Diario de Navarra

El conflicto de intereses en el que ha incurrido la presidenta Barkos en relación a la apropiación Palacio Marqués de Rozalejo por parte de unos individuos de la izquierda abertzale está perfectamente determinado. Para Barkos, cumplir con lo debido (esto es, lo que las leyes, el interés público y los servicios técnicos exigen) se enfrentaba con su propósito dirigido a beneficiar los intereses de sus socios de gobierno, partidarios de permitir cualquier atropello de derechos siempre que los favorecidos sean amigos. Cada ilegalidad detectada sobre este palacio de fachada barroca, ha confirmado que aquí no había okupas sino que en Rozalejo hay borrokas, simples borrokas de toda la vida que no tienen necesidades de vivienda ni carencia de espacios culturales, sino que habían visto la ocasión para apoderarse de un edificio público en el corazón de la ciudad para hacer su negocio. Esto se certifica observando la relación de actuaciones de Policía municipal en las que se detalla que en Rozalejo, o bien existía un bar ilegal, o bien el edificio permanecía sin actividad y sin personas residiendo en él. Por tanto la colisión de intereses de Barkos será determinante para ella y para los miembros de su gobierno pero no para la ciudadanía. Cara al bien común, las alternativas enfrentan la defensa del interés público (la posesión y disposición pública del edificio) con el interés y beneficio privado (el de un grupo de individuos que quiere explotarlo para sí). El conflicto en torno a Rozalejo radica entre la defensa de la propiedad pública o la apropiación ilegal por unos particulares. Y ante esta dualidad de intereses, un gobernante no debe dudar ni mucho menos tratar de embaucar a unos y otros como ha tratado de hacer sin éxito la presidenta durante año y medio. Las actuaciones de la policía, las resoluciones judiciales y los informes realizados por los servicios técnicos, ratifican una por una todas las constataciones que desde el ámbito político y ciudadano se venían advirtiendo: las personas que se apropiaron estaban realizando obras ilegales de expolio en materia de patrimonio histórico, las actividades se realizaban con riesgo real para las personas y bienes, y todo el discurso de la autogestión y tal y tal sostenido por el cuatripartito era en realidad una tapadera para llevar a cabo una actividad económica ilegal (sin licencia, robando la electricidad y el agua a la Mancomunidad),realizada por unos pocos “protegidos” y eludiendo todos los impuestos que ha de abonar cualquier otro ciudadano. Todos estos perjuicios han sido provocados con el consentimiento del Gobierno de Barkos que ha dejado hacer hasta el momento en que la ley y los informes le han situado contra las cuerdas. Aun así, en el último capítulo conocido de este esperpento, Barkos sostiene que la actuación de la Policía Foral “no fue un desalojo” sino una “inspección” (¿desde cuando la administración se inspecciona a sí misma?). En realidad, no fue un desalojo porque ahí no vivía nadie, estaba vacío, se desalojó de forma voluntaria y solo se usaba a las horas de negocio. Pero con todo, el mayor deterioro público causado en este año y medio de duración del grotesco serial es el que se causa sobre el derecho de igualdad de todos los ciudadanos. Y esto es así porque el gobierno ha transigido que unos ciudadanos exploten comercialmente un local de propiedad pública, mientras el resto de ciudadanos deban adquirirlo o alquilarlo. Barkos y sus socios eran conscientes de que unos individuos realizaban actividades de hostelería sin someterse a los trámites administrativos de licencias y requerimientos que debe afrontar cualquier ciudadano. Y así, mientras cualquier persona, comerciante, hostelero, autónomo debe someterse de forma pacífica a cuantas inspecciones practique la administración, las personas que regentaban ilegalmente el Palacio lo hacían a su libre albedrío sin dar cumplida cuenta de sus obras sin licencia, de sus cuentas fraudulentas de negocio o de los posibles expolios sobre el patrimonio histórico. El consejero de Hacienda era sabedor que en un edificio propiedad del gobierno y adscrito a su departamento se realizaban actividades económicas eludiendo los impuestos, tasas y otros tributos que se les exige a cualquier otro contribuyente. En suma, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley no es algo negociable según los intereses partidistas y para desgracia de todos, es claro que así ha ocurrido. Un gobierno que mercadea con derechos fundamentales no solamente es un gobierno débil sino que es además un gobierno que se mueve en las afueras de la democracia. Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia. Parlamentario foral por UPN

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El batzoki de Rozalejo

El mayor deterioro público es el que se causa sobre el derecho de igualdad de todos los ciudadanos

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