Diario de Navarra

No son los banco y entidades financieras santos de mi devoción. En muchas ocasiones he criticado su oscurantismo a la hora de ofrecer productos opacos, de vender seguros sin comprometerse a dar un buen servicio y de ofrecer como un favor al cliente la banca on-line, cuando realmente supone un ahorro indiscutible para la entidad financiera, no para el cliente. Dicho esto, el ridículo que ha hecho la justicia española es mayúsculo. El problema no ha sido si el impuesto de Actos Jurídicos Documentados lo tiene que pagar el tomador de la hipoteca o el que se beneficia de ella por la garantía que supone al banco, lo realmente bochornoso es la marcha atrás después de una sentencia del Tribunal Supremo. El sistema no ha funcionado. La sentencia debería cumplirse porque la indefensión legal en la que deja a los ciudadanos es mayúscula, pero el perjuicio económico para el Estado y las autonomías, es decir, para todos los ciudadanos habría sido enorme. En primer lugar, gran parte de las reclamaciones serían contra las haciendas autonómicas, que por otra parte imponen tipos diferentes, cosa realmente inconcebible y absolutamente insolidaria. Por otra parte, aunque Hacienda intentara repercutir al banco estos importes, se encontraría con toda probabilidad con litigios interminables mientras las arcas públicas deben pagar religiosamente al consumidor, ya que la primera reclamación es contra quien nos obliga al pago y nos sanciona si no lo hacemos. Los contribuyentes hemos protestado muchas veces contra los métodos que las entidades financieras han usado en su beneficio, preferentes, cláusulas suelo, subida astronómica de comisiones, mala cobertura de las hipotecas en los años precedentes a las crisis y un largo etcétera, pero en este caso desde el principio la sentencia no tenía visos de cumplirse . La responsabilidad de quien formuló la sentencia y de los órganos colegiados del poder judicial es incuestionable, las sentencias por su definición deben ser acatadas y cumplidas o apeladas en instancia superior por lo que se debe exigir la dimisión inmediata de quienes han intervenido en este asunto. Pongámonos en la piel del banco. Durante muchos años acata la ley que obliga al cliente a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, el cliente ni se plantea que no deba pagarlo. En otro supuesto evidentemente las comisiones o el diferencial en interés del banco serían mayores. Hacienda, sin embargo, no ha dicho que es un impuesto que no existe en Alemania, Reino Unido u Holanda. En otros, el tipo es menor por lo que está en manos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas regular con justicia este impuesto que encarece la adquisición en el momento de la compra y que, junto con los gastos de notaría y registro aumentan el esfuerzo del consumidor en la compra de un inmueble. Como mínimo las haciendas autonómicas deberían reaccionar y anular este impuesto o cambiar las leyes fiscales para adecuar la legislación a la voluntad de la ciudadanía. No olvidemos que no estamos hablando de gastos por servicios, sino de impuestos y su reglamentación corresponde a los legisladores tributarios. Fermín Torrens Alzu es asesor de empresas

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Justicia, hipotecas y fiscalidad

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