Diario de Navarra

Todo comienza cuando el Tribunal Constitucional tras varias sentencias de diversas instancias, declara nulo el impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos, también conocido como el impuesto de plusvalía pues es aquel que se paga tras la compraventa de un bien inmueble por el supuesto crecimiento del valor económico del bien lo largo del tiempo en el que fue propiedad del vendedor. Sin embargo, ocurría que si nuestra vivienda, bajera o terreno no se había revalorizado con el paso de los años o, por el contrario debido a la crisis, había perdido valor, los Ayuntamiento cobraban indebidamente ese impuesto sobre un incremento de valor que de forma real no se había producido. La sentencia del Tribunal Constitucional obligó a las administraciones con competencias fiscales como es el caso de Navarra, a adecuar su legislación y facilitar a los contribuyentes la recuperación del dinero indebidamente cobrado. ¿Y qué hace la Administración foral gobernada por Uxue Barkos y sus socios? En primer lugar, cruzarse de brazos pues a pesar de los requerimientos del Parlamento, deja pasar casi un año desde que se conocen las primeras sentencias en la línea de dejar sin efecto el impuesto. Y después, se decide a afrontar esta situación de la peor manera posible: perjudicando a los contribuyentes, provocando la confusión en sus ayuntamientos y abriendo un innecesario conflicto con el poder judicial. Así es la crónica de las desatinadas actuaciones en esta materia: El 21 de diciembre de 2017 el cuatripartito aprueba una breve modificación legal (tres artículos, una disposición transitoria y dos finales) en los que en primer lugar, proclama la vigencia del impuesto, lo cual es contrario a la sentencia del Alto Tribunal que lo declara nulo. En segundo lugar, priva a los contribuyentes de un procedimiento para recuperar el dinero indebidamente cobrado y les obliga a seguir empleando dinero y tiempo en pleitear en los tribunales contra la Administración, para obtener el reintegro de aquello que se les cobró de manera injusta según las sentencias. Y para rematar la faena, el Gobierno de Barkos, pretendía imponer unas obligaciones a los jueces sobre la forma de resolver sus recursos, práctica ésta prohibida por todos los ordenamientos democráticos que respetan la separación de poderes. En tan sólo tres artículos, no solo no consigue solucionar el problema principal, sino que crea otros dos nuevos. Ante esta situación en el mes de febrero de 2018, los jueces navarros deciden llevar ante el Tribunal Constitucional la ley del Ejecutivo de Barkos por el conflicto con el poder judicial que de forma gratuita e innecesaria había abierto el texto legal. Además, en esas fechas se conoce una sentencia del TSJN que insiste en la inexistencia de amparo jurídico para el cobro de la plusvalía. Ante la falta de respuesta del Gobierno, por esta cada vez más caótica situación, el 15 de marzo de 2018, UPN plantea al Pleno del Parlamento una iniciativa para obligar al Gobierno a corregir esta deriva argumentando que el Gobierno no debe hacer leyes para defenderse de los ciudadanos sino para satisfacer el interés general sin producir situaciones injustas y respetando la separación de poderes y el resto de leyes del ordenamiento democrático. La iniciativa contó con el apoyo de los grupos de la oposición, pero la respuesta de los grupos de gobierno, de nuevo fue la soberbia y la firmeza en el error al señalar que “su ley” aguantaba los recursos y sentencias de los ciudadanos y ahora también de los jueces. Pues bien, de aquel bravucón empeño, ha venido ahora este nuevo batacazo propiciado por el Tribunal Constitucional que declara nulos los artículos que el Gobierno se empeñó en mantener pese a las advertencias no solo de los grupos de la oposición sino también de jueces y magistrados. La respuesta del consejero de Hacienda ha estado a la altura del despropósito conseguido: “Queríamos facilitar las cosas a los contribuyentes”. Y lo dice el responsable que los ha dejado en el más absoluto desamparo ante esta situación. De nuevo, Barkos utiliza las competencias fiscales de Navarra en contra de sus ciudadanos. Y para consumar el disparate añade el consejero: “Ninguno de los 50 parlamentarios nos advirtió de la inconstitucionalidad de esta ley”. Para desmentir esto último transcribo las palabras finales de este parlamentario en la sesión plenaria de 15 de marzo de 2018 en la que le pedíamos rectificar ante la cuestión de inconstitucionalidad instada por los jueces: “Con la mayor urgencia remitan a este Parlamento un nuevo proyecto de ley foral en el que se corrijan esos errores, se ofrezca la solución que los tribunales de Justicia, entiendo, exigen y lo hagan sin maltratar a los ciudadanos”. Juzguen ustedes… Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia. Parlamentario foral por UPN

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Plusvalías: crónica de un soberbio despropósito

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