Diario de Navarra

La sombra de la crisis catalana es alargada y proyecta sus efectos sobre el conjunto de la nación o si se prefiere sobre la política nacional y autonómica. Más allá del debate sobre la aplicación de medidas de coacción estatal ante el desvarío de las instituciones autonómicas, con el president Torra a la cabeza, y el intento de este último de proseguir el ‘process’ mediante su radicalización a modo de los ‘ilets jaunes’ franceses (chalecos amarillos), su deterioro afecta a toda España. A la imagen como país (marca España) incapaz de poner orden interno, así como sobre el conjunto del sistema político nacional y autonómico. Pedro Sánchez no hubiese podido alcanzar la presidencia del Gobierno sin el apoyo de los independentistas catalanes ni tampoco de los nacionalistas vascos que pensaron sacar rédito de un presidente débil y pendiente de una mayoría parlamentaria contra natura. Si el efecto del ‘gobierno bonito’ de Sánchez se dilapidó con la caída de dos ministros y otros tres en la cuerda floja y la fluctuabilidad de sus decisiones, la tentación de tratar de apaciguar la crisis catalana con el nombramiento de políticos catalanes en su gobierno a modo de ‘poli bueno’ (Meritxell Batet) y ‘poli malo’ (Josep Borrell), así como con la política de mano tendida, ha llegado a su término ante la situación de deterioro de los servicios públicos en el antiguo Principado (huelgas y algaradas) y la imposibilidad de contentar políticamente a los independentistas, crecidos ante la caída de Rajoy y el levantamiento de las medidas del art. 155 de la Constitución. La utilización de los Mossos (policía autonómica) como policía política al servicio del ‘process’ está planteando ya una situación de deterioro de orden público (cortes en las autopistas por los Comandos de Defensa de la Republica -CDR, entre otros), que ningún gobernante sensato puede soportar sin adoptar medidas que eviten que la situación vaya a peores. La situación catalana, por tanto, si no se interviene de una manera más intensa u otra, propiciará la caída de Sánchez o el adelanto de las elecciones generales al ser ya la situación de alarma entre los barones socialistas que ven perder su feudo ante una política de distracción y de apaciguamiento fracasada y que ponen de manifiesto la debilidad de un Gobierno central “inane” ante el independentismo rampante. En el ámbito autonómico la crisis se manifiesta de diversos modos: uno más intenso en Andalucía; otro más difuso en el País Vasco. En Andalucía, la pérdida del feudo del sur por los socialista, no deja de prestarse a interpretaciones de diverso signo y naturaleza, pero todo parece indicar que la emergencia de Vox como actor político a tener en cuenta en las próximas elecciones de mayo (europeas, autonómicas y locales; quizás también nacionales), se debe a cierta falta de autoridad de los partidos estatales frente a la pérdida de identidad nacional de un gobierno en manos de partidos que gobiernan en las CC.AA y ante la debilidad de las instituciones centrales del Estado para abordar de una manera inteligente pero también persuasiva, la crisis catalana. Los efectos de la crisis catalana y el descabalgamiento de Rajoy se sienten de momento de forma tímida, pero de manera ya importante en el País Vasco. El Gobierno de Urkullu (PNV+PSOE) no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Vitoria (37 sobre 75) y necesita de los votos de otros socios. Mientras gobernó Rajoy, que siempre se entendió con Urkullu, los presupuestos de 2017 y 2018 fueron apoyados por el PP. Quebrado el entendimiento por el cambio de bando del PNV, la sustitución del apoyo del PP por Bildu como socio presupuestario no ha cuajado y el presupuesto de 2018 deberá ser prorrogado, lo que anticipa una situación de inestabilidad que no sabemos cómo terminará, pero con el presentimiento de que habrá elecciones anticipadas en Euskadi entre 2019 y 2020. Lo expuesto a modo de análisis confirma lo que todos sabemos: que Cataluña es un problema nacional y que ante la incapacidad de los partidos políticos catalanes de poner fin a una situación prerrevolucionaria, el Gobierno de la nación que representa a todos los españoles, debe saber encontrar una salida constitucional que garantice la autonomía catalana y la aleje de fantasías independentistas, incompatibles hoy con la Europa de los Estados y con el bienestar de todos los españoles. Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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La crisis catalana y sus efectos

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