Diario de Navarra

El globo se ha pinchado. Cuando va concluyendo la comisión parlamentaria sobre CAN, constituida como respuesta a una preocupación social cierta aunque generada, quizás, más por titulares -que por la literalidad informativa- de algunos medios de comunicación y redes sociales, junto con libelos -donde “sugerían” graves acusaciones que hubiesen conllevado responsabilidades penales, además de civiles y societarias-, la “traca final” que algunos deseaban con la presencia de los expresidentes del gobierno de Navarra, Sra. Barcina y Sr. Sanz, previa a las elecciones forales, llega con la “pólvora mojada”. La tensión política actual, sin duda, no ayuda a los parlamentarios, nacionales o autonómicos, para lograr que las comisiones de investigación no estén “contaminadas ideológicamente” desde su inicio. En estos momentos es fácil coincidir con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, D. Miguel Ángel Presno, cuando escribe “que las comisiones de investigación constituyen un ejemplo claro de la transformación del control parlamentario en un instrumento de gobierno de la mayoría” y que con las mismas “estamos asistiendo a una exposición pública destinada únicamente a cuestiones de imagen”. En cuanto al propio objeto de la comisión de investigación CAN da la impresión que algunos, de tan metidos en su burbuja, no son conscientes de lo que en realidad investigan: piensan que lo hacen a los extintos órganos societarios y a los responsables ejecutivos y políticos de Cajanavarra y en realidad, cuando la Audiencia Nacional -que dispone de los más cualificados apoyos en sus indagaciones- se ha pronunciado con sus sentencias, cuando los reguladores (en especial Banco de España y CNMV) han emitido sus informes oficiales, cuando anticorrupción ha ido soslayando todo indicio de incorrección -e incluso el Congreso de los Diputados ha emitido su correspondiente informe sobre la crisis del sector financiero- y en ninguno de todos estos pronunciamientos se señala irregularidad alguna, sea apropiación, aprovechamiento, valoración oculta o falseada, incumplimiento de las obligaciones mercantiles, societarias o de control por parte de los órganos societarios, ejecutivos y políticos de Cajanavarra, lo que en realidad “están investigando” es si los informes y las sentencias de los reguladores, del estado y de la justicia son erróneos (en sus investigaciones o conclusiones); y de lo visto nada los cuestiona. En sus sesiones de trabajo me ha llamado la atención la disquisición, un tanto escolástica, sobre si Cajanavarra se ha “transformado o desaparecido”, cuando es obvio que el modelo “Cajas de Ahorro” en el sistema financiero español, por ley, ha desaparecido transformándose su parte financiera en bancos y su parte patrimonial (accionarial y social) en fundaciones; también el empeño fútil de querer separar, por imposible, la evolución de Cajanavarra de la crisis del conjunto del sector financiero en toda España. Los citados a declarar han respondido con plena libertad y con sus aportaciones, en mi opinión, no desdicen ni desmienten (más bien refuerzan) lo dicho por la justicia y los reguladores más allá de algunas valoraciones, siempre subjetivas, de qué hubiera resultado “si se hubiera actuado de una manera u otra” (siempre un “tanto mágico” por indemostrable); por su “singularidad” les destaco que hubo quien narró una reunión en Las Pocholas de un grupo de personas a las que, desde mi percepción, dio cierto aire de opacidad y de grupo de confianza, en la que el propio narrador fue partícipe “pero con grabadora incorporada”: cada cual valorará la fiabilidad, el sentido de lo privado y las ganas que les queden de hablar con esta persona. Corrección también de los parlamentarios comisionados más allá de algunas “prácticas pícaras” conocidas, como el decir que ya volverán sobre un tema (y nunca ocurre) cuando una respuesta “les desdice” o simular que “dan el mismo valor” a los documentos oficiales y judiciales que a otros parciales y/o de trabajo, que a los de parte presentados “motu proprio” e incluso a otros que son simples titulares de prensa o libelos ya demostrados; y también “una cierta teatralización de desconocimiento” de conceptos elementales societarios y mercantiles, del tratamiento de las pérdidas en el impuesto de sociedades y del valor del suelo. Y en cuanto a sus conclusiones, ¿estarán escritas por adelantado? Esperemos que no y que respondan a los hechos y no a prejuicios. Nunca debemos olvidar a las personas y toda investigación, aun cuando sea “política”, termina golpeando al prestigio, la imagen y el honor de personas ajenas a la misma. En este caso, en especial, a D. Enrique Goñi, en mi opinión un buen profesional, pero sobre todo, y nada lo ha desmentido, una persona decente y honrada. Anai Astiz Medrano. Exconsejero del Gobierno de Navarra

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Comisión de investigación CAN

Da la impresión que algunos, de tan metidos en su burbuja, no son conscientes de lo que en realidad investigan

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