Diario de Navarra

El domingo 2 de diciembre, Andreu Mas-Colell publicó en El País un artículo sobre la necesidad de una reforma de la universidad pública en España. En su escrito, plantea como fundamentales los siguientes tres retos: el crecimiento de la financiación en un 5% sostenido en términos reales (sin la inflación); el aumento de la autonomía universitaria y la renovación del sistema de gobernanza de la universidad. Creo que existe un cuarto que debería ser añadido y que se refiere al reclutamiento de personal. Este tema tiene capital importancia y sería objeto per se de un interesante debate, pero de momento voy a referirme solamente a los tres que se proponen en el artículo de referencia. Mi crítica al trabajo del profesor Mas-Colell es que no distingue suficientemente la jerarquía de esos tres retos, como si todos fueran igual de importantes y pudieran ser abordados de forma independiente. Y no es así. Existe una relación de prioridad entre ellos de modo que uno, la gobernanza, es el fundamental y constituye condición necesaria y suficiente para la relevancia de los otros dos, financiación y autonomía, que son importantes en la medida en que el primero y fundamental sea debidamente resuelto. Así que empecemos por el principio. Es verdad que la universidad española ha dado un salto de gigante en las últimas décadas, sobre todo en el apartado de la investigación. Y también es cierto que este avance se ha producido de una manera casi milagrosa, dados los escasos incentivos, con el esfuerzo y la dedicación de varias generaciones de profesores e investigadores. Pero los datos indican que este salto cualitativo no ha sido suficiente. Solo 25 universidades españolas se encuentran entre las 1.000 mejores del mundo según el Academic Ranking of World Universities (ARWU) conocido como ranking de Shangai y las primeras no aparecen sino más allá del puesto 200. La Universidad Pública de Navarra se situaría en el intervalo 1.001-1.250 según datos del portal web de la propia UPNA. “…la gobernanza, es el fundamental y constituye condición necesaria y suficiente para la relevancia de los otros dos, financiación y autonomía…” La mediocridad de las universidades públicas en España debe mucho a un sistema de gobernanza en el que el rector está frecuentemente maniatado por los lobbies a los que debe su elección. Quien tiene que velar por el esfuerzo colectivo en la mejora de la calidad no puede ser elegido por aquellas personas a quienes tiene que demandar ese esfuerzo. Muchas decisiones de los rectores están condicionadas por los débitos contraídos con grupos de presión. Mientras no situemos la elección de un rector extramuros de la comunidad universitaria y en manos de la sociedad a la que sirve, convirtiéndola así en verdaderamente democrática, no hay mejora posible. Existen muchas alternativas al sistema actual. Por ejemplo, el rector podría ser elegido por un órgano colectivo en el que estuvieran representados distintos estamentos sociales, así como investigadores y profesores de curriculum impecable que podrían (deberían) ser ajenos a la universidad. Un Consejo Social de nueva constitución que, entre otras funciones a definir, elige al rector (no necesariamente un profesor de la universidad) y rinde cuentas de la financiación recibida del sector público. Y ahora veamos por qué considero los otros dos retos subsidiarios del fundamental. “La mediocridad de las universidades públicas en España debe mucho a un sistema de gobernanza en el que el rector está frecuentemente maniatado por los lobbies a los que debe su elección.” Es verdad que la universidad pública necesita de mayor financiación. Pero esta propuesta requiere de notables cualificaciones. Más recursos para hacer ¿qué? ¿Para hacer lo mismo? ¿Para gestionarlos sin un programa de mejora basado en objetivos contrastables y rendición de cuentas? En cambio, si el rector fuera contratado por este nuevo consejo social, podría pedir un aumento de la financiación de un 5% en términos reales para pasar del puesto 1000 en el ranking de universidades al puesto 800 en 5 años, por ejemplo. Y se hará responsable con su contrato del cumplimiento de esa tarea. Y el consejo social responderá, a su vez, del cumplimiento de esos objetivos ante la sociedad. Estos matices casi nunca están debidamente explicitados. Sin ellos, la importancia de la financiación se ve severamente cuestionada. Respecto a la autonomía universitaria, el mismo concepto resulta un poco difuso. En principio, la universidad pública no es ni puede ser completamente autónoma (o sea, independiente) porque depende de los recursos públicos en un 70 u 80%. Si nos referimos a la capacidad para contratar personal, establecer sus retribuciones, definir el mapa de titulaciones, o incluso seleccionar su forma jurídica, es cierto que se necesita mayor autonomía. Pero esta misma demanda puede volverse tóxica. Porque es la autonomía de las universidades la que permite que estas diseñen los sistemas de contratación de personal académico. Y hoy estos sistemas tienden a favorecer a los candidatos de la casa y provocan el mal de la endogamia, reconocido como uno de los fundamentales que aquejan a la captación de talento. Nuevamente, como en el caso de la financiación, un mayor nivel de autonomía será positivo si y solo si va acompañado de un equipo de dirección seleccionado por el consejo social con objetivos definidos a priori y exhaustiva rendición de cuentas; es decir, si y solo si cambia el sistema de elección del rector. Por tanto, si me pidieran que resuma en una propuesta única el reto fundamental que debe ser afrontado para una reforma de la universidad pública española, mi respuesta sería simple: empezar por un cambio radical en su sistema de gobernanza. Jorge Nieto Vázquez es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UPNA

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Reforma de la universidad: la cuestión de la gobernanza

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