Diario de Navarra

La operación Púnica lleva coleando desde hace más de diez años, ha mandado a prisión preventiva a dos personajes de tanta relevancia en el Partido Popular como Ignacio González y Francisco Granados, pesos pesados del gobierno madrileño en tiempos de Esperanza Aguirre, a la que sucedió González en la presidencia, y provocó la defenestración de importantes consejeros y alcaldes a los que Aguirre puso en la calle sin contemplaciones cuando aparecieron los primeros datos de sus supuestos delitos. Ahora, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, junto a treinta altos cargos más, han sido imputadas por el juez García Castellón en un auto demoledor, brutal, en el que Aguirre aparece como principal impulsora de operaciones que desviaban fondos al partido a través de una fundación, Fundescam, y comisiones de empresas beneficiadas por contratos del gobierno regional, destinadas al partido, a la financiación de campañas electorales del Partido Popular madrileño, y a varios altos cargos. La presunción de inocencia es obligada, más todavía cuando en los últimos tiempos los tribunales han archivado causas abiertas con imputados de relieve o los han absuelto tras las investigaciones llevadas a cabo. El auto recoge datos que han provocado una auténtica conmoción en el Partido Popular y en quienes siguen la actualidad nacional, porque afecta a personalidades de importante trayectoria en el PP y como en el caso de Aguirre y Cifuentes, han sido implacables con los colaboradores que aparentemente actuaron al margen de la ley y fueron acusados de corruptos. Que sean las dos ex presidentas las que hoy se encuentren en los papeles de García Castellón, un juez poco sospechoso de buscar las vueltas al PP, y que Aguirre aparezca además no solo como conocedora de los delitos que presuntamente se hicieron bajo su mandato, sino que incluso promovió esos delitos, es algo que atenta directamente contra la línea de flotación del PP renovado, pues no es ningún secreto que tanto Pablo Casado como Isabel Ayuso han sido personas de la máxima confianza de Esperanza Aguirre e iniciaron su carrera política junto a la ex presidenta madrileña. Esperanza Aguirre ha asegurado que es “completamente falso” lo que recoge el auto sobre sus actividades y que irá a declarar “con mucho gusto, para defender mi inocencia y colaborar con la Justicia”. Aguirre adopta la postura más inteligente, dar la cara. Pero tanto ella como el resto de los imputados -entre ellos el actual presidente de Prisa y ex presidente de Indra, Javier Monzón- son conscientes de que, desde el momento en el que se conoció el auto, están condenados ya a “la pena del telediario”, que pesa como una losa sobre los investigados por corrupción. De la conversación mantenida entre Aguirre y González -grabada por los investigadores- podría deducirse que el Partido Popular se extralimitó en los gastos de campaña, pero una y otro niegan que Fundescam haya pagado esos gastos. Habrá que esperar en cualquier caso a las declaraciones de los imputados … y a las decisiones del tribunal.

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La operación Púnica

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