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Elusión fiscal vs. evasión fiscal

13/04/2019 a las 06:00
  • Idoya Zabaleta
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Se define elusión fiscal como cualquier acción legal que pretende minimizar o evitar el pago de impuestos. La elusión fiscal llevada a su expresión extrema se puede convertir en evasión fiscal (fraude fiscal) que ya es una actividad ilícita en la que incurren personas físicas y jurídicas con el fin de ocultar ingresos o bienes para pagar menos impuestos. El límite entre ambos conceptos es sutil y la ingeniería fiscal se esfuerza en diseñar mecanismos que no sobrepasen la frontera de la elusión a la evasión.

La práctica de comportamientos elusivos por parte de las multinacionales implica una pérdida de recaudación en todo el mundo de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales, según cálculos de la OCDE (Nuñez, 2017).

Piergiorgio (2017) afirma que “según la Comisión Europea (CE), se estima que la elusión del impuesto de sociedades supone para los países de la UE una pérdida de ingresos comprendida entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año”.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo consienten los gobiernos? ¿Cómo consiguen las grandes empresas multinacionales (EMNs, en adelante) reducir el pago de impuestos? En Europa las EMNs logran trasladar sus beneficios hacia jurisdicciones de baja o nula tributación a través de complejas técnicas de planificación fiscal internacional.

Algunas empresas situadas en la Unión Europea mueven capitales a otros territorios de baja o nula tributación que les permitan minimizar la carga impositiva, todo ello favorecido por algunos países que actúan de puente (por ejemplo, Holanda). Una vez que los capitales llegan a estas jurisdicciones denominadas offshore conductores (que atraen y almacenan capitales extranjeros), se trasladan los beneficios a paraísos fiscales (centros offshore destinatarios) vía pago de dividendos, intereses y royalties.

La diferencia en los impuestos sobre sociedades de los países es una de las causas que impulsan los movimientos de capitales. Y Europa tiene los tipos impositivos más bajos, lo que le permite competir con continentes menos desarrollados.

Los impuestos sobre los productos se ponen hoy en día basándose en la idea de precios de transferencia, que consiste en gravar las actividades económicas según el lugar donde se realicen. Pero dada la globalización existente, este modelo parece no funcionar porque los bienes atraviesan las fronteras varias veces hasta que se produce su asignación de la propiedad a un país (que será el que establece el gravamen). Este sistema fomenta que los países en vía de desarrollo, que son de los que parte la fase inicial de fabricación del producto, se queden sin los ingresos recaudatorios. EE.UU. utiliza un sistema en el que se repartan las ganancias de las empresas según la proporción de ventas, empleados y capital que tienen en cada Estado.

Una de las soluciones que se propone es introducir un impuesto global mínimo a los ingresos corporativos.

En definitiva, ¿qué pueden hacer los Estados ante este panorama? El proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE creado en 2013 pretende poner barreras a la planificación fiscal internacional en un mundo globalizado y esta organización de países señala que “los principios comunes de distribución de la competencia tributaria entre las naciones, inspirados en las experiencias nacionales, parecen no haber seguido el ritmo de evolución del entorno empresarial”.

Las quince acciones del Plan BEPS tuvieron como objetivo proponer cambios en los sistemas fiscales para evitar de forma eficaz la doble exención internacional, así como la exención o baja imposición asociada a prácticas artificiales de traslado de beneficios. Las medidas se organizaron en tres planos:

1. Que hubiera una coherencia del impuesto sobre sociedades a nivel empresarial.

2. Que existiera una realineación entre la imposición y la sustancia económica.

3. Que hubiera transparencia fiscal.

A pesar de ser un plan ambicioso, parece insuficiente para contener el planteamiento fiscal agresivo por parte de las empresas multinacionales ya que prevalece la soberanía de los Estados y no tiene carácter vinculante. Además, algunas de las medidas que en él se proponen y las acciones individuales de países con economías altamente desarrolladas, hacen que su aplicación genere caos legislativos. No se puede ser optimista en un mundo en el que los países desarrollados tienen mucho que perder si introdujeran coherencia y equidad en sus sistemas fiscales; la competencia fiscal entre países es un hecho sobre el que ninguna institución se atreve a intervenir. El principio de maximización de beneficios de las MNEs está por encima de los sistemas tributarios y el objetivo de los legisladores mundiales es luchar para que se establezcan los cánones de equidad y justicia tributaria, alineando la cadena donde se produce el valor económico con la tributación.

El objetivo, como señala Joseph E. Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001) en su libro “El malestar en la globalización revisitado: la antiglobalización en la era de Trump” es sin duda, el bienestar de más de 6.000 millones de personas que viven en países en desarrollo y en los mercados emergentes.

En España la elusión fiscal de las grandes firmas cuesta 5.000 millones al año. Se estima que el impuesto de sociedades recauda un 20% menos de lo que debería.

A este hecho hay que sumarle que la economía sumergida tiene un peso que se estima rondaba en 2017 entorno al 17% del PIB, según el Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IAW).

Aproximadamente representa 180.000 millones de euros y era el equivalente a cuatro millones de empleos (sobre 18,82 millones), según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2017.

Con las prácticas elusivas y evasivas de personas físicas y jurídicas, los Gobiernos dejan de recaudar tanto dinero que el Estado del Bienestar se está viendo perjudicado y la desigualdad en el mundo y sobre todo entre países, cada vez es mayor. Cada país tiene una disminución del 0,4% de su PIB cada año debido a los efectos de las estrategias fiscales. Como la realidad es que hay algunos países que ganan con esta situación: ¿quién le pone el cascabel al gato?

Idoya Zabaleta Arregui Profesora de Economía de la UPNA

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