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Navarra y el negocio del cine

Arturo del Burgo.

Arturo del Burgo.

Actualizada 12/12/2018 a las 18:19
  • Arturo del Burgo
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L OS navarros hemos podido comprobar cómo en los últimos años se ha incrementado de forma significativa el rodaje de películas en nuestra comunidad. Al margen de que la riqueza y diversidad que ofrece Navarra lo convierte en un destino ideal para la localización de exteriores, lo cierto es que ha sido el incentivo fiscal que el Gobierno ofrece a las productoras lo que realmente ha supuesto el desencadenante de este éxito cinematográfico.
En diciembre de 2014 se introdujo en nuestro Impuesto de Sociedades una deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales del 35% del coste de la producción, muy superior al del resto del país y únicamente comparable con Canarias (que también es receptor de buena parte de las producciones españolas).
Pues bien, tres años después de introducir esta deducción, el Gobierno de Navarra propone ahora su modificación, para tratar de aclarar algunos aspectos que la práctica ha demostrado demasiado complejos, y para perseguir el objetivo último de este incentivo, que no es la presencia esporádica de rodajes en nuestras calles, sino sobre todo el establecimiento de un auténtico sector audiovisual en Navarra, con empresas instaladas aquí de forma real y estable.
Las principales novedades que introduce la reforma son las siguientes. En primer lugar, se mantiene la deducción del 35% sobre las inversiones realizadas en producciones, pero se eleva del 25 al 40% el porcentaje de inversión total que será necesario realizar en Navarra. En segundo lugar, se establece un límite de deducción de tres millones de euros, para evitar así la realización de grandes superproducciones que puedan poner en apuros recaudatorios a nuestra Hacienda Foral. En tercer lugar, se elimina la posibilidad de articular las producciones a través de Agrupaciones de Interés Económico, tal y como venía haciéndose hasta ahora y es común denominador en el resto del Estado. Se trata de estructuras jurídicas complejas, nacidas ex profeso para hacer una producción concreta y que articulan la relación entre la película y los inversores de la misma, que son los perceptores finales de la deducción fiscal. Un sistema que se sustituye directamente por la constitución de sociedades mercantiles por parte de las productoras, quienes deberán suscribir contratos de financiación con los inversores para armar la estructura financiera del proyecto.
Hasta este punto la reforma parece positiva, estableciendo una mayor seguridad jurídica para todos los agentes intervinientes, tanto productoras e inversores como al mismo tiempo para la Administración Pública, con una deducción articulada de un modo que a fecha de hoy no tiene parangón en el resto del país.
Ahora bien, existe un elemento que ha generado dudas en el sector y que, de no corregirse, puede convertirse en un obstáculo para el establecimiento del sector en Navarra. Hasta ahora la deducción del 35% a la que tenía derecho la productora se podía aplicar por parte de los inversores de la película, bien fuesen empresas a través de su Impuesto sobre Sociedades o bien fuesen personas físicas (profesionales) a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas. Pues bien, de forma sorpresiva la nueva deducción prevé que únicamente las sociedades puedan aplicar la deducción, dejando fuera del incentivo fiscal a las personas físicas.
Es cierto que Navarra lleva poco tiempo acogiendo producciones y la mayor parte de las inversiones han venido hasta ahora de la mano de sociedades mercantiles. Sin embargo, de consolidarse este sector en Navarra, sin duda habrá muchos particulares que deseen involucrarse como inversores de las producciones. Ahora bien, no debemos caer en el error de pensar, como seguramente ha hecho el legislador en este caso, que solamente las grandes fortunas van a invertir en estas películas, razón por la cual se les quiere privar de esta deducción. Lo cierto es que son profesionales liberales (arquitectos, dentistas, abogados…) quienes engrosan los listados de inversores que apuestan por las películas en España, contribuyentes de clase media a quienes les resulta de gran interés la aplicación de estos incentivos fiscales, desconocidos en otros sectores.
Por tanto, son los eventuales inversores navarros, profesionales de clase media, los principales perjudicados por esta medida, encontrándose en una situación de auténtica discriminación con respecto al resto de inversores españoles, que sí pueden apostar por el cine y beneficiarse fiscalmente por ello.
El proyecto está todavía en fase de enmiendas y debate parlamentario, por lo que confiemos en que se corrija esta deficiencia y logremos así un incentivo fiscal atractivo, único en España, que suponga un revulsivo para la consolidación de una auténtica industria en Navarra.

Arturo del Burgo Azpíroz es abogado socio de ECIJA

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