Diario de Navarra

Cuando en el mes de septiembre de 1996 tomé posesión como consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, las instituciones navarras (Gobierno, Parlamento, Mancomunidad y ayuntamientos) llevaban más de doce años tratando de implantar un transporte urbano comarcal para Pamplona y su Comarca. Pero el proyecto estaba estancado porque, como escribía ‘Aritzona’ en estas páginas (24.04.1994): “La puesta en marcha de una red de transporte comarcal, como ocurre con las obras de abastecimiento y saneamiento o con la recogida de las basuras, que son actuaciones básicas, pero poco lucidas de cara a obtener votos en las urnas, no cuenta con el apoyo decidido de los políticos ni de sus partidos, salvo contadas excepciones”. Entonces, 1996, dos eran las empresas que se encargaban de ese transporte: COTUP y La Montañesa. La primera, se ocupaba del de Pamplona y La Montañesa del de la Comarca. Esto implicaba que hubiera una superposición de líneas y que, además, se produjera el sinsentido de que un viajero que quería ir de un municipio a otro de la Comarca, pasando por Pamplona, no podía bajarse en ésta, porque los autobuses de la Montañesa no tenían permitido parar en la capital. Por eso, los ciudadanos afectados, casi la mitad de la población de Navarra, llevaban muchos años demandando un único transporte urbano comarcal y la extensión del bonobús más allá de los límites de Pamplona. Desde mis tiempos de concejal pamplonés (1983-1991) conocía este tema, pues a él le habíamos dedicado muchas horas de debate en pleno y comisión. Por eso, en mi primera comparecencia parlamentaria como consejero (25.10.1996) anuncié que uno de los asuntos prioritarios que íbamos a abordar iba a ser el de la Comarcalización del Transporte conforme a unos criterios básicos de calidad y costes óptimos. El empeño no era fácil porque hay que recordar que ese primer Gobierno de Miguel Sanz, surgido tras la caída del tripartito presidido por Otano, solamente contaba con el apoyo de 17 de los 50 parlamentarios de la Cámara y que para sacar este asunto adelante había que salvar los impedimentos legales que ataban de pies y manos a la Mancomunidad para poder asumir las competencias en materia de Transporte y, para ello, había que llegar a acuerdos con ésta -con un presidente de IU-, con el Ayuntamientos de Pamplona -gobernado por un tripartito- y con el resto de corporaciones locales implicadas. Fueron casi tres años de muchas reuniones y encuentros con todas esas instituciones, de diferente signo político, en las que la Mancomunidad jugó un papel importante para canalizar las iniciativas de sus miembros, realizar verdaderos esfuerzos para hacer confluir las diferentes posturas políticas y, junto con el Gobierno de Navarra, elaborar los estudios de tráfico y transporte que demostraron la bondad de la iniciativa y su viabilidad técnica y económica. También hay que reconocer la apuesta que el Ayuntamiento de Pamplona hizo por la comarcalización del transporte urbano, con la pérdida de competencias directas en este importante servicio público que ello les suponía. Fue así, sin estridencias y sin confrontación, cómo, entre todos, sacamos adelante este proyecto que se cimentó en dos leyes forales (L.F. 7/1998, de 1 de junio, que regula el Transporte Público Urbano por Carretera y L.F. 8/1998, de 1 de junio, del Transporte regular de Viajeros en la Comarca de Pamplona) que el Parlamento de Navarra aprobó con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos políticos. Con ellas definimos un ámbito supramunicipal continúo, adaptado a la realidad que entonces existía en Pamplona y su Comarca, en el que se integraron los municipios de Pamplona, Barañain, Burlada, Villava, Zizur Mayor, Ansoain, Berriozar, Valle de Elorz, Huarte, Beriáin, Aranguren, Orcoyen, Ezcabarte, Cendea de Zizur, Egüés, Berrioplano y Galar, que englobaba una población cercana a los 295.000 habitantes. Además, gracias al intenso trabajo realizado por los técnicos del Gobierno y de la Mancomunidad, se elaboró un Plan de Transporte que vino a dar respuesta a las necesidades de movilidad del ciudadano. Y, fue así como, a partir del 26 de julio de 1999, conseguimos unificar las líneas urbanas e interurbanas que hasta entonces existían, mejoramos la conexión entre todas las zonas, barrios y poblaciones de la Comarca, implantamos un servicio nocturno y establecimos un sistema tarifario homogéneo. Algo que ahora parece que ha existido desde siempre. Por eso, cuando se cumplen veinte años de la puesta en marcha de este servicio, que en estos años ha sumado ya 700 millones de viajes y que cuenta con una nota media de satisfacción de los usuarios del 7.8, creo que es momento de recordarlo y de reconocer a todos los que entonces participaron para que se hiciera realidad. Habría que citar a muchos, pero me voy a ceñir a algunos de ellos: al Parlamento de Navarra presidido por Lola Eguren (PSOE); al Ayuntamiento de Pamplona, con su alcalde Javier Chourraut (CDN) y su concejala delegada Lidia Biurrun (IU); al resto de entidades locales, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, políticos y técnicos, con su presidente Miguel Izu (IU) y, ¡cómo no!, al Gobierno de Navarra, especialmente al director general de Transportes, Ángel Sanz, y a la directora del Servicio de Transportes, Arantzazu Betelu, que tantas horas metieron en ello. En estos tiempos de tanta confrontación y crispación política creo que este ejemplo debe servir de modelo para resolver los asuntos que preocupan a los ciudadanos y redundan en su beneficio. José Ignacio Palacios Zuasti Ex consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra (1996-2004)

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20 años del transporte urbano comarcal

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