Diario de Navarra

Una sociedad unánime, en la que todo el mundo pensara lo mismo acerca de todo, constituiría más bien un rebaño que un grupo de seres humanos. Tal uniformidad garantizaría, ciertamente, la paz interna, pero también acarrearía la pobreza, porque sin pluralismo, sin diferencia de intereses, sin disenso, no puede haber derecho, iniciativa, competencia, adaptación a los cambios ni creación de riqueza. No es sólo, por lo tanto, que el desarrollo provoque complejidad, sino que la propia complejidad es una condición para el desarrollo. De ahí que históricamente las sociedades que le dan cabida hayan sido más fuertes, prósperas, dinámicas y resistentes que las que se atrincheran en la homogeneidad del terruño. Los efectos saludables de la pluralidad, sin embargo, tienen sus límites. Estos se rebasan cuando las diferencias internas se dilatan tanto que los miembros de una sociedad dejan de sentirse como socios, se pierden el respeto y tratan de destruirse mutuamente. Cuando se llega a ese extremo, cuando ya no se quiere compartir el ágora, la plaza, la calle con otros conciudadanos; cuando no se está dispuesto a escucharles y ni siquiera a dejarles hablar, cuando no se cree estar vinculado a ellos por algún interés común, entonces se cierne una catástrofe y, en rigor, puede considerarse la “societas” de facto ya rota. En tales circunstancias el mejor político será aquel que comprenda la necesidad de sellar cómo sea las fisuras abiertas, aun a costa de su propia popularidad, cuando todavía perviven entre la mayoría de los miembros recuerdos de lo que los unió. De lo contrario, no quedará sino resignarse a que la fractura que existe en el plano de los sentimientos y las opiniones se termine expresando en un plano físico. Hay que recordar a este respecto que la violencia suele comenzar de forma paulatina, como gotas aisladas que se escapan de un cielo con nubarrones: una agresión a quien lleva una gorra, insultos a quien acude a un acto, una pedrada a un coche, una pintada injuriosa... Es verdad que a veces sucede que escampa sin que estalle la tormenta, pero el riesgo que se deriva si se persiste en ignorar las señales convierte al optimista en un peligroso imprudente. Hace tiempo que en España los debates políticos han dejado de servir para canalizar la pluralidad de intereses propia de una sociedad compleja, pero sana, y solo expresan la cainita inquina que empapa la vieja piel de toro. Abundan los iluminados que califican a medio país de “extremista” para convencerse de que odiarlo constituye un deber cívico y, así, no tomarse el trabajo de intentar comprenderlo. Se radicalizan las opiniones solo para distanciarse de las que defiende el adversario. Se tuerce el lenguaje, sin que importe caer en el ridículo (“los derechos de los niños y las derechas de las niñas”), porque lo que se persigue precisamente es hablar en una lengua distinta de la quien se aborrece. Se exagera lo que nos separa y aquel que procure aproximarnos se arriesgará a verse señalado como un pusilánime o un oportunista. En teoría, existe todavía un terreno común, la Constitución, que debería servir de punto de reunión y de norte para la inmensa mayoría de la Nación, pero en la práctica ya no cumple esa función. La prueba es que quienes representan a entre un tercio y un cuarto de España prefieren pactar con aquellos que consideran a los españoles unos “hijos de puta” (y perdón por el exabrupto), unas “bestias” y unos “ladrones”, que con quienes son favorables a esa misma constitución. Por supuesto, esta no es la Palabra de Dios y puede ser alterada en todo aquello que no afecte a lo esencial, a saber: el Estado de derecho, las libertades individuales, la igualdad entre los ciudadanos y, como consecuencia de todo ello, la unidad nacional (es decir, que nadie pueda expulsar a nadie del cuerpo social). En esta situación, ninguna de las reformas que necesitaría urgentemente España para afrontar el porvenir (la educación, el cambio de modelo económico, el sistema de pensiones, los problemas migratorio y demográfico, etc.) podría emprenderse con éxito. Ganar las elecciones resulta ya casi inútil -excepto para repartir canonjías y regar con dinero público clientelas parásitas-, porque cualquier medida eficaz que se ponga en marcha para sacarnos del atolladero será boicoteada por quienes las han perdido y solo piensan en desgastar a sus contrarios. La función de los gobiernos ha dejado de ser gobernar y a lo que se dedican fundamentalmente es a hacer la guerra a la oposición. El espejo del pasado al que insistentemente volvemos para mirarnos es 1935. Se diría que hasta que no volvamos a desangrarnos, algunos no se darán por satisfechos. Por fortuna, una contienda civil parece imposible en el occidente contemporáneo, aunque no tanto por méritos nuestros, cuanto de nuestros aliados. En cualquier caso, los españoles estamos perdiendo un tiempo precioso para encarar con garantías el futuro y nuestros descendientes tendrán razón en reprochárnoslo. Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU/UPV

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