Diario de Navarra

A caba el periplo judicial en torno a la desaparición de Caja Navarra. La Audiencia Nacional ha archivado el último fleco que sobrevivía y ha dictaminado por tercera vez el sobreseimiento de toda la causa abierta en 2013 por la conformación de Banca Cívica. Seis años y medio después, fin. Ningún condenado a nada y por nada después, fin. Toca coser ya la apertura en canal investigadora, centrada conforme avanzaba el tiempo en las dietas cobradas por integrantes del Gobierno foral; distintas operaciones ejecutadas por la CAN; los créditos otorgados a consejeros y familiares de la entidad; la labor de inspección sobre ésta; la salida a bolsa; y los patrimonios del expresidente del Ejecutivo Miguel Sanz y el último director de la Caja, Enrique Goñi. Todos los capítulos han confluido en idéntico resultado: no hay delitos ni irregularidades. Ha transcurrido tanto tiempo que los denunciantes prácticamente ni existen a día de hoy. De un lado, UPyD, aquel partido que fundó aquella Rosa Díez que era socialista. Del otro, Kontuz, plataforma dentro del perímetro de la izquierda abertzale que, casualmente, se volatilizó cuando hace cuatro años Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra sellaron su acuerdo y Uxue Barkos alcanzó la presidencia del Gobierno. Casualmente, Arantza Izurdiaga, abogada de Kontuz, se convirtió también en las mismas fechas en parlamentaria foral de Bildu. Casualmente, Patxi Zamora, rostro más público de la plataforma, aspiró sin éxito a senador meses después propuesto por Bildu en la candidatura del cuatripartito Cambio-Aldaketa. Kontuz irrumpió en escena autodefiniéndose como asociación de consumidores. Si alguna tienda no les devuelve el importe de una compra defectuosa recurran a ella, ahora que, oh milagro, ha resucitado. Tan sólo para correr la lápida, sacer la mano y difundir vía comunicado que no recurrirá el archivo de la Audiencia Nacional. “Nos exige enfrentarnos a costas millonarias”, justifica desde donde más duele, el bolsillo. Pero sobre todo: “Kontuz nunca ha buscado una victoria en los tribunales aunque ha ejercido con responsabilidad el papel que en ellos le ha tocado jugar” y “para nosotros la victoria de la sociedad navarra es nuestra victoria, es el triunfo que buscábamos”. Esto es, la verdad sobre de qué iba todo. 22 de junio de 2013, sábado. Una manifestación convocada por Kontuz recorrió Pamplona y que lo de menos era la decisión judicial quedó nítido aquel día. “Da igual lo que pase con el Tribunal, nosotros ya lo sabemos: ¡sois unos ladrones!”, gritó un portavoz en el acto de colofón mirando al Palacio de Navarra. Faltaba la guillotina. Presidía Yolanda Barcina, cuya dimisión exigieron durante una marcha en la que se gritó “lapurrak” -ladrones- a UPN pero también al PSN, el mismo que hoy se ensueña aupado a la gloria de un gobierno por quienes le insultaban. Entre los adheridos a la manifestación figuraban Sortu, Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra, sindicatos nacionalistas y colectivos sociales. La Chula Potra puso la banda sonora con un rap en el escenario: “amargada”, “puta”, “yupi seca” y “partirte el útero” dedicados a Barcina. El peor machista no desafinaría mejor. Todo ha tenido un fin por medio de un reparto de papeles que han “tocado jugar”, Kontuz en los tribunales, el cuatripartito en la política, y el equipo entero en la agitación de la calle para lograr el Gobierno hace cuatro años e intentar mantenerlo en las urnas dentro de cuatro semanas. La comisión respecto a Caja Navarra en el Parlamento ha servido de última pieza del puzle. Volver a hablar de lo hablado, la trama que tanto beneficio dio a los actuales regentes del poder para ver si vuelve a otorgárselo. El cuatripartito envió sus conclusiones de la comisión a la Fiscalía. El juez ha respondido no ver nada diferente a lo ya investigado y, ante la desnudez por el análisis, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, alega que las conclusiones “no entraron en ningún momento en cuestiones penales”. Las mandaron a la Justicia como quien en un campeonato de lanzamiento de huesos de aceituna se pica con el competidor precedente, después de que UPN planteó trasladar al fiscal el caso Davalor. Y porque perder el tiempo les da igual al ser de sueldo subvencionado.

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Caso CAN: todo tenía un fin

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