Diario de Navarra

La irrupción de la ultraderecha ha abierto un debate que tanto a nivel político como judicial se consideraba ya cerrado. En política se cerró cuando en 2004 todos los partidos aprobaron por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Judicialmente en 2008 lo cerró el Tribunal Constitucional, en la sentencia 59/2008 del 14 de mayo, al desestimar la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el juzgado de lo Penal nº 4 de Murcia, estableciendo que esta ley sobre violencia de género no era una ley discriminatoria para el hombre. Internacionalmente, en 2011 trece países del Consejo de Europa -incluida España- firman el Convenio de Estambul, convenio para prevenir y luchar contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar, convenio que no se queda en la prevención de la violencia y la protección de las víctimas, sino que amplía el foco a la persecución y el castigo a los agresores. Este convenio que en la actualidad han firmado cuarenta y siete países, compromete a los firmantes a cambiar las leyes introduciendo medidas y recursos para detectar, prevenir y combatir este tipo de violencia en todas sus manifestaciones. En estos tiempos en los que se argumenta a base de titular, se debate con frases de ciento cuarenta caracteres y los antiguos mítines electorales parecen largos y pesados estudios, hemos perdido la capacidad de análisis, el detalle, nos hemos olvidado no ya de la letra pequeña sino también de todo lo que viene después del titular. En este contexto en el que una frase rimbombante pretende comunicar todo el contenido y en el que las críticas se hacen a la totalidad, la manipulación y la simplificación, la imposición de extremos irreconciliables, perjudican a una sociedad compleja polarizándola en dos extremos que nunca se encuentran. Situados como estamos en este “medio ambiente”, ¿quién puede negarse en principio a quien dice querer proteger a sus hijos, a quien dice denunciar el desamparo legal de una parte de la población o a quien quiere evitar las denuncias falsas? Sin embargo estas cuestiones se enmarcan en un contexto mucho más amplio sin el cual no se puede comprender su significado más allá de ser una afirmación manipuladora basada en medias verdades o en falsedades. La ley de violencia de género hay que entenderla en una sociedad en la que se acepta que casos específicos de violencia deben de tener regulaciones también específicas. No se acusa de discriminatoria una ley contra la violencia en la infancia, una ley para combatir la discriminación entre los desfavorecidos, leyes específicas relacionadas con el terrorismo o la protección de “personas especialmente vulnerables que convivan con el autor” -menores, personas mayores…- . Es decir, si la situación es diferente la ley puede -y debe- ser diferente para proteger de la mejor forma posible al afectado. Las agresiones físicas y sexuales a mujeres son un problema mundial. Los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud y los datos particulares de nuestro país confirman que ser mujer es un estado de riesgo que justifica un trato legal específico. Según la OMS el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual -o ambas- a lo largo de su vida. La Fundamental Rights Agency (FRA) en su informe sobre la violencia contra las mujeres mantuvo esa cifra de un tercio para las mujeres europeas. Y en España de 2008 a 2017 el 90% de víctimas de violencia en la pareja han sido mujeres. De lo cual se deduce que la violencia contra la mujer constituye un caso lo suficientemente importante como para exigir una normativa específica. Esto y en contra de lo que afirman sus opositores, no significa que los hombres estén desprotegidos. La ley de violencia doméstica condena igual a hombres que a mujeres. De hecho, en aplicación de esta ley, a lo largo de 2017 se dictaron 1057 órdenes de protección para hombres víctimas de la violencia doméstica. Es verdad que aunque las denuncias falsas sólo representen el 0,01%, conocer alguno de estos casos puede crearnos dudas sobre la ley en su conjunto. Por las víctimas de estas denuncias, la salud de la propia ley de violencia y las repercusiones negativas en las víctimas reales, hay que ser especialmente estricto con estas denuncias y sancionarlas rigurosamente. Es preocupante que partidos como el PP que en su día aceptaron la necesidad de esta ley específica y votaron en consecuencia la Ley Integral de Violencia de Género, presionados ahora por la ultraderecha se replanteen su posición. La ideología ultra va contaminando la vida política. José M. Marco Ojer es profesor de Filosofía

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Violencia machista

La ley de violencia de género hay que entenderla en una sociedad que acepta que casos específicos de violencia deben de tener regulaciones también específicas

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