Diario de Navarra

El Amejoramiento se aprobó en el año 1980 y su artículo 9 estableció -y sigue vigente- que: 1. El castellano es la lengua oficial de Navarra. 2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una Ley Foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado ordenará la enseñanza de esta lengua. Ese artículo 9 se “embebe” jurídicamente en el 3 de la Constitución Española. Voy a hablar sobre cuál fue el espíritu de la Ley Foral del Vascuence de 1986 (el proyecto de Ley Foral era, creo recordar, del Euskera). Sobre qué base programática se elaboró y cuáles fueron las vicisitudes que llevaron a su aprobación. Asimismo, sobre la valoración de su desarrollo en los años que mantuve responsabilidades públicas. Las tres bases sobre las que se desarrollaron desde el inicio los trabajos de elaboración de la Ley Foral fueron: - Respeto al artículo 9 de la LORAFNA, en cuanto a que consagra en relación al euskera el principio de territorialidad, no el de personalidad, en el uso oficial del euskera y ello en orden a garantizar la constitucionalidad de la Ley Foral, evitando su impugnación ante el TC al formar el Amejoramiento parte del “bloque constitucional” y ser por tanto sus leyes forales impugnables ante el mismo. - Desde un punto de vista más programático, político si se quiere, la Ley Foral es tributaria de la idea de que las lenguas se hablan, no se imponen. Esto es, el estado de uso de una lengua es el resultado de un proceso de sedimentación histórica -normalmente de siglos- en el que influyen una gran cantidad de causas (principalmente de naturaleza lingüística: complejidad de la lengua, beneficio comunicativo en relación con las de su entorno inmediato, relación con las de predominio más global, etc. y, otras, de naturaleza política sin duda). El euskera, lengua propia de Navarra (se reconoció así expresamente en la Ley Foral), había sedimentado en 1985 en un determinado estado. - Finalmente, la Ley Foral, como síntesis, debía ser la fiel plasmación de la foto fija del uso del euskera en la Comunidad Foral pero debía dejar abierta la puerta a que pudiera “moverse” dicha foto en función de la evolución de dicho uso (este es, por ejemplo, el sentido del artículo 5 -3º de la Ley Foral). En definitiva, era una foto fija con vocación ser parte de un fotograma evolutivo. Entendíamos que sobre esas bases podíamos elaborar una Ley Foral que reconociera y garantizara los derechos lingüísticos de una de las dos lenguas propias de Navarra, tanto en su uso oficial cuanto en la enseñanza principalmente y, a partir de ella, ser desarrollada a través de las disposiciones reglamentarias correspondientes, algunas de las cuales se impulsaron desde el departamento que dirigí. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, frente a las leyes de normalización lingüísticas anteriores -catalana, valenciana, de la CAV, gallega, más detalladas-, optamos por una ley “marco”, esto es, por un texto que recogiera principios generales claros y tres títulos con preceptos “abiertos” para posibilitar desarrollos reglamentarios que dejaran margen a los gobiernos: sobre el uso normal y oficial, sobre la enseñanza y sobre los medios de comunicación. Una ley de 27 artículos que en sus redacciones originarias llego a tener incluso menos, 20. Una ley “abierta”, “flexible” y por ello mismo con vocación de servir durante mucho tiempo a una Comunidad compleja en tantas cuestiones y también en lo relativo al euskera. Antes de su remisión al Parlamento, hubo un período muy largo de contactos y conversaciones primero y luego negociaciones con los grupos parlamentarios y con personas representativas. Se habló mucho con gente muy cualificada del ámbito de la enseñanza del euskera, de la academia (D. Jesús Acha, D. Jose Mª Satrústegui) y, asimismo, y principalmente, con el grupo nacionalista en el Parlamento. Se intercambiaron documentos y borradores, se discutió línea a línea. Por ejemplo, el título tuvo muy distintas denominaciones: Ley Foral reguladora del uso oficial y enseñanza del euskera en Navarra y determinación de las zonas de predominio lingüístico vasco. Se trabajó mucho sobre el conjunto del texto y se llegó a una amplia convergencia respecto a que era un buen texto legal, perfectamente adecuado a la realidad del uso del euskera en la Comunidad, que garantizaba su protección y quedaba abierto para atender por vía reglamentaria a la evolución sociolingüística. Hubo 3 enmiendas de totalidad que no prosperaron y, finalmente, en la votación final sobre el conjunto, alcanzó 29 votos y 11 abstenciones. Las abstenciones creo que tenían más que ver con la posición política de UPN y el grupo nacionalista que con la opinión sobre lo adecuado de la Ley Foral. En concreto, creo que, una vez que conocieron que tenía garantizada su aprobación, ambas fuerzas decidieron no arriesgar ante sus respectivos electorados el reproche que a unos les podían hacer por defecto y a otros por exceso en la regulación del uso del euskera. Aquella Ley Foral -ésta, pues aún está vigente- fue -es- una buena ley. Una muy buena ley. De partida, sirvió para exactamente lo que se proponía. Desde un punto de vista político, dar cauce y solución a la realidad de una situación de disglosia que ponía en riesgo la pervivencia de una lengua propia de Navarra y estaba provocando un serio problema de convivencia y fractura social al no tener un reconocimiento institucional. Desde un punto de vista lingüístico, porque sirvió -y sirve- a los objetivos de su artículo 1º: a) amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el euskera; b) proteger su recuperación y desarrollo; y c) garantizar el uso y la enseñanza del vascuence con arreglo a los principios de voluntariedad, gradualidad y respeto. En estos 33 años, de la vida política y social de Navarra ha desaparecido el problema lingüístico y la Ley Foral ha servido para que con ella y desarrollándola gobernaran un gobierno del PSN, de UPN, tripartito PSN-EA-CDN, bipartito UPN-PSN y el actual cuatripartito. Lo que yo percibo, como ciudadano, ya sin responsabilidades públicas desde hace años, es que ha habido -y hay- discrepancias en torno a sus desarrollos reglamentarios que a veces acaban en los tribunales de Justicia y no hay otros problemas. Ha servido bien porque, en esta materia, frente a quienes pretenden con la ley transformar la realidad que, como he dicho al principio, ha sedimentado a lo largo de siglos, lo que nosotros defendimos en su día es llevar la realidad a la ley y permitir para el futuro que en su marco pudiera desarrollarse ésta. No queríamos que con la ley se impusiera nada. No hay que imponer nunca nada que tenga que ver con los “fundamentales” de una sociedad. Las lenguas, como he dicho al principio, se hablan, no se imponen; es más, la imposición, se disfrace como se disfrace, es el mejor arma para que no se desarrollen y, además, provoca normalmente enfrentamiento social y en ese caldo de cultivo no crece nada bueno. El euskera, en Navarra, tiene en la actual Ley Foral un instrumento perfecto de desarrollo. Si ese marco se quiere alterar de raíz, por ejemplo, suprimiendo las zonas e instaurar el principio de personalidad, se estará: en primer lugar, aprobando algo inconstitucional y por tanto absolutamente ineficaz porque será así declarado sin duda por el Tribunal Constitucional; en segundo lugar, se estará aprobando una ley desde premisas que nada tienen que ver con la realidad sociolingüística de la Comunidad Foral; en tercer lugar, se activará como problema uno que no ha existido en estos años; y, en cuarto lugar, no se logrará imponer el euskera en Navarra porque frente a la utopía política, en materia lingüística la realidad se impone siempre y no hay diques de contención posible. Hoy, vivimos en una sociedad plural, abierta, globalizada, mestiza, culta. Las lenguas son antes que nada un vehículo comunicativo y ganan fortaleza y pujanza si como vehículo sirven para la relación humana, si tienen beneficio comunicativo. Hoy, en el mundo, dejando de lado el chino que hablan 1.400 millones, tienen fortaleza el inglés y el español porque sirven como vehículo de comunicación reconocido por la mayoría de la Comunidad Internacional. Esto no quiere decir que desaparezcan las demás lenguas. No. No van a desaparecer pero no van a desarrollarse por muchas leyes que se hagan. Se mantendrán -y hay que protegerlas- en su ámbito de lengua de comunicación ordinaria allí donde vienen siendo, pero no crecerán imponiéndose legalmente. No se revertirán realidades lingüísticas muy sedimentadas. Las leyes lingüísticas que se alejan de la realidad, que se sustenten en un “sentimentalismo cultural”, por llamarlo de alguna manera, no tienen recorrido. Muchos de nosotros hicimos el bachillerato en francés -el inglés era minoritario entonces-. Nunca he sabido muy bien porqué en este país se imponía dicha lengua -quizá el recuerdo de la pérfida albión que nos traía con frecuencia la Dictadura-; pues bien, lo cierto es que hoy el francés ha desaparecido ante el empuje del inglés. Quiero decir que el principio de realidad es el que debe presidir las políticas lingüísticas, porque un intento restauracionista sobre bases históricas discutibles no va a servir al objetivo perseguido y va a generar una fractura social que es lo que debe evitar la política y los políticos. Aladino Colín es exconsejero del Gobierno foral y uno de los autores de los textos que acabaron en la Ley del Euskera de 1986, todavía hoy en vigor.

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El espíritu de la buena ley actual

Aladino Colín es exconsejero del Gobierno foral y uno de los autores de los textos que acabaron en la Ley del Euskera de 1986, todavía hoy en vigor

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