Diario de Navarra

Un 14 de octubre (¡siempre el mes de octubre!) se hizo pública la sentencia que marcará la política española durante muchos años, por su relevancia para grandes temas del Estado y del Derecho (derecho a decidir, inviolabilidad de parlamentarios, derecho al juez imparcial, entre otros). Oriol Junqueras y los otros acusados que se alzaron contra el orden constitucional un 27 de octubre de 2017, tras la proclamación fallida de la república catalana, han sido condenados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, con la excepción del prófugo Puigdemont, al no contemplar nuestro ordenamiento jurídico penal la sentencia in absentia del reo. Son reos de sedición dice el artículo 544 del Código Penal “los que sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones” y la sentencia, tal como lo explica de manera exhaustiva y pormenorizada el Tribunal Supremo. Según el Supremo, falta para que pudieran considerarse las conductas de los acusados como reos de un delito de rebelión, la violencia que constituye un “elemento esencial del tipo penal”. El TS considera y constata a través de los hechos probados que ha existido algún tipo de violencia, pero no la que exige el tipo penal del artículo 472 del Código Penal - “comportamiento tumultuario y violento”- vinculado directamente con la obtención de la finalidad típica, cual es aquí la consecución de la finalidad buscada, es decir, la derogación de la Constitución, mediante la proclamación de la república catalana. Por ello el Supremo concluirá que “el tipo penal de rebelión, como delito de peligro, no puede circunscribirse al mero voluntarismo del autor, al exigirlo así el principio de ofensividad”, siendo determinante para lo expuesto que el entonces presidente Puigdemont dejase en suspenso la declaración de independencia. El Tribunal Supremo tras descartar la concurrencia del delito de rebelión, afirma que los hechos son constitutivos de un delito de sedición, desgranando las diferencias entre un delito y otro, y desechando la idea de la doctrina del Supremo desde antiguo que consideraba a la sedición como “una rebelión en pequeño”. Para ello la sentencia interpreta de manera exhaustiva, convincente y motivada el artículo 544 del Código Penal, al señalar entre otros razonamientos que “los comportamientos del dí́a 1 de octubre implicaron el uso de fuerza suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir la votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así -se añade- abortar el cumplimiento de las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional. La Sala de lo Penal del Supremo considera también probado el delito de malversación de caudales públicos al haberse probado la “deslealtad en la administración de los fondos públicos y considerarse que la infracción del tipo de malversación está en concurso medial con el de sedición, al haberse utilizado uno (malversación) para incurrir en el otro sedición. Una vez que la Sala ha definido las conductas de los acusados y subsunción en los tipos definidos de sedición y malversación va enjuiciando a cada uno de los acusados: Junqueras, Romeva, Forcadell (presidenta del Parlament), Turull, Rull, Dolors Bassa, Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a lo largo de más de 150 páginas, para concluir en la concurrencia de los delitos de sedición y malversación en alguno de los acusados (Junqueras, Romeva, Turull, Bassa) y señalando penas entre 13 años (Junqueras) y 9 años, más las inhabilitaciones de cargo público correspondientes, y el añadido de otras condenas por desobediencia e inhabilitación a Santiago Vila, Meritxell Borrel y Carles Mundó. Desde un punto de vista jurídico puede concluirse que la sentencia es un modelo de resolución judicial, aunque como ocurre siempre habrá voces discrepantes y deberá esperarse todavía un largo proceso, primero ante el TC y luego ante el TEDH. El juez del Supremo se encuentra vinculado al derecho y no a las conveniencias políticas del momento. Una vez vez juzgados los hechos, corresponde al Gobierno, Generalidad y demás actores políticos hacer su lectura política, que no estará exenta de discordias y desavenencias. Es la hora del Estado y de la responsabilidad de todos, confiando en que el desenvolvimiento histórico de los hechos que sucedieron en 1935 tras la sentencia del Tribunal de Garantías de la República así como la amnistía de Companys, no se repitan. La democracia española lo exige y sus ciudadanos también. Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional

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Una sentencia que marcará la política española

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