Diario de Navarra

La denominada “política lingüística” llevada a cabo durante la última Legislatura en Navarra ha resultado muy controvertida. Resulta indiscutible que ha afectado negativamente al principio de “igual libertad” de los ciudadanos navarros. En la medida en que el conocimiento de una lengua - el euskera- se configura, en unos casos como un mérito especialmente valorado y, en otros, como un requisito para el acceso a determinadas plazas de la función pública, todas las personas que en el ejercicio de su libertad han optado por no aprenderla, se encuentran en inferioridad de condiciones. Esto que podría estar justificado en determinados casos y ámbitos se ha extendido mucho más allá de lo razonable. Los partidarios de la “normalización lingüística” justifican las políticas desarrolladas con dos tipos de razonamientos. El primero sostiene que, sin ellas, los ciudadanos probablemente optarían por no aprender una lengua minoritaria como es el euskera en cuyo caso este podría llegar a desaparecer. El segundo afirma que esa discriminación está justificada por la necesidad de satisfacer el derecho de quienes hablan euskera a ser atendidos en cualquier ámbito de la administración en esa lengua. El primer argumento no puede ser aceptado porque supone sacrificar la libertad en el altar de una supuesta “identidad colectiva”. Ante el peligro cierto de que una lengua minoritaria pueda desaparecer, se hace prevalecer el supuesto “derecho de la lengua” a sobrevivir sobre el derecho a la libertad de cada persona de aprender y hablar la lengua que prefiera. Ante este tipo de razonamientos es preciso insistir en que las lenguas no tienen derechos; que solo los tienen los hablantes. Por otro lado, hay que recordar que la lengua es un instrumento de comunicación y no una seña de “identidad colectiva”. Por ello, no es cierto que todas las lenguas sean iguales, en el sentido de que su potencial comunicador sea equivalente. Hay lenguas que resulta mucho más útil aprender que otras. Siendo conscientes de ello, en el ejercicio de la libertad personal y por las razones que sea, cada uno de nosotros puede optar por aprender cualquiera (existen más de siete mil). Ahora bien, la pretensión de los poderes públicos de imponer a los hablantes el aprendizaje de una lengua para que esta no se extinga es incompatible con el respeto a la libertad personal. El segundo argumento es razonable siempre y cuando se traduzca en una política lingüística basada en el respeto a la realidad socio-lingüística del territorio que se trate. Es decir, que solo allí donde efectivamente se hable en una proporción relevante una determinada lengua, podría considerarse justificado la exigencia de pérfiles lingüísticos en algunos casos. Ahora bien, ninguna justificación hay para pretender transformar la realidad mediante una política tendente a coaccionar a personas que nunca han hablado una lengua a aprenderla. Es decir, se podría aceptar que una política lingüística que fuera respetuosa con la realidad social no sería incompatible con el principio de igual libertad de los ciudadanos. Pero no es esto lo que ha ocurrido en Navarra durante los últimos años. El objetivo de la política lingüística no ha sido conservar la realidad socio-lingüística, sino transformarla radicalmente mediante la extensión -a través de instrumentos coactivos como la exigencia de su conocimiento para acceder a numerosas plazas de la administración- del euskera a territorios donde no se ha hablado nunca o donde el escaso número de hablantes no justifica las medidas adoptadas. Con todo, no es de extrañar que toda política lingüística acabe produciendo excesos. En este periódico y a lo largo de las últimas semanas se ha hecho balance y se ha debatido sobre numerosas políticas públicas: desde la educativa hasta la económica pasando por la de obras públicas. Se trata de políticas todas ellas imprescindibles para el progreso de nuestra comunidad. Para garantizar la igual libertad de todos los ciudadanos los poderes públicos deben intervenir intensamente en muchos ámbitos (sanidad, educación, etc). Por el contrario, resulta muy discutible que deban intervenir en el ámbito lingüístico. Y si lo hacen deben ser respetuosos con ese principio de igual libertad. Pero la experiencia -y Navarra no es una excepción- confirma que no suele ser así. Los poderes públicos se sirven de la política lingüística como instrumento principal para desarrollar otro tipo de políticas, las de la construcción de la “identidad colectiva”. En este contexto, se ha llegado a proponer la declaración de cooficialidad del bable o asturiano. Propuesta que cuenta con el apoyo de todo el espectro ideológico desde Podemos e Izquierda Unida hasta el derechista Foro Asturias de Alvarez Cascos pasando por el PSOE. Quizás este episodio confirme que se trata de una batalla perdida. Y que la libertad y la razón han sido ya sacrificadas en el altar de las identidades colectivas que florecen cual jardín en primavera por la España del siglo XXI. Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU (Universidad del País Vasco)

Diario de Navarra

Lenguas, identidad y libertad

Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU (Universidad del País Vasco)

Comentarios

Reconocimiento a 44 años de labor

El Ayuntamiento concedió ayudas al Tudelano de forma irregular

Llega la tercera edición del festival artístico Futura Tudela

Manolo Cruz: "Los Sanfermines son un microcosmos literario"

Juan Sainz Hernández de Ubago, próximo Tudelano Popular