Diario de Navarra

Los países monolingües puros son una rareza en el mundo; la coexistencia de poblaciones de lengua diferente en un mismo Estado es la norma. ¿Cómo debería gestionarse esa pluralidad conforme a la lógica de una sociedad abierta y democrática? Naturalmente, existe más de una política lingüística justa (y con ello no me refiero solo a una política de acuerdo a la ley), pero hay una serie de características que todas aquellas que pretendan serlo deberían incorporar. La primera es el respeto a la libertad individual. Para aprender una lengua o no hacerlo, para usarla o para olvidarla. El fraile aranista Evangelista de Ibero señaló en una ocasión que quienes no transmitían la lengua de su raza o nación a sus hijos eran traidores que merecían “ser fusilados por la espalda”. No. Podemos lamentar más o menos que alguien se sienta indiferente a lo que para nosotros es un tesoro histórico y una seña de identidad cultural, pero el amor a una lengua (como el amor a una religión) no puede ser obligatorio. Vivir en una sociedad abierta implica convivir, en el sentido profundo del término, con quienes, por ejemplo, entienden que las lenguas sirven para comunicarse y que, por ello, aprender euskara constituye un esfuerzo inútil. Es perfectamente (y, para mí, dolorosamente) comprensible rechazar la conveniencia de recuperar una lengua con menos de un millón de hablantes, cuando todos dominamos ya una con 577 millones. Eso no le convierte a nadie en “enemigo del euskera”, ni mucho menos en “enemigo de los vascoparlantes”. Exactamente igual que sucede con un ateo cuando libremente manifiesta que no piensa bautizar a sus hijos. En segundo lugar, la realidad cultural y lingüística de una sociedad abierta y democrática no puede ser considerada una tara que debe ser “normalizada”, es decir, corregida, ni por las buenas, ni, muchísimo menos, por las malas. El racismo, el machismo, la exclusión, son injusticias que deben ser combatidas; el hecho de que una comunidad lingüística sea más numerosa que otra, no. Pero, ¿y si esa condición minoritaria es el resultado de injusticias pasadas? Toda la historia es, por lo menos en gran parte, un cúmulo de atropellos. Pero no se puede aspirar a llevar a cabo el Juicio Final a costa de los derechos y la libertad de quienes no tienen ninguna culpa y son, además, mayoría. Piensen: dado que el castellano desplazó al occitano en Estella y Sangüesa, ¿imponemos como objetivo de la política lingüística el recuperarlo? ¿Y así hasta la lengua más vieja que la arqueología nos permita datar? En Navarra no sobran euskaldunes ni erdaldunes. Trabajar para que la lengua vasca vuelva a escucharse en Roncal y Salazar me parece muy hermoso. Pero deberá hacerse con enorme tacto, sin imposiciones, desde la voluntariedad, aceptando que haya quienes no quieran hacerlo y sin penalizarlos. Olvidarlo nos llevará a corto, medio o largo plazo a una guerra lingüística (que, por cierto, el euskara perdería). En tercer lugar, los derechos lingüísticos de una minoría (derecho a usarla y enseñarla libremente, a no ser discriminados, etc.) no pueden convertirse en “obligaciones lingüísticas” para la mayoría. Ni siquiera en “desventajas lingüísticas”. Dichos derechos lingüísticos no incluyen el derecho a ser premiado con un acceso preferente a los recursos laborales, culturales o educativos. Especialmente, cuando se la circunstancia, nada baladí, de que la lengua se ha adquirido en un centro de enseñanza. Uno no puede pensar que a la vez que adquiere esa lengua (y solo esa) está adquiriendo la condición de víctima de agravios pasados y cargando de deudas a quienes optan por estudiar en su lengua materna y/o en inglés o alemán. Estos tres principios dejan mucho espacio para una política lingüística constructiva, que se proponga, no imponer simbólicamente el euskara a quienes, libremente, han decidido que no les interesa, sino fortalecer internamente a la comunidad de vascoparlantes, mejorando sus competencias lingüísticas y ofreciéndole recursos conforme a un criterio de proporcionalidad. ¿Ha sido ese el caso de la política lingüística del ejecutivo de Barkos? No. Al contrario. Su política se ha basado en la convicción de que esta tierra “pertenece” a la lengua vasca y que, por lo tanto, la aplastante mayoría de navarros hispanohablantes es una suerte de enfermedad, de plaga, que hay que sanar por medio de educación y propaganda. ¿Ejemplos concretos? Tres. Primero, la promoción exclusiva del modelo D (íntegro en euskara) entre los castellanohablantes (¿qué sucede? ¿Los otros modelos forman peor, obtienen peor nota en PISA, sus profesores son peores?). Segundo, la inclusión obligatoria de vascuence en los medios de comunicación para recibir subvenciones (¿se imaginan que se obligara a los medios en lengua vasca a incluir contenidos en castellano?). Tercero, la obligación de incluir (“visibilizar”) el vascuence en actos públicos en una zona, la no vascófona, donde los poquísimos vascoparlantes lo son con predominio del castellano, a fin de convertirlo en una realidad cotidiana a una población que, masivamente y después de 40 años de democracia, ha decidido libre y soberanamente no aprenderlo. Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU-UPV (Universidad del País Vasco)

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Una política lingüística injusta

Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU-UPV (Universidad del País Vasco)

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