Diario de Navarra

Constitución española celebra su cuadragésimo aniversario, lo que supone el mayor periodo de vigencia de una Constitución democrática en España. La clave de su éxito y longevidad ha residido esencialmente en dos motivos: de un lado, en el alto grado de consenso que obtuvo en su elaboración y aprobación, fruto de una extraordinaria generosidad política, especialmente por parte de las formaciones políticas represaliadas por la dictadura. De otro, por contemplar un gran pacto de futuro en convivencia sobre la base del reconocimiento de los derechos fundamentales y la democratización de las instituciones públicas. Para los navarros en singular, la Constitución supuso la democratización de las instituciones forales, por lo tanto, a partir de ese momento, se puede hablar con propiedad de autogobierno en Navarra. El estallido de la crisis económica en 2008 y los numerosos casos de corrupción política desencadenaron primero una crisis democrática y por derivación de ésta, también territorial, con especial virulencia en Cataluña. Existe un sector de la población que ha dejado de identificarse con la Constitución, pues considera que las instituciones públicas no han propiciado un reparto socialmente justo, como consecuencia de la crisis y son incapaces de articular soluciones a sus demandas. Si deseamos que la Constitución continúe regulando la democracia española, necesita adaptarse y dar respuesta a las nuevas necesidades y realidades sociales. Posponer la reforma de la Constitución, lo único que producirá es el agravamiento de los problemas y dar la oportunidad, como sucedió en otros momentos históricos, de que accedan al poder movimientos autoritarios con consecuencias por todos conocidas. Frente aquellos que consideran que no estamos en un momento propicio para reformar la Constitución, cabe contestar que los grandes cambios constitucionales se han originado en momentos de profundas crisis, precisamente al objeto de abordarlos mediante un nuevo pacto social. Ahora bien, como en cualquier otro cambio, se debe partir de un diagnóstico objetivo y correcto que permita conocer sus fortalezas y detectar sus debilidades. Y lo cierto es que, pese a las interesadas visiones catastrofistas, según los distintos indicadores elaborados por organizaciones internacionales que estudian la materia (freedom house, Democracy Index, World Governance Indicators) España es una democracia plena y se sitúa entre las democracias con mayores índices de calidad en el mundo. Por lo tanto, se trata de reformar la Constitución vigente, no de hacer una nueva Constitución. No sólo resulta urgente reformar la Constitución, sino que es esencial que la reforma sea profunda. Desde mi punto de vista resulta necesario que la reforma de la Constitución española aborde, cuanto menos, las siguientes cuestiones: incluir nuevos derechos fundamentales de carácter social que hoy son considerados como irrenunciables como, por ejemplo, el derecho a una sanidad pública. Mejorar la calidad democrática de las instituciones. Incluir regulaciones que atiendan nuevos retos y realidades como la integración en la Unión Europea o la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Modificar la estructura territorial del Estado para que España sea un país plenamente Federal. Particularmente me parece interesante que la Constitución incluya la denominación de todas las Comunidades Autónomas al objeto de cerrar definitivamente el mapa autonómico. No todas las soluciones a los problemas se encuentran en la reforma de la Constitución, muchas medidas de regeneración democrática como la reforma del sistema electoral, la mejora de los mecanismos de democracia interna de los partidos políticos, el aumento del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, la ampliación de la transparencia en la actuación de los poderes públicos, etc., pueden aprobarse mediante mayorías parlamentarias ordinarias. Eso sí, su aprobación pasa por un cambio sustancial en la cultura de muchos partidos políticos, que deben abandonar el discurso de la confrontación constante o del tactismo electoral, para abordar los problemas desde el entendimiento y el pacto. La reforma de la Constitución y la aprobación de medidas de regeneración política no solucionarán la crisis si no van acompañadas de un cambio en la cultura democrática que pasa por una mayor implicación de la ciudadanía en la cosa pública bien directamente o a través de asociaciones, y por la censura política de comportamientos como la corrupción, la evasión de impuestos o el trato discriminatorio de unos ciudadanos respecto a otros. Toni Magdaleno Alegría. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria y Secretario de Universidades del PSN-PSOE

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Sobre la urgencia de reformar la Constitución

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