Diario de Navarra

Quiero escribir unas líneas sobre las ayudas destinadas a las familias más necesitadas, porque creo que es necesario que existan, y porque considero que contribuyen al bienestar de nuestra comunidad. Y si es el caso, me gustaría aprovechar la ocasión para tranquilizar a todas aquellas personas que viven atormentadas pensando si tienen más derechos los que vinieron de fuera que los “de aquí”. Definir quién es “de aquí” es un follón que no me compete, así que no me entretengo, cada uno que lo interprete a su manera. Voy a enumerar unos pocos argumentos que justifican la necesidad de que, en nuestra comunidad, haya unos mecanismos de ayuda que garanticen que todas las personas que vivimos aquí lo podamos hacer en condiciones dignas y equitativas. Sobre todo los niños y niñas. Porque todas las personas de menos de 18 años, tienen los mismos derechos tal como establece la Convención sobre los Derechos de la Infancia ratificado por España en 1991. Independientemente de dónde hayan nacido ellos o sus familias, todos los que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado Parte, o sea, aquí, tienen los mismos derechos, los “de aquí” y los “de fuera”. Por tanto, las instituciones públicas tienen que garantizar, entre otros, su derecho a la educación, salud, supervivencia y desarrollo. Y ese derecho a la supervivencia y desarrollo está directamente relacionado con la renta de inclusión social que reciben aquellas familias, que no tienen los medios suficientes para garantizarlo. No obstante, antes de escribir este artículo he vuelto a leer la normativa, y sigo sin encontrar la famosa cláusula en la que pone que las ayudas solo son para los “de fuera”. Por tanto, las personas que no tienen capacidad económica, los de aquí y los de fuera, tienen derecho a las mismas prestaciones económicas periódicas si no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Las desigualdades existentes en nuestra sociedad imponen una clara desventaja para los niños y niñas de familias con menos recursos (económicos, pero también educativos y culturales) en aspectos tan elementales para su desarrollo como la educación, la salud y la vivienda, lo que supone hoy una vulneración de sus derechos más fundamentales. Pero además, esta desigualdad se puede convertir en un cepo que les atrapa en círculos viciosos de precariedad y pobreza lo que impide la movilidad social de los niños y niñas. Por ello, es importante y urgente, evitar que aumenten las desigualdades. Si hay algo de lo que la ciudadanía navarra siempre se ha sentido muy orgullosa es de su solidaridad. De ese espíritu solidario de las misioneras, misioneros y cooperantes de Navarra. Desde hace unos años, en nuestra comunidad, hay familias que necesitan de ese espíritu solidario, que necesitan de un apoyo para salir adelante, incluso para cubrir las necesidades básicas. Por ello debemos desplegar ese espíritu y apoyar aquellos vecinos o vecinas, que no disponen de los medios, para que puedan vivir en una manera digna. Lo que cada persona o familia entienda lo que es vivir de manera digna es un gran debate, que viene determinado por el nivel de bienestar medio de cada comunidad. Pero aprovechando esta creencia tan mercantilista, y lamentablemente, cada vez más creciente en nuestra comunidad, de que las familias que no tienen recursos económicos suficientes deben vivir cercanos a una situación de supervivencia, voy a utilizar unos argumentos más mercantilistas. Las desigualdades extremas suponen un lastre para el crecimiento económico. La infancia es una etapa en la vida que es determinante para las oportunidades que un individuo tendrá en su vida adulta. Es evidente su impacto en la salud, pero también en su capacidad de tejer redes y para integrarse en la sociedad. Ni que decir en su capacidad para aportar al crecimiento económico, ya que su capacitación como profesional, determinará su empleabilidad, y sus oportunidades para convertirse en alguien productivo, que paga impuestos y que contribuye a la sociedad. Como muchos prestigiosos economistas han demostrado, a medida que la desigualdad aumenta, la capacidad del crecimiento económico de reducir la pobreza disminuye. Por ello, es necesario invertir en reducir las brechas. Y la inversión más efectiva, es en políticas dirigidas a la infancia, desde las ayudas monetarias a las familias a las políticas educativas, de salud o de vivienda. Porque las desigualdades, condicionan el bienestar de toda la sociedad, porque son un factor de desafección política, y en el peor de los casos fuente de inestabilidad social e inseguridad. Por todo ello, ya sea por responsabilidad legal, moral, o por sus implicaciones en la economía o la sociedad, es necesario garantizar los derechos de la infancia, y eso supone que desde la sociedad debemos apoyar, promover, impulsar y exigir que las instituciones públicas desarrollen políticas dirigidas a reducir la pobreza infantil, incluidas las ayudas de inclusión social dirigidas a las familias. Maider Gabilondo Ariznabarreta es coordinadora UNICEF Comité Navarra

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Renta garantizada o ayudas para los de fuera

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