Diario de Navarra

Tras una sesión maratoniana de dos días de noviembre (5 y 6), el Pleno de la Sala tercera del Tribunal Supremo (TS) ha reconducido el “fallo” de la Sección Segunda de la misma Sala, que sentenció hace unos días, que el Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados (impuesto formal que grava el acto notarial de constitución de hipoteca, y su inscripción registral, a instancias del acreedor), lo paga el particular que inscribe la hipoteca y no el acreedor (banco). El decisum del TS, es que el impuesto lo paga como venía siendo habitual hasta ahora, el particular y no el banco. La tesis novedosa de la sentencia 1505/2018 del TS del pasado día 16 de octubre, era que la inscripción registral de la hipoteca constituida beneficia al Banco y no al particular, razón por la que el sujeto pasivo del impuesto era el acreedor bancario, que ha concedido el préstamo hipotecario. La doctrina de la sentencia que ahora se ha corregido podría parecer más justa y ajustada a la literalidad del impuesto, si bien la argumentación de TS -a modo de arcano indescifrable para profanos-, concluía que el Reglamento del impuesto había excedido el marco de la ley, y por eso anuló el art. 68.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La conclusión simple y “populista” es que el TS se ha plegado a los intereses de los bancos y que los magistrados no han estado a la altura de su función. La cosas, sin embargo, no son tan fáciles, más allá de que una simple línea del legislador estatal o foral pueden hacer que el fallo de la sentencia fuese para el futuro “papel mojado”, si las Cortes Generales o el Gobierno de la Nación a través de uno de los muchos decretos-leyes a que nos tiene acostumbrados, corrigiese el sujeto pasivo del impuesto y declarase de manera clara y sencilla que el pago del impuesto corresponderá al que insta su inscripción registral, que es el banco. El gran revuelo causado por la doctrina legal de la sentencia ahora corregida eran sus efectos “pro pretérito” y no “pro futuro”, es decir, los efectos retroactivos de la sentencia. Desde hace muchos años tanto la doctrina del Tribunal Supremo americano como la del Tribunal Constitucional (TC )español, recepcionada por este último, en su sentencia 45/1989 (IRPFF) , es que el alcance de los fallos de declaración de inconstitucionalidad son “pro futuro”, pues en caso contrario ningún tribunal con sentido de responsabilidad se atrevería a declarar la inconstitucionalidad de una norma una norma con graves efectos económicos sobre la Hacienda pública. En nuestro caso, el Tribunal Supremo aun pudiendo ser justo no calibró bien los efectos económicos y de ahí la respuesta del presidente de la Sala Tercera, Diez Picazo, de convocar al pleno para zanjar la cuestión. La solución definitiva sin embargo, está en manos del legislador. Los jueces, aún los del TS, no deben hacer activismo judicial. El remover los obstáculos para que la igualdad real sea efectiva, en este caso en la relación sinalagmática entre banco y cliente, como declara el art. 9.3 Constitución Española es responsabilidad de los poderes públicos, entendiendo por tales, preferentemente en el caso presente, al Gobierno y a su mayoría parlamentaria (¿) en el Congreso de los Diputados. Es cierto que los jueces no son los “seres inanimados que solo pronuncian las palabras de la ley” (Montesquieu), pero el realismo jurídico impone también que sus decisiones deben “pacificar” los conflictos jurídicos y no avivarlos, con la mirada siempre en la justicia, como el marino tiene su brújula en la estrella polar. Los acontecimientos vividos estos días solo producen tribulación y el mejor consejo es enfriarlos, y que más tarde con sosiego el legislador material (puede ser el Gobierno) adopte una decisión justa y equilibrada; lo exigen los ciudadanos; lo requiere la salud de la Res publica (cosa pública). Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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La división del Tribunal Supremo

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