Diario de Navarra

El mismo día de la dimisión de la Ministra de Sanidad se anunciaban las de la alcaldesa y cuatro concejales de San Andrés de Rabanedo (León): estas últimas con el objetivo de no perder la alcaldía local en una moción de censura tras imputaciones judiciales por el denominado Caso Enredadera. Son hechos noticiables, -cada uno en su ámbito-, entre otras razones porque pensamos que “en España no dimite nadie”. Puede ser; pero la memoria suele ser un flaco aliado… En los cuarenta y un años transcurridos desde que en 1977 se iniciase el proceso democrático en España, son treinta y seis los ministros y vicepresidentes del Gobierno que han presentado la dimisión. A ellas hay que sumarle la del presidente Suárez en el año 1982. Ministros han dimitido con todos los presidentes y partidos gobernantes. Es cierto que las causas han sido muy diversas: trece, debidas a lo que se podría clasificar como escándalo, (y aunque buena parte de ellos fueron causadas por hechos previos al nombramiento, de las trece, pocas eran materia de tribunales); diez, forzadas para optar a otros puestos o procesos electorales; ocho, debidas a discrepancias ideológicas o faltas de apoyo; dos, causadas por problemas de salud; dos, por razones absolutamente personales; y finalmente, una, en tiempos de la UCD, por cambio de partido. Y estas dimisiones, ¿son pocas?, ¿son muchas? No resulta fácil dar una respuesta. Por muchas razones. Y una de las más importantes es que las responsabilidades políticas deben apreciarse a la luz de los códigos éticos de cada país, y de la cultura democrática y social existente en cada momento. De entrada, a la oposición, las dimisiones siempre le parecen pocas, -el criterio, la intencionalidad, la oportunidad y la interpretación de los hechos suele variar notablemente si el implicado es “de los nuestros” o “de los otros”-. Y cuando se producen, “llegan tarde y mal”. Por el contrario, a los jefes y compañeros de los dimisionarios, casi siempre, -incluso ante situaciones flagrantes-, les suele parecer “un acto de valentía, de dignidad o ejemplificador”. Estas consideraciones valen para todos los partidos, -y probablemente, para todos los países-… e incluso, en el ámbito de la empresa privada en ocasiones. Estaremos todos de acuerdo en que lo ideal sería una vida política sin escándalos, y consecuentemente, sin dimisiones. Pero la realidad es que, dada la falible naturaleza humana, antes o después, aparecerán sucesos en el ejercicio del cargo o previos en la vida de nuestros políticos que deberán ser pagados con la renuncia. Por tanto, y ante ese tipo de casos, hay que asumir la posibilidad de la dimisión como una herramienta más de la democracia, con su utilidad regeneradora (para el sistema) y punitiva (para el dimitido). Por tanto, y siendo su uso positivo si se dan las circunstancias, frente al tradicional “mantenella y no enmendalla”, debiera evitarse, cuando se producen, seguir cargando las tintas sobre el ya ex. Si alguien que se plantea dimitir en una situación difícil piensa que, al hacerlo, la interpretación general es que reconoce la culpa claramente y da la razón al adversario y que, si no lo hace, puede que escampe… puede suponer un freno a que las dimisiones sean utilizadas con normalidad con el consiguiente empeoramiento de la calidad de nuestra democracia. Lo mismo sucede cuando se eleva a los altares laicos de la ética política al presunto transgresor por el mero hecho de dimitir. En este punto, lo más razonable en la mayoría de los casos, - salvo en los supuestos más graves, que deben resolverse con cese y no con la renuncia-, sería que, propios y ajenos ejerciesen un comedido, general, y razonable reconocimiento de la decisión, -al suponer una cierta asunción de responsabilidades-, para incentivar su uso y no criminalizarlo. Será difícil, no obstante, conseguirlo, no solo de los políticos, sino del votante dividido entre propios y ajenos… o que considera a todos los gobernantes como ajenos. Tampoco ayuda a prestigiarlas las demasiado habituales justificaciones de los dimisionarios en términos de “no quiero perjudicar el proyecto de Gobierno o lo hago para dedicarme a defender mi inocencia”. Muy al contrario, incrementan el rechazo al dimisionario por parte de la opinión pública, por no suponer un mínimo de autocrítica de sus responsabilidades Ahora bien, analizando los casos de los últimos años, estas dimisiones de primer nivel están contribuyendo a construir una especie de código ético, -no sólo para cargos públicos-, con nítidas consecuencias, más allá de las políticas y jurídicas. Y lo hacen, estableciendo como negativos, comportamientos ciudadanos antes de ser ministro, tales como aceptar regalos desproporcionados, la reducción de los impuestos a pagar mediante el uso de paraísos fiscales o de la gestión artificial de sociedades o la inadecuada autoría intelectual, -por citar las cuatro últimas-. Todos estos supuestos, finalizados en dimisiones mediáticas con amplio reproche social, refuerzan con una publicidad extraordinaria la condición de inaceptables de tales conductas, no ya para ser político, sino para ser un ciudadano cumplidor y respetado. Y esa es una excelente noticia en la construcción común de unos valores y principios éticos de conducta para nuestro país. F. Javier Morrás Iturmendi es directivo y docente de Recursos Humanos y exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior

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Las 37 dimisiones de los gobiernos democráticos

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