Diario de Navarra

Pedro Sánchez corre el riesgo de desvanecerse en una peligrosa cuesta abajo hacia unas elecciones irremediables, que no le resultarían favorables si no corrigiese a tiempo la sensación de improvisación que caracteriza su mandato y no establece cuanto antes un programa claro hacia el final de la legislatura. La entrevista del domingo con Ana Pastor fue el relato de una sucesión de contrariedades: la falta de habilidad de la ministra de Defensa para prever las consecuencias de sus actos; la supuesta procacidad de dos ministros que opinaron sobre la conveniencia de dejar en libertad condicional a los imputados por el 1-O; la falta de reflejos de Justicia en la respuesta a la inculpación de Llarena en Bélgica; la inexistencia de una “entrevista profesional” entre la ministra de Justicia y Villarejo con la sombra de Baltasar Garzón de por medio; el retraso en la publicación de su propia tesis doctoral, en un ejercicio tardío de transparencia que, de haberse adelantado, hubiera evitado los malos tragos que el asunto le ha deparado. Finalmente, Sánchez no consiguió que este balance de los cien días hiciera sobre todo hincapié en asuntos exitosos que también jalonan el periodo: el encarrilamiento de la recuperación de Valle de los Caídos ya sin el dictador; el regreso de la Sanidad Universal; el fin de los copagos sanitarios; el fin de los recortes en Educación; el anuncio de rectificaciones en la legislación laboral -la recuperación de la ultraactividad y la primacía de los convenios de sector sobre los de empresa-; el ostensible cambio de estrategia en Cataluña sobre la base de los mismos e inamovibles principios constitucionales... Pues bien: este patinazo mediático de no haber sabido enfatizar los logros y los proyectos y de haber tenido que encajar con dificultad las contrariedades se ha intentado enmendar mediante un cambio radical en el discurso, basado en la introducción de un nuevo tema de debate: la reforma constitucional para eliminar los aforamientos. La dificultad de conseguir aunar voluntades, y son muchas las necesarias para reunir los dos tercios y/o los tres quintos de las cámaras para sacar adelante una reforma que encierra muchos matices (como se vio el martes, nada tiene que ver la propuesta de Ciudadanos de eliminar todos los aforamientos con la del Gobierno de reducir los de los políticos eliminando la protección sólo en los asuntos de naturaleza privada), hace que no haya ni mucho menos certeza de que la propuesta pueda salir adelante. Y en todo caso, la pura extemporaneidad de la idea sugiere que se trata de una estrategia para recuperar la iniciativa. Una iniciativa peligrosa y con aristas que podría desembocar en un referéndum constitucional (Podemos ya ha anunciado que lo exigirá activando el art. 167.3 CE), bien poco pertinente a estas alturas. Lo que el Gobierno debería hacer ahora es un plan de vida, una ‘hoja de ruta’, un proyecto público de futuro que remarcase la dirección de avance, que explicase a los ciudadanos cuál es el proyecto socialdemócrata de fortalecimiento del Estado de Bienestar, y de explicación de que, en los Estados modernos como el nuestro, la potenciación cuantitativa y cualitativa de unos grandes servicios públicos universales y gratuitos son la base de la auténtica igualdad de oportunidades en el origen, que es, junto a una seguridad social acogedora y suficiente, lo que el Estado moderno debe ofrecer a la ciudadanía. Una vez emitido este enunciado y dialogado con los demás actores políticos, el recuento por el Gobierno de los apoyos de que dispone le permitirán marcarse unas metas sucesivas y ubicar la próxima cita electoral.

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Un programa hasta el fin de la legislatura

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