Diario de Navarra

El cercano fin de año es una época propicia para hacer balance y hablar también del futuro, planteándose nuevos retos. Como presidenta de la Cámara de Comptos, quiero aprovechar estas líneas para trasladar mi punto de vista sobre las cuentas públicas, una importante cuestión que incumbe a toda la ciudadanía navarra. El pasado miércoles presenté ante la Comisión de Hacienda y Política Financiera el informe sobre las cuentas generales de Navarra de 2017, un análisis global sobre la situación de la Administración Foral alguna de cuyas conclusiones quisiera destacar. El informe subraya una clara mejoría en los indicadores económico-financieros de la Hacienda Foral respecto a anteriores ejercicios. En este sentido, los ingresos corrientes superaron en 272 millones a los gastos y, por primera vez en los últimos años, se consiguió un remanente positivo importante (360 millones) que elimina las tensiones de tesorería y refleja capacidad de amortizar deuda, realizar inversiones o combinar ambas estrategias. La buena evolución de estos indicadores se explica por dos motivos principales: la reforma fiscal aprobada por el Parlamento de Navarra en 2016 y la actualización de la aportación que Navarra realiza al Estado a través del Convenio Económico. El ajuste de dicha aportación supuso un saldo favorable para la Hacienda Foral de 203 millones. Estos buenos datos no deben hacernos olvidar la existencia de una deuda que en los últimos diez años se ha cuadruplicado, hasta llegar a los 3.258 millones. Lógicamente, a esa deuda va asociado un gasto financiero anual que en 2017 sumó 385 millones, más de tres veces la cantidad que el Gobierno de Navarra destinó a inversiones. En el capítulo de gastos, además del permanente reto de incrementar la eficiencia, la Administración Foral debe apostar por las inversiones, especialmente por las estratégicas y productivas. Respecto a los ingresos, entre otros retos, parece conveniente hacer pedagogía, incidiendo en que la calidad de los servicios está relacionada con una obligación de toda la ciudadanía: su contribución al sostenimiento del sector público. Por ello, la lucha contra el fraude deber seguir siendo un reto permanente. Precarización y envejecimiento de los empleados públicos. La Cámara de Comptos tiene como objetivo fundamental contribuir a la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas y, en este sentido, es obligatorio incidir en la gestión del principal activo del sector público: su personal. Como es sabido, durante los últimos años el Estado ha limitado la oferta de empleo público con el objetivo de controlar el gasto de las administraciones autonómicas y locales. En el caso de Navarra, entre 2013 y 2017 ha habido 3.523 bajas de funcionarios de la Administración Foral, la mayoría por haber accedido a la jubilación. De esas plazas, solo se han cubierto 600. Ese desfase se ha compensado a través de la contratación temporal, un sistema tradicionalmente excepcional y tasado, llegando a límites de eventualidad ilógicos en las administraciones. En el caso de la Administración Foral, un 45 por ciento de sus profesionales son contratados temporales. Las restricciones de los últimos años han tenido dos consecuencias evidentes: precarización del empleo público y envejecimiento del funcionariado, cuya media de edad actual supera en Navarra los 50 años. Teniendo en cuenta que las administraciones públicas necesitan profesionales bien formados, motivados y comprometidos con el importante servicio que deben prestar, la pregunta es para qué han servido las limitaciones a la convocatoria de empleo público, dónde está el ahorro, dónde el beneficio conseguido. Uno de los retos de la Administración Foral para los próximos años, por tanto, es impulsar ofertas públicas de empleo y reducir así esa preocupante tasa de temporalidad al tiempo que se rejuvenece la plantilla de funcionarios y funcionarias. Nuevo mapa local. En cuanto al sector local, durante muchos años hemos reclamado una racionalización del mismo que permita a los ayuntamientos y restos de entes adaptarse a las exigencias del siglo XXI, ejerciendo sus competencias y ofreciendo a la ciudadanía sus servicios de una manera más eficaz, eficiente y económica. Esperemos que la tramitación del Proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local, remitido ya al Parlamento, alumbre un texto que sirva para cumplir ese objetivo. Afortunadamente, la situación económica general de nuestros entes locales es saneada. De hecho, el último informe sobre el sector apunta un ahorro neto de 86 millones, un remanente de tesorería de más de 200 millones y una rebaja de su deuda en un ocho por ciento, hasta los 277 millones. Esto ha sido posible, lógicamente, reduciendo notablemente las inversiones. A la vista de esos datos, está claro que los responsables de los entes locales, en general, han sabido afrontar la importante reducción de ingresos como consecuencia de la crisis, realizando una gestión seria y responsable que considero conveniente destacar. Asun Olaechea Estanga es presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra/ Nafarroako Kontuen Ganbera.

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Cuentas públicas de Navarra: situación y retos

Las restricciones de los últimos años han tenido dos consecuencias: precarización del empleo público y envejecimiento del funcionariado

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