Diario de Navarra

Doce detenidos, cerca de treinta Mossos heridos y Barcelona colapsada desde primera hora de la mañana, es el ambiente que ha rodeado la celebración del Consejo de Ministros. Los CDR no han conseguido su objetivo de cercar la Loja e impedir la salida de los ministros, pero han cortado las carreteras de acceso a la Ciudad Condal convirtiendo el transporte en un laberinto. Y todo esto tras la escenificación del “reencuentro” entre Torra y Sánchez, que el primero quiso vender como una cumbre entre dos gobiernos y el segundo como una cita con un presidente autonómico para restablecer el diálogo que conforma la vida política. Es difícil valorar la sensación que, del este viernes conflictivo, le puede quedar a la ciudadanía, teniendo en cuenta que, al margen de la perentoria necesidad de distensión entre Cataluña y el Estado, no se puede dejar de lado que Sánchez necesita los votos del independentismo catalán para aprobar los presupuestos que va a presentar en enero. Según el PP y Ciudadanos, que han convertido el conflicto territorial en el principal argumento de su precampaña dado el resultado andaluz, Sánchez ha “traicionado” y “humillado” a los españoles. Su problema es el desafuero. Cuando los adjetivos se magnifican y se exageran pierden efectividad y rozan la parodia. Pero lo cierto es que el sentimiento es agridulce y más cuando la propia Generalitat, a la que con tanto mimo se ha tratado, desprecia los acuerdos del Consejo de Ministros, calificándolos de simbólicos, y no parece muy contenta con el cambio de nombre del aeropuerto del Prat, que a partir de ahora se llamara Tarradellas. Seguramente Sánchez y los suyos desconocían que el que fuera primer president de la Generalitat tras el franquismo no es santo de la devoción de los independentistas que le consideran poco más o menos que un traidor. Si de verdad el presidente del Gobierno ha actuado el jueves y el viernes con sentido de Estado y buscando el necesario diálogo entre dos instituciones condenadas a entenderse, la decisión es acertada y lo de menos son las consecuencias electorales. Pero si lo que se buscaba es contentar a los grupos que apoyaron la moción de censura para mantenerse en el poder, puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque no solamente habrá cabreado a los votantes del resto de España si no que los catalanes no independentistas no se han visto representados y los que se quieren ir no se dan por satisfechos. La exigencia de Torra de borrar el franquismo, plasmada en un documento, es tan demagógica como intolerable. Pretende seguir con el relato de que quieren romper con España porque no es una democracia. Y lo dice, precisamente, quien propugna una vía violenta para la independencia y alienta a grupos radicales y violentos. El Gobierno de Sánchez, como cualquier otro, tiene todo el derecho de celebrar el Consejo de Ministros en cualquier capital española. Pero conociendo la irreductible posición de Torra/Puigdemont (la única que les garantiza la supervivencia) estos gestos hay que tasarlos con sumo cuidado y, antes de contarlo, valorar sus consecuencias. Victoria Láfora es comentarista política

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Resultado incierto tras el consejo de ministros

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