Diario de Navarra

Las conclusiones de toda comisión de investigación debieran cristalizar de su propio desarrollo, de lo declarado por sus comparecientes, obligados a decir verdad bajo responsabilidad penal, en respuesta a lo que los comisionados preparados con los informes previos de los que disponen y partiendo de la presunción de inocencia, que es un instrumento de protección de la dignidad y honor, de las personas sujetas a investigación. En la comisión CAN, tras seguir su desarrollo, han fallado ambas cosas. Sus conclusiones, aprobadas por los parlamentarios del cuatripartito, han sido la reiteración de un posicionamiento previo cuya subjetividad ha estado siempre cautiva por un relato, para su clientela política, de sus comunicadores y medios de comunicación afines. En nada les ha afectado, ni conmovido, que de los hechos expuestos, de los documentos aportados y del resultado de los interrogatorios a los citados a declarar, sujetos al principio de contradicción, no se haya dado elemento probatorio alguno de responsabilidad o de ilícito, personal o societario. Por ello las conclusiones han sido, en mi opinión y copiando la expresión del filósofo Julián Marías, con otro motivo, “una forma de sofisma consistente en la reiteración de algo que se da por supuesto” y que el escritor Javier Marías precisó como “cuando se proporciona una interpretación de las cosas que ni se justifica ni se discute, y se parte de ella una y otra vez como de algo obvio que no requiere prueba”. Tampoco ha existido interés alguno en proteger el derecho de las personas a no sufrir injustamente un estigma social cuando ninguna prueba aportada, o acusación, ha demostrado (ni por aproximación) comportamiento irregular, aprovechamiento impropio -y menos aún ilícito alguno- que haya destruido su presunción de inocencia. Necesitaban poner en la picota a personas relevantes, en especial a los Sres. Goñi, Sanz, Asiáin y Sra. Barcina, para seguir dando soporte a otro mito que hizo fortuna de tanto repetirlo, construido por el nacionalismo pro integrador de Navarra en el País Vasco, a costa de perder nuestro carácter autónomo y diferenciado dentro de España, y expresado en Gara con las palabras de la Sra. Izurdiaga, abogada de Kontuz y parlamentaria de Bildu: “Caja Navarra era el régimen en esencia”, situando dentro de dicho régimen a “UPN, PSN, ciertos empresarios, CCOO y UGT”. Hay que agradecerle su claridad así como que dé a conocer su particular concepto de la justicia cuando expresa en la misma entrevista, “no lo puedo demostrar, no lo puedo afirmar con rotundidad. Pero sigo convencida de que era así”, situándose en lo que ya expresó con mejor fortuna (e ironía) Calderón de la Barca: “Nada me parece justo siendo contra mi gusto”. Pero de lo sucedido, en torno al asunto CAN, hay otros temas colaterales que conviene visibilizar. Se ha hablado de “responsabilidades políticas” y si me permiten sí que existieron, aunque en nada se parezcan a las planteadas por la comisión. En mi opinión las de UPN y PSN por no permitir (o retrasar), en su día, la comparecencia inmediata de los responsables ejecutivos y societarios de CAN para explicar lo sucedido, propiciando que se generase un estado de opinión de sospecha que, unido a la relación temporal con otros hechos del momento como los efectos de la crisis en las personas y los de corrupción de ciertas élites políticas y económicas en otras cajas, permitieron su aprovechamiento electoral por parte del sector nacionalista y populista de nuevo cuño en Navarra, con un alto precio político y electoral para UPN y PSN y lo que es más lamentable, dada su ausencia de responsabilidad al respecto, la indefensión y un alto precio para el honor de las personas integrantes de los órganos ejecutivos y societarios de CAN. En política los errores de los adversarios se aprovechan -y se pagan- y el asunto CAN encajaba a la perfección como refuerzo del mito creado y reiterado “de los del régimen excluyente” (que siguen manteniendo y reiterando porque es de su interés electoral). Un segundo asunto. El portavoz de Geroa Bai apuntó en la comisión un debate, de “casuística jesuítica” pero muy interesante, el de la diferenciación “entre la verdad judicial y la verdad real”. Sin duda es complejo, pero si cualquier norma que se debe aplicar a todos (o su valor), queda sujeta a su interpretación “a la carta”, terminaría no aplicándose a quienes tengan mayor fuerza. La igualdad ante la ley -y la separación de poderes- nos protege, en esencia, de quienes tienen el poder, incluido también el de los que tienen el poder de opinar desde las instituciones. ¡Ah!, y en derecho, la presunción de inocencia es una constante de permanente reconocimiento y defensa por el Tribunal Constitucional (TC) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Anai Astiz Medrano. Exconsejero del Gobierno de Navarra

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Comisión CAN: colaterales

Artículo de Anai Astiz Medrano, exconsejero del Gobierno de Navarra

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