Diario de Navarra

Hay un estado de las cosas en el que todos cumplen un papel. Los ayuntamientos cobran impuestos; los ciudadanos pagan y reciben servicios a cambio. Cada tasa que se abona y cada exención tienen un fundamento. Se costea la contribución urbana y la recaudación se invierte en mejorar las calles, las plazas y los servicios. Lo mismo ocurre con el impuesto de circulación o con las tasas de basuras, agua o luz. Y de la misma forma que las instituciones ejercen su rol, los ciudadanos atienden el suyo. Los médicos se echan a la espalda las consultas en el centro de salud; los comerciantes, la atención en sus establecimientos; los fontaneros arreglan grifos y tuberías y la policía vigila la calle y se encarga de la seguridad. Es un organigrama, de funcionamiento colectivo aceptado y compartido. Forma parte de la manera de disfrutar del puzzle de una organización social que es un logro de siglos de evolución. Da igual que uno vote a la derecha o a la izquierda, que sea alto o bajo, que gobiernen los unos o los otros. Las leyes consolidan un paraguas que deja claro cuáles son las reglas de juego y las de protección. Así era, también por aquí, pero el alcalde de Burlada decidió dinamitar el esquema y mirar para otro lado cuando un grupo de jóvenes se le metió en un local de propiedad municipal. Hasta ahora y para estos casos, el consenso social iba de la mano del sentido común. Indicaba que había que encontrar fórmulas para sacar a los jóvenes del inmueble. El alcalde de Burlada ha decidido sustituir esta respuesta por una combinación de permisividad al asalto y pago de los gastos. Una especie de entrada con consumición a costa del erario público. Por increíble que pueda parecer, se ha comprometido por escrito a que el ayuntamiento cubra los gastos de luz y agua de los asaltantes y garantiza en un documento que no intentará el desalojo. Espolear conductas Cuando un político adopta medidas toca una tecla que estimula comportamientos. Si un Gobierno se mete a desgravar fiscalmente a las mujeres que son madres lo hace pensando en incentivar la maternidad; si reduce gravámenes al empresario que contrata a jóvenes, a mayores o a discapacitados, está fomentando el empleo de un sector social que considera desprotegido. Si incorpora a la normalidad la ‘okupación’ con agua caliente y luz pagada , ¿Qué trata de promocionar? ¿’Okupas’ con techo y subvención?. ¿Busca el alcalde sustituir el tradicional alquiler con contrato o compra con hipoteca por la entrega de inmuebles con luz y agua en mano gratis? Si el alcalde está convencido de que debe ceder locales de propiedad municipal a los jóvenes, debería hacerlo con las mismas posibilidades para todos y con concurso público. ¿Imagina alguien ayudas a la maternidad solo para las mujeres que ‘okuparan’ los paritorios? ¿O subvenciones a la contratación exclusivas para los aspirantes que llegaran primero a la nave de una fábrica y se quedaran en ella? Ceder el uso de un inmueble público a quien lo toma al asalto es una forma agravio para los demás, una forma injusta de entender la gestión pública. Un regreso al colonialismo. Porque hubo un tiempo en el que todo se lo quedaba el que llegaba primero. Derechos de conquista, felizmente superados. Ahora, aquí al lado, hay alguien que resucita aquella fórmula y da carta de naturaleza a la ‘okupación’. Y le firma un contrato de agua y luz gratis.

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