Diario de Navarra

Somos un país muy mal hablado. Los tacos han entrado en el lenguaje cotidiano de una forma que sorprende, no solo a quienes hablan otros idiomas, sino a los hablantes de castellano en América. No es que Estados Unidos, Alemania, Francia, Colombia o Argentina no empleen palabras malsonantes. Es que nosotros las utilizamos prácticamente en cualquier contexto, excepto los más formales. A nadie le sorprende que un entrenador o un jugador de fútbol diga “estamos muy jodidos” después de una derrota o que un escritor describa en una conferencia el comportamiento de uno de sus personajes como el de “un auténtico hijoputa”. Y este es el único país del mundo en el que unos productores, en este caso de espárragos, pueden poner con tranquilidad en los supermercados latas con una palabra malsonante, “cojonudos”, con la que designan a sus mejores productos. Es más, ese calificativo del que ahora se cumplen treinta años, se usa porque lo utilizó el rey Juan Carlos para referirse a unos espárragos que probó durante su visita a Navarra de 1988. A casi nadie le escandaliza en el autobús oír a un grupo de adolescentes utilizar un lenguaje que hace cien años les habría identificado automáticamente con lo más marginal de la sociedad. Y hace solo veinte o veinticinco años este párrafo habría estado plagado de puntos suspensivos. Así que tampoco es sorprendente que en una reunión de Euskarabidea (que, sin ser estrictamente privada, tampoco era pública) uno de los asistentes, un asesor, en lugar de decir “vamos a dejarnos de remilgos”, o algo así, iniciara su intervención con un “Nos dejaremos, si me permitís la expresión, de mariconadas…”. Es una expresión ofensiva, como judiada o gitanada. Estoy seguro de que casi nadie las usa pensando en homosexuales, judíos o gitanos, pero sigue existiendo ese hilo, hoy más bien tenue, que las liga con el desprecio hacia estos grupos. Uno de los asistentes le criticó que la hubiera usado y él se disculpó. Hasta aquí, todo normal: una expresión inconveniente, un reproche y una petición de disculpas. Lo que me asombra es que esto termine en el Defensor del Pueblo. Quien presenta la queja, aunque lo oculta en el lenguaje administrativo, pide que a ese asesor se le multe con hasta 3.000 euros y que no se le vuelva a contratar. Es increíble que se recurra al Defensor, que, primordialmente, está para protegernos de las acciones legales pero injustas de la administración, para reclamar una sanción contra un tercero. Afortunadamente, el estándar que fija la ley para establecer una multa es mucho más alto y razonable, y tanto el Departamento como el Defensor le dieron, en la práctica, una larga cambiada a la petición para, en la práctica, reclamar que la gente se comporte con urbanidad, como decía mi abuela. Me sorprende las ganas que tenemos de que las instituciones intervengan en nuestras vidas. Estamos dispuestos a llevar ante el Ayuntamiento, el Gobierno, los jueces, o el sursum corda los aspectos más insignificantes de nuestras relaciones sociales. Ya no nos basta una disculpa, queremos una sanción, a ser posible pública y con un cierto grado de escarnio. No nos quejemos de que estamos dominados por el Gran Hermano que predecía Orwell cuando estamos dispuestos a alimentarlo a las primeras de cambio.

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Qué mal hablados somos

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