Diario de Navarra

Digamos de pasada que el origen del actual y agresivo separatismo catalán no está en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 2010, que cumplió su deber anulando 14 artículos y dictaminando la interpretación de otros 26 del segundo texto del segundo Estatuto de Autonomía. Ni fueron culpables los que recurrieron tal Estatuto ante el Tribunal: Comunidades Autónomas, el PP y hasta el Defensor (socialista) del Pueblo. Aquel invento partidista de Maragall, Mas y Zapatero no era sino un intento retorcido de reforma de la Constitución, como el mismo Maragall confesó después. Y aún hay sanchistas que quieren “rescatar” aquel inmenso error… Siempre ha habido en las filas del leninismo español partidarios de ese falso derecho, que Lenin utilizó según sus conveniencias. Antes y después de las “Alianzas Obreras” de junio de 1934, organizadas en Barcelona, con la colaboración del socialismo largocaballerista, y hasta hoy. Podría yo ahora repetir la monserga de que ese falso derecho se opone diametralmente al ordenamiento legal español, europeo e internacional, como siguen diciendo todos los gobiernos. Pero no se les oye nunca o casi nunca decir por qué. Cuando toda ley tiene sus fundamentos y sus razones, y responde a una serie de necesidades, propósitos y aspiraciones. En primer lugar, el falso derecho de autodeterminación, que es derecho a la secesión, hace imposible cualquier Estado democrático estable. Aplicado a otros sectores de la vida, los haría igualmente inviables. Pero aplicado a un Estado plenamente democrático, de convivencia secular, no sólo es ilegal, sino sobre todo poco democrático, injusto, inmoral y antiprogresista. Tras siglos de luchas por extender los derechos políticos a toda clase de individuos para hacerlos ciudadanos de pleno derecho, por encima de etnias, lenguas, credos…, el separatismo viene a separar, disgregar, a romper los vínculos solidarios entre todos, al servicio exclusivo o preferente de una etnia, lengua, ideología…, haciendo “extranjeros” a una parte de la población. Es sobre todo injusto. Qué injusto querer separar millones de personas de otros muchos más, con los que han convivido durante cinco siglos formando una comunidad familiar, parental, cultural, política, económica… Qué brutal. En este punto, sí suele explicarse, al menos, que, pues vivimos juntos, debemos decidir juntos. Todos y no sólo una parte de la Nación. Injusto, y por tanto, inmoral. ¿Tienen los ricos derecho a separarse de los pobres? ¿Los que hablan una lengua de los que hablan otra, y más cuando todos saben una y casi todos las dos? ¿Tiene algún grupo aventajado, o que se cree tal, derecho a separarse de sus obligaciones para con los otros? Y así podríamos seguir. Siga el lector con ejemplos parecidos. La separación, por motivos de una lengua o de eso que llaman, impropiamente, una cultura, es tan reaccionaria y tan antiprogresista como la separación por motivos de raza, etnia, sangre, color, historia o credo. Un Estado monolingüe no es mejor que uno bilingüe. Ni una lengua es superior a otra. En este caso, un referéndum de autodeterminación, es decir, de separación, de independencia, respuesta simple a una pregunta complejísima, de muy inciertas consecuencias, que nada resuelve y todo lo añasca, es tan poco democrático, tan injusto, inmoral y reaccionario como el falso principio de autodeterminación en que se funda. El “derecho de autodeterminación de los pueblos”, propuesto por el presidente Woodrow Wilson, en el 5º de los “Catorce Puntos”, tras la primera Guerra mundial, estaba justificado, según la Resolución 1514 (14.XII.1960) de la ONU, referido a países y pueblos coloniales, sujetos a “una subyugación, dominación y explotación extranjeras”, que constituye “una negación de los derechos humanos fundamentales”. Pero a la vez, la misma resolución asevera que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integración territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, sin los cuales la Organización de estas Naciones sería de todo punto imposible. Diez años después, la Declaración 2526 (24.X.1970) vuelve reiteradamente a defender la unidad de los Estados soberanos e independientes, advirtiendo incluso que cualquier Estado “se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integración territorial de cualquier otro Estado o País”. El Tribunal Constitucional español ha interpretado una y otra vez los principios democráticos universales contenidos en la Constitución española, según la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. No es un problema solamente español. Aquí se juega el futuro de Europa y el futuro de la democracia en todo el mundo. Víctor Manuel Arbeloa Muru Escritor

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Contra el falso derecho de autodeter-minación

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