Diario de Navarra

La crisis económica, las críticas del movimiento 15M al “régimen del 78” y la abdicación del rey Juan Carlos I parecían indicar que la Constitución entraba en 2011-2012 en una prematura fase otoñal, una aparente decadencia sólo reversible por una reforma en profundidad. Sin embargo, desde las elecciones de 2015 hemos asistido al florecimiento de varios mecanismos constitucionales que parecían yermos: el artículo 99 y la primera investidura fallida, la primera aplicación del artículo 155 con Cataluña y, la semana pasada, la primera moción de censura exitosa. Es como si al acercarse su cumpleaños la Constitución quisiera combatir la crisis de los 40 con nuevas experiencias extremas. Pero lo cierto es que esta primavera tardía, más que de vitalidad institucional, podría estar dando señales de agotamiento de un modelo que está empezando a encontrar sus límites. Las elecciones del 20 de diciembre de 2015 arrojaron un panorama incierto y conforme avanzaba la ronda de consultas del Rey con los partidos políticos, se hacía evidente que no había una mayoría clara que garantizara la investidura de ningún candidato. Dos hechos inéditos se sucedieron: el candidato propuesto en primera instancia por el Rey, Mariano Rajoy, rechazó someterse a la investidura; un mes después, el candidato alternativo, Pedro Sánchez, no lograba la confianza del Congreso para ser investido presidente y el reloj de 60 días previsto por el artículo 99 de la Constitución activaba sus manecillas por primera vez. Finalizado el plazo sin candidato viable, las Cortes se disolvieron y se tuvo que ir a una repetición electoral, otra experiencia tachada de la lista de “cosas que hacer antes de los 40”. Ante este bloqueo el artículo 99 atrajo muchas miradas y se empezó a debatir sobre la necesidad de su reforma. En 2017, tras la escalada del movimiento independentista, la organización de la consulta del 1 de octubre y la declaración en diferido de la República de Cataluña el 10 de octubre, el Gobierno propuso al Senado la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 155 que permite al Gobierno a tomar medidas para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir la ley. Este instrumento, llamado en otros países “coerción federal”, es la última medida posible para solucionar un conflicto territorial. En sistemas muy descentralizados como el español es normal que surjan conflictos entre autonomías y entre éstas y el Gobierno central. Las soluciones van desde la negociación política a los recursos ante el Tribunal Constitucional, cada vez más numerosos, y sólo una vez, en 1989, había hecho falta la amenaza del 155 para que las aguas volvieran a su cauce (en aquel caso con Canarias sobre un asunto de aranceles). La aplicación por primera vez del mecanismo con Cataluña, que tuvo que ser definido por las intensas negociaciones del PP y el PSOE en el Senado, supuso otro inesperado florecimiento de un artículo de la Constitución, aunque el aroma que desprendió no fue precisamente alegre. La última flor de esta primavera tardía ha brotado súbitamente para sorpresa de todos. Después de que hasta tres mociones de censura hayan fracasado en la historia constitucional española, en apenas una semana el PSOE ha conseguido tumbar un gobierno mediante otro mecanismo constitucional extremo. En un sistema parlamentario como el español es lógico que haya formas de control máximo del Congreso al Gobierno: si es el Congreso el que da su confianza al Gobierno en la investidura, es normal que en cualquier momento se la pueda quitar, bien a petición propia del Gobierno (con una cuestión de confianza, un mecanismo constitucional que no ha florecido todavía, aunque tal vez llegue pronto, si la racha continúa) bien a petición de un grupo de diputados. Ahora bien, la Constitución hace que esta segunda modalidad sea extremadamente difícil, porque exige que la moción de censura obtenga una mayoría absoluta de diputados (no basta con mayoría simple, como la investidura) y que sea una moción constructiva, es decir, que proponga un candidato alternativo que de triunfar la moción será elegido automáticamente presidente. Como tantos elementos de la Constitución del 78 este tipo de moción de censura pretende dar estabilidad a los gobiernos y complicar su caída. A pesar de ello, muchos intereses se alinearon el pasado viernes para que triunfara por primera vez, generando por carambola otras tantas situaciones inéditas (Pedro Sánchez es el primer presidente cuyo partido no es el primer grupo de la cámara, el presidente con el partido parlamentario más pequeño, y el primer presidente con la presidencia del Congreso de otro partido). Tanta primera vez en sólo 3 años sólo puede indicar que el sistema está jugando a explorar sus límites y se está chocando con ellos. Los mecanismos excepcionales como la repetición electoral, la suspensión de una autonomía o una moción de censura se diseñan para no tener que usarlos nunca, como última salida que permita vadear una crisis coyuntural. Pero la concurrencia de varios de ellos en un período tan corto de tiempo indica que hay una incomodidad estructural en el sistema que le lleva a utilizar los últimos recursos de la caja de herramientas. Si se tuvieron que repetir elecciones porque ningún candidato alcanzó una mayoría en la investidura es porque el sistema de partidos se ha fragmentado tanto que el sistema electoral basado en la provincia, diseñado para facilitar mayorías estables del partido ganador y que ha funcionado a la perfección durante treinta años, ya no tiene los efectos que buscaron los padres de la Constitución. La lentitud de los partidos políticos en adaptar su política de pactos transversales a la nueva situación generó la situación inédita. De igual manera, el movimiento independentista catalán no puede ser frenado con el instrumento del 155 que nunca debería haber sido necesario en una organización territorial que resolviera sus conflictos por otras vías. Y por supuesto, la moción de censura fue diseñada de modo tan conservador que sólo pudiera triunfar en circunstancias excepcionales. Cuando la excepción se hace norma es que la norma no es capaz de ordenar el ritmo de la realidad. La resaca de esta primavera tardía debería traer un impulso reformista que intentara evitar la aplicación de mecanismos extraordinarios en el futuro próximo. En el caso de la investidura fallida y la moción de censura la reforma no pasa necesariamente por una modificación de la Constitución, sino que tal vez las situaciones que se han producido son fruto de un sistema de partidos todavía volátil y que la inestabilidad tenderá a desaparecer cuando el nuevo sistema se asiente y tanto votantes como partidos reajusten sus estrategias a la nueva realidad. En el caso de Cataluña el genio ya está fuera de la botella y es necesaria altura política y visión de futuro para crear nuevas arquitecturas territoriales que funcionen para todos y aquí sí que tal vez una solución duradera venga de una reforma constitucional. Mejor ahora que el sistema todavía goza de vitalidad primaveral que en el verdadero otoño de la constitución, cuando el abuso de sus recursos extraordinarios hayan agotado su energía y legitimidad.

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La moción de censura y la engañosa primavera tardía de la Constitución

Desde las elecciones de 2015 hemos asistido al florecimiento de varios mecanismos constitucionales que parecían yermos

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