Diario de Navarra

Quienes cuestionan la renta garantizada bajo la premisa de que ésta no favorece la inclusión social parecen desconocer (u obviar intencionadamente) que la Ley Foral 15/2016 de 11 de diciembre reguló dos derechos: a la inclusión social y laboral y a la renta garantizada. Por primera vez se sistematiza y define el derecho a la inclusión, y se responsabiliza a las administraciones públicas para que sean garantes de este derecho mediante una atención personalizada, continua e integral a través de los programas y servicios garantizados en la Cartera de Servicios Sociales, y de los programas y servicios de incorporación laboral del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. Con ello, logró superarse afortunadamente la anterior regulación que vinculada la prestación a la firma de un Acuerdo de Incorporación que, en la práctica, y a juicio de la mayoría de profesionales consultados en el proceso de elaboración de la nueva ley, era un mero y farragoso trámite administrativo sin efectos reales en la inclusión. En la regulación actual, por el contrario, respecto al derecho a la inclusión social, además de convenientemente definido, se ha puesto en marcha ya y por primera vez, una herramienta diagnóstica de valoración e intervención que está facilitando a los y las profesionales de los Servicios Sociales su trabajo. Ello, junto a que también por primera vez se realiza un trabajo conjunto con un protocolo de actuación definido con el Servicio Navarro de Empleo, está logrando resultados claros. Tan es así que en la reciente jornada organizada en Pamplona por la Comisión Europea, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Gobierno de Navarra, se ha definido el modelo navarro como una buena práctica a exportar a otras comunidades autónomas, precisamente por estar alineada con las recomendaciones europeas. Recordando los indicadores más importantes, cabe mencionar que si en el año 2015, antes de la aprobación de la norma, las personas perceptoras de renta de inclusión firmaron 13.416 contratos de trabajo, en el año 2017, con la nueva ley en vigor, la cifra alcanzó los 19.830 contratos. Solo en los primeros 9 meses de 2018, ya se han firmado 20.159 contratos de trabajo, 5.462 personas han acudido a cursos de formación para el empleo, y a más de 3.000 se les ha derivado a servicios de orientación laboral. Es decir, con datos de registros, nunca antes se habían logrado mejores resultados de inserción laboral entre perceptores de renta garantizada o renta de inclusión social. Por el contrario, lo que si provocaba el Acuerdo de Incorporación, eran retrasos altísimos en la gestión, que hacían que, de manera vergonzante para una institución pública, una entidad social como Cáritas, a la que debemos estar enormemente agradecidos, tuviera que adelantar las cuantías de la renta a las familias en situaciones de extrema necesidad. En cuanto a la Renta Garantizada, conviene remarcar que hay varias obligaciones que las unidades perceptoras de la misma deben cumplir. Por su relación con la inclusión a través del empleo mencionaré dos: todas las personas perceptoras en edad laboral, deben mantenerse disponibles para las ofertas de empleo adecuado, aceptándolas cuando se produzcan. También deben participar en las actividades de inserción sociolaboral que los Servicios Sociales de Base, los servicios sociales especializados o los servicios de empleo les propongan. Afirmar que la Renta Garantizada no lleva aparejado ningún deber u obligación es una falacia que responde, entiendo, al afán de desprestigiar esta prestación con el objetivo de deslegitimarla y suprimirla si se pudiera. Solemos decir que la nueva ley atiende también al principio de “más derechos” a la vez que “más control”. Sabemos que como ocurre con toda norma o derecho, debe llegar a quien lo necesita realmente y se debe evitar toda irregularidad como elemento clave de justicia social. Consecuencia de ello es que hoy se han duplicado las revisiones de expedientes (hasta un 80% de los mismos) y, por primera vez, existe un mecanismo para controlar que se aceptan las ofertas de empleo. Ello, junto a la acción de inspección en colaboración con la Policía Foral, ha dado como resultado una mayor suspensión de prestaciones por algún tipo de irregularidad. Una irregularidad, en todo caso, que se sitúa en porcentajes mínimos, muy por debajo de la existente en otros ámbitos a tenor de los estudios oficiales. Cuando elaboramos la nueva ley, nos marcamos básicamente dos objetivos. Mejorar la protección de las familias con hijos y reducir la pobreza infantil, así como aumentar la inserción laboral de estas personas, todo ello desde la necesidad de velar por el buen uso de los recursos públicos. Hoy, y aunque pueda haber aspectos que a futuro requieran mejoras y desarrollos, podemos decir que el avance en el cumplimiento de esos objetivos ha sido notorio. Esta ley, además de hacer de Navarra una sociedad próspera, más justa, más solidaria, más segura y cohesionada, es una inversión de futuro pues ayuda a generar empleo y a que los más de 12.000 niños que hoy protege, puedan tener si quiera algo parecido a la igualdad de oportunidades. Gema Mañu Echaide es directora general de Inclusión y Protección Social del Gobierno de Navarra

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Inclusión social y renta garantizada

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