Diario de Navarra

En los últimos siete años, el Gobierno ha optado por reducir el déficit público disminuyendo los gastos y manteniendo los ingresos (en porcentaje del Producto Interior Bruto), y eso ha provocado que no existan recursos suficientes para financiar muchas partidas, como es el caso de las pensiones. En otras palabras, la política económica practicada por el Gobierno es la que ha provocado que no haya dinero para subir las prestaciones sociales. El Gobierno de Rajoy ha estado varios años rebajando el gasto en pensiones en porcentaje del PIB. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el gasto en pensiones contributivas en 2017 fue del 9,9 % del PIB. En 2013 alcanzó el máximo de la serie histórica con el 10,6 % del PIB, pero desde ese año no hizo más que caer. En los últimos cuatro años, el gasto en pensiones ha crecido menos que el PIB, lo que significa que el esfuerzo para abonar las prestaciones se ha ido reduciendo. Por lo tanto, si no hay dinero para pagar más pensiones es porque el Gobierno no quiere dedicarles el mismo esfuerzo que empleó entonces. Las dos reformas de las pensiones aprobadas desde el 2011 se han orientado a limitar el incremento del gasto público, mientras no se han tocado los ingresos. La consecuencia es que la recaudación de la Seguridad Social ha crecido menos que el PIB. Si el Gobierno hubiese decidido mantener en los Presupuestos del Estado el gasto en pensiones en el nivel alcanzado en 2013, hoy contaría con casi 7.000 millones de euros más para pagar las pensiones contributivas. Pretender alcanzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a través de un drástico recorte de la cuantía de las pensiones, supone darle la puntilla al Estado de bienestar, porque va a generar un problema social que se va a traducir en un riesgo de empobrecimiento para nueve millones de pensionistas que, en un contexto de crecimiento económico, no es fácil de digerir. El problema en España es que la recaudación por cotizaciones sociales de los trabajadores es menor que el gasto en prestaciones, por lo que se requiere un ajuste entre gastos e ingresos. El origen del déficit es el colapso de la recaudación y ello puede ser letal: sin el aumento de ingresos podemos ir hacia la liquidación del estado de bienestar. Todos los países de la Unión Europea, salvo Irlanda, tienen establecidos mecanismos de revalorización de pensiones que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Los más prudentes, en la denominada indexación de pensiones, son los que vinculan la evolución de sus cuantías a los precios: Francia, Italia, Austria o Hungría, junto a otros que refuerzan la subida anual con algún indicador adicional como el PIB. Otros países revalorizan sus pensiones conforme al incremento de los salarios, como es el caso de Dinamarca Países Bajos, Reino Unido o Lituania, al lado de otros como Suecia o Alemania en los que la referencia salarial se combina con otros criterios que modulan, a la baja, la intensidad de la subida. Entre ambos grupos se sitúan aquellos otros países en los que el criterio de revalorización de las pensiones es una combinación de los dos anteriores, precios y salarios, (Finlandia y otros países del este de Europa). En España, la fórmula de indexación unilateral aprobada por el PP en el 2013 (en contra de la Recomendación segunda del Pacto de Toledo) es una anomalía, porque desnaturaliza la revalorización desvinculándola de la evolución de los precios y condena a los pensionista españoles a una acelerada pérdida de poder adquisitivo y, por tanto, al empobrecimiento. Sabemos, por el Banco de España, que, durante un largo periodo de tiempo, las pensiones iban a subir un raquítico 0,25% cada año frente a la evolución de la inflación que iba a alcanzar una media del 2%. Si el poder adquisitivo se garantiza en todos los países europeos, España debería dejar de ser la excepción. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo hace unas semanas que el acuerdo del Gobierno con el PNV para que todas las pensiones suban el 1,6% en 2018 y el Índice de Precios de Consumo (IPC) en 2019, le ha dado la razón, porque él sostenía que había capacidad financiera suficiente para garantizar la evolución de las prestaciones en función del IPC, aunque, por otro lado, la Comisión Europea sigue aconsejando a España que, para reequilibrar el déficit de la Seguridad Social, deberían subir las pensiones menos que el IPC Por otra parte, según informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para España, si no hay un boom demográfico por la inmigración, la ratio de sustitución del modelo actual será insostenible. De acuerdo a ese informe, las alternativas realistas a las que hace frente el sistema de pensiones en España se mueven entre dos extremos: doblar las cotizaciones que pagan los trabajadores o reducir a la mitad la ratio pensión media / salario medio. Entre estas dos alternativas hay puntos intermedios, pero sólo el enunciado ya es como para echarse a temblar. Patxi Aranguren Martiarena es economista de la Universidad Pública de Navarra

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El estado de bienestar, en peligro

El autor señala que sin el aumento de ingresos podemos ir hacia la liquidación del estado de bienestar y las pensiones en primera línea

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