Diario de Navarra

Desde que se formó, a principios de agosto, el nuevo gobierno, con la colaboración pactada de Bildu, hemos asistido a un intenso debate sobre la utilización, por parte de los políticos, de los recursos públicos para inventar y repartirse cargos bien remunerados. Los hechos han sido ampliamente divulgados por los medios de comunicación: 13 consejerías, 40 directores generales, jefes de gabinete, asesores y comisiones de servicio, y veremos nuevos responsables de organismos y empresas vinculados a la administración, sin que su necesidad haya sido debidamente justificada. En total y sólo en los cargos vinculados al gobierno, un gasto “superfluo” de 2,4 millones de euros. Ante la irritación provocada en los ciudadanos, la respuesta por parte del cuatripartito ha sido la esperada: hacemos lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores de la derecha. Es lógico que cuando llega un nuevo gobierno se produzcan numerosos cambios y nombramientos para facilitar la gestión de los compromisos adquiridos con el electorado. Eso ocurre en todos los países, a nivel estatal y regional, aunque España, junto con Chile y Turquía sean los estados, según un informe de la OCDE, donde se produce mayor número de cambios. Se sustituye a casi el 100% de los directores y subdirectores generales (cargos que la OCDE define como senior management D2). Ahora bien, a los ciudadanos no nos interesan las acusaciones de despilfarro y las justificaciones de los partidos cuando tocan poder. En eso sabemos que todos son iguales. El problema radica en el clientelismo y en que los políticos priorizan la colocación de sus afines, estén o no debidamente capacitados para un gobierno eficiente. Lo advierte la misma OCDE, señalando que se prefieren “actores políticos en lugar de gestores con las habilidades y competencias necesarias para ser líderes efectivos” e incluso sus propios intereses personales priman sobre los intereses de los ciudadanos. Por otro lado, los ciudadanos hemos tomado nota de que los políticos se enzarzan en ásperos reproches en algunos temas, pero no ponen reparos cuando se trata de subirse el sueldo o mejorar sus pensiones. Lo acabamos de ver en el Ayuntamiento de Pamplona, cuando en la primera sesión acordaron la subida de sueldos en un 4%, propuesta que sólo fue rechazada por Bildu. ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos que sean responsables en el cumplimiento de sus deberes cuando ven que su esfuerzo fiscal sirve, en parte, para crear puestos bien remunerados, cuya única justificación es un reparto del poder? La austeridad, la capacidad de trabajo, la ejemplaridad, la imparcialidad, la competencia y preparación, el espíritu de diálogo son atributos que deberían constituir la marca de calidad que distinguiera a los políticos y sin los cuales no se pueden abordar los problemas fundamentales de la sociedad, entre los que hay que subrayar la reforma y la austeridad de la administración que evitaría tanto dispendio. Un tema que los políticos se niegan a acometer. No son necesarios 50 parlamentarios, ni gobiernos tan inflados de consejeros, directores generales, portavoces, gerentes de numerosos organismos dependientes de las consejerías. Todos esperamos de los políticos que sean los “mejores” ciudadanos. Pero en realidad echamos de menos la presencia de políticos audaces para las reformas y centrados en el buen gobierno. Al contrario, la historia reciente demuestra que abundan los corruptos, los ambiciosos, los trepas, los incompetentes, los pícaros, las dietas poco éticas, los usuarios de tarjetas black. Por eso los ciudadanos se preguntan si la clase política es reflejo de cómo es nuestra sociedad, o nuestra sociedad tiene una enorme capacidad para aguantar a una clase política que se aleja progresivamente de la vida y de los problemas del hombre/mujer que cada mañana salen a la calle para ganarse el pan y que, además, tienen que mantener con sus impuestos a unos políticos volcados en sus intereses personales y en vigilar para evitar que alguien agite la silla que tanto les ha costado conseguir. La situación que está viviendo España y que ha sufrido Navarra, donde los políticos se muestran intolerantes e incapaces de encontrar una salida pactada, para que el partido político más votado pueda gobernar, es patética. ¿Tanta diferencia hay entre el programa de Ciudadanos y PP con el PSOE como para no pactar un gobierno estable? Y en Navarra ¿tan profundas son las diferencias entre PSOE y Navarra Suma como para no haberse sentado y hablar, aunque finalmente se hubiese optado por el pacto del cuatripartito? Por tanto, uno de los problemas más serios de nuestra democracia son actualmente los partidos y, en definitiva, la carencia de políticos competentes y responsables que pongan por encima de los intereses personales o de los partidos, los problemas de los ciudadanos. Aunque los ciudadanos contemplemos con estupor, no exento de ira, el festín del reparto de cargos, esto no es más que la punta de un iceberg que está amenazando a la frágil nave de nuestra democracia, cada vez más expuesta a la acción de pseudopolíticos radicales. Desde esta perspectiva enredarse en la discusión “y tú más” no ha merecido la pena. Lo que realmente debe preocuparnos es la falta de ética y de profesionalidad en los gestores de la “res publica”. Luis Sarriés Sanz es Catedrático de Sociología

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