la determinación de la política lingüística que llevó a cabo el anterior Gobierno, al que, en consecuencia, el Tribunal ha corregido de forma clara y rotunda. Tras el pronunciamiento judicial han llegado las valoraciones del Gobierno de Navarra y de los partidos. El Gobierno ha sido en general cauto, aunque también ha deslizado ciertas insinuaciones que deberá aclarar. Los partidos del anterior cuatripartito, y de forma especial los del arco nacionalista, se han lanzado en tromba contra las sentencias con afirmaciones poco rigurosas y en ocasiones alarmistas, con el objetivo declarado de que se recurran ante el Tribunal Supremo, evitando así, al menos de momento, su aplicación y, en consecuencia, la corrección de una política lingüística calificada por el tribunal navarro de discriminatoria, desproporcionada y no ajustada a la realidad sociolingüística de Navarra. Algunas de estas declaraciones han sugerido que la anulación del decreto podría dejarnos en una suerte de vacío legal; otras han dicho que la sentencia cuestiona la política lingüística de los últimos 20 años y, por tanto, también la de UPN, poniendo en solfa los puestos de trabajo obtenidos en la Administración en estos años; por último, también han afirmado que la aplicación de las sentencias impedirá la valoración del euskera como mérito y no en cambio de los idiomas comunitarios (francés, inglés, alemán…). Al respecto pueden hacerse algunas consideraciones. La primera, que las sentencias anulan únicamente -y de forma parcial- el Decreto Foral 103/2017 y no los Decretos anteriores (29/2003 y 55/2009) dictados por Gobiernos de UPN, ya que es clara en el ámbito jurídico la aplicación del principio de congruencia, en virtud del cual el fallo de una sentencia anulatoria de una norma no puede producir efectos anulatorios sobre normas no expresamente impugnadas en el mismo procedimiento. La segunda, que declarándose por las sentencias nulos los artículos del Decreto Foral 103/2017 que establecían la obligación de valorar como mérito el euskera para los concursos-oposición o concursos de traslado de -y es importante recalcarlo- todas aquellas plazas que no hubieran sido calificadas ya por la propia Administración como bilingües, esta nulidad lo es ab initio, es decir, desde el momento en que se dictó el decreto. Dicho esto, el principio de seguridad jurídica y la aplicación del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa implican que la anulación no afecta a los actos que en aplicación de los artículos anulados hubieran devenido firmes con anterioridad al momento en que se dictaron las sentencias. Por tanto, todos los concursos-oposición y concursos de traslado celebrados a partir de noviembre de 2017 y cuyo resultado ya era firme cuando se dictaron las sentencias (es decir, en los que no cabía recurso), no se encuentran afectados por esa nulidad. Queda, por último, responder a la tercera cuestión: si las sentencias suponen que el euskera no va a poder valorarse como mérito, y en cambio sí se valorarían los idiomas comunitarios. Para ello debemos aplicar un principio general del derecho y el sentido común. A mi entender, de las sentencias no se deriva un vacío legal, ya que la aplicación del principio de conservación del derecho permitiría considerar que se produce una reviviscencia de la normativa anterior, formada por los Decretos Forales de 2003 y 2009. Dichas normas, que no han sido anuladas, consideraban el euskera como mérito en la zona mixta, por lo que aplicando un criterio interpretativo acorde con lo señalado por el TSJN y el mencionado sentido común, pueden ser perfectamente aplicadas. El mismo sentido común nos lleva a concluir que decir que, a partir de ahora, sólo se podrán valorar el inglés, el francés y el alemán y no el euskera en dicha zona carece de fundamento. Caso distinto es el de la zona no vascófona, donde parece más que lógico que el euskera no sea mérito general en una zona donde prácticamente nadie lo habla. En todo caso, desde Navarra Suma consideramos que la mejor opción es derogar el Decreto del cuatripartito en su totalidad y, desde la seguridad jurídica de la normativa anterior, hacer una nueva norma basada en el consenso y en el respeto a nuestra realidad sociolingüística, que sea proporcionada y no discriminatoria y acorde con el contenido de las sentencias. Por eso, hemos presentado una proposición de ley con este objeto y, por eso, pediremos que se apoye en el Parlamento. Marta Álvarez. Parlamentaria de Navarra Suma.

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Los efectos de las sentencias sobre el euskera

Decir que, a partir de ahora, sólo se podrán valorar el inglés, el francés y el alemán y no el euskera en la zona mixta carece de fundamento

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