La actual consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, anunció el pasado viernes 27 de septiembre la intención del Ejecutivo foral de eliminar el impuesto de patrimonio a los bienes vinculados a la actividad empresarial para 2020.

Como presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar (ADEFAN) recibo con agrado este propósito, ya que llevamos manifestando desde hace varios años nuestra más profunda disconformidad con esta normativa. Un tributo que únicamente existe en Navarra y que, por si fuera poco, fue concebido como un gravamen de duración transitoria pero lleva ya cuatro años de aplicación.

La empresa familiar, tal y como se recoge en multitud de alocuciones de diversos mandatarios mundiales, es un bien social a preservar, proteger, cuidar y conservar porque es la base de una estructura de país estable. Entre sus múltiples cualidades se encuentra el sostenimiento del empleo, el arraigo al territorio o sus mejores salarios medios respecto a las grandes compañías. Esto hace que su éxito esté detrás de una clase media amplia y sólida.

Desde el convencimiento de que nuestros argumentos justifican la protección de la empresa familiar, durante la pasada legislatura mantuvimos reuniones de trabajo con varias personas de diferentes partidos políticos -del Gobierno y de la oposición- en las que expresamos reiteradamente nuestra crítica respecto a la introducción de este impuesto. Hemos insistido en que gravar los bienes que generan actividad y empleo es muy perjudicial para la generación de actividad económica que, en última instancia, es aquello que nos asegura un alto nivel de protección y cohesión social.

Hemos advertido de que en ningún lugar de España, ni del resto de Europa, se producía ese gravamen. Por tanto, su imposición ha mermado la competitividad de las empresas familiares navarras.

Hemos expuesto a nuestros gobernantes que tienen que ser muy conscientes de la competitividad existente entre comunidades autónomas próximas. Y es que, no solo hay que proteger a la empresa familiar, hay que cuidar a la familia empresaria para que continúe apostando, invirtiendo, trabajando en el desarrollo local, generando empleo y riqueza. Gravar la propiedad de las empresas familiares es incitar a no invertir, a no capitalizarlas, a no crecer.

Decisiones como aquellas puede tener importantes consecuencias en un país con variadas legislaciones en este sentido, todas ellas más favorables que la navarra. El impuesto de patrimonio empresarial grava la tenencia de bienes y, en Navarra, incluye la propiedad de la empresa familiar.

En resumen, gravar lo ya gravado en su momento y dentro de la lógica búsqueda de minorar la factura fiscal de los contribuyentes puede llevar a deslocalizaciones con la consiguiente pérdida de ingresos para nuestra Hacienda. Pagar impuestos es un deber y una responsabilidad como contribuyentes, pero no podemos soslayar que es lícito optimizar la factura fiscal.

Con el anuncio de la consejera, se abre una puerta a la esperanza de que, como en el resto de España y Europa, se exima de gravamen a los bienes empresariales generadores de riqueza y de empleo en Navarra. Si para ello tienen que cambiar algunas posiciones, pedimos que se haga y que aquellos que antes nos reconocieron lo inadecuado de las medidas tomadas entonces, con el escenario actual, sean consecuentes y lleven a cabo y apoyen la propuesta realizada por la consejera.

El último beneficiario de esa modificación será la propia sociedad navarra. Respaldar nuestras empresas familiares es respaldar nuestro progreso social y económico.

Francisco Esparza Unsain Presidente de ADEFAN