Diario de Navarra

La desafortunada actuación del Tribunal Supremo, con vaivén incluido, respecto a quien debía pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la formalización de las hipotecas, generó un desconcierto social que exigía una respuesta rápida desde la política, como se ha hecho; pero injustamente, se ha usado la “técnica” de Hitchcock en sus películas, situando el foco en quienes carecen de relevancia en la trama (en este caso, bancos y jueces) para despistar. Saber que ningún impuesto queda fuera de la responsabilidad de los políticos electos, para el Congreso de los Diputados y los Parlamentos autonómicos, por tener en exclusiva la capacidad para legislar y aprobar las leyes, debiera ser una obviedad; como también el constatar, en lo relativo a este impuesto (AJD), que siendo recaudado por las Comunidades Autónomas los bancos no se benefician del mismo ni deciden su sujeto pasivo (quien lo paga). Así que siendo los políticos electos de los legislativos, los únicos capacitados legalmente para hacer y modificar las leyes y reglamentos tributarios, he visto con asombro lo acontecido, su utilización político-publicitaria y su resultado final, siendo tan sorprendente, y lleno de giros, como los espectáculos de magia del “Mago Pop”. De manera resumida: -La clase política se ha mostrado con la apariencia de un “Robin Hood” que ha doblegado al Tribunal Supremo y forzado a la banca a pagar este impuesto, liberando del mismo al “ciudadano de a pie”, aunque el poder judicial no legisla, la banca no recauda ese impuesto y nunca ha decidido quien lo tiene que pagar. La “prueba del nueve” es que donde se va a cambiar es en el Congreso de los Diputados y en los Parlamentos autonómicos. -Además, la cuadratura del círculo: “no solo se le han bajado los impuestos a los ciudadanos de a pie y castigado a la banca”, sino que además se va a recaudar más por este impuesto, como ocurrirá. Las Comunidades -como ya lo ha anunciado Cataluña- igualarán por arriba el tipo del impuesto cuando hasta ahora tenían tipos distintos: desde el 1,5% hasta el 0,1%, en algún caso de bonificación especial. En Navarra está en el 0,50%. -Inclusive ha dado para que quienes, como ocurre con la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), no se habían venido preocupando en demasía, al menos públicamente, sobre si en lo legislado hasta ahora se daba una posición de injusta prevalencia contractual entre la banca y el cliente, salgan ahora, de manera acelerada, anunciando que “vigilarán que la banca no repercuta al cliente el impuesto hipotecario”. ¿Pero de verdad que alguien, en una sociedad como la nuestra de libre mercado y competencia, puede aún pensar que no lo terminaremos pagando los usuarios y/o los consumidores? Las ensoñaciones no tienen cabida en la economía real: “sea en un banco o en una fábrica de chocolatinas”, si tienen que asumir un nuevo coste lo repercutirán al consumidor (¡vaya novedad!) a través de sus productos y/o servicios. Distinto es que, por sus distintas políticas comerciales, sean varios y dispares los modos de su traslado; y en el caso de las hipotecas, siendo un producto conocido “de arrastre” de otros más (nóminas, seguros, tarjetas…) -y por tanto competido-, lo más probable será los nuevos costes por la asunción legal, entre otros, del impuesto, se trasladen a los usuarios por vías indirectas: comisiones, gastos de administración, emisión de tarjetas, uso de cajeros y de acceso digital tecnología, etcétera. A todos los gobiernos -de España y de comunidad autónoma- les ha tocado, y les tocará en sus legislaturas, gestionar temas inesperados e incómodos: hoy el gobierno de Navarra debe gestionar este asunto del “impuesto hipotecario” (AJD) ahora ya fácil, tras lo remitido al Congreso de los Diputados; pero siguen sin abordar y gestionar el de la devolución de las prestaciones por maternidad, declaradas exentas en el IRPF, tras las sentencia del Tribunal Supremo. Sra. Presidenta, hay asuntos que pareciendo menores tienen un gran impacto social como ocurrió con el uso irregular de las “tarjetas black” que, para el “agujero” global de Bankia, suponían “no más que un suspiro”. El liderazgo arrastra, como anejo inevitable, la “burbuja de los aduladores” que siempre le dirán “que tiene razón”, pero si sale de esos márgenes verá que se equivoca: no puede llegar a ocurrir que las madres navarras afectadas (y familias) tengan que terminar litigando en los tribunales. Navarra ya utilizó el acuerdo, y su capacidad legislativa, con aquel descuento general, propuesto por Zapatero, de 400 euros en el IRPF. Fue un tema muy discutible y que se hubiese podido eludir legalmente pero se buscó “una fórmula a la navarra” para que, en ningún caso los navarros, se sintieran peor tratados que el resto de españoles. Anai Astiz Medrano es ex consejero socialista de Fomento del Gobierno de Navarra

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Imitando al Mago Pop

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