Diario de Navarra

El intento de deportación de miles de personas que llevan más de 50 años residiendo en el Reino Unido, la generación Windrush, ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre el sistema de extranjería europeo. Lo simbólico del caso y su repercusión mediática suponen una buena oportunidad de repasar el sistema de deportaciones en España y de preguntarnos cuál es su sentido político y cuáles son sus consecuencias humanas y económicas. Un nuevo escándalo relacionado con la política migratoria ha acaparado la atención mediática en el Reino Unido y ha conseguido eclipsar al omnipresente Brexit. El pasado domingo, asediada por las críticas sobre las supuestas cuotas de deportaciones, la ministra de Interior Amber Rudd tuvo incluso que dimitir. El problema surgió cuando varias personas pertenecientes a la llamada “Generación Windrush” empezaron a recibir amenazas de deportación y a tener problemas de acceso a la sanidad pública. Se llama "Generación Windrush" a 500.000 residentes permanentes en el Reino Unido que nacieron en países de la Commonwealth y que llegaron al país antes de la reforma migratoria de 1971, en un contexto de necesidad de mano de obra en el período de posguerra. El sobrenombre de Windrush viene de uno de los primeros barcos que en 1948 trajo a unos 500 migrantes desde Jamaica. Como provenían de lo que entonces aún eran colonias británicas, sobre todo del Caribe, muchos creyeron que eran ciudadanos británicos de pleno derecho y no formalizaron solicitudes de nacionalidad. Después de una dura reforma migratoria en 2012, que exige pruebas documentales de la residencia permanente para seguir disfrutando de ella, unas 50.000 personas de este grupo, no nacionales británicos pero residentes en el Reino Unido desde hacía más de 50 años, vieron que no tenían documentos que probaron su concesión de la residencia y el gobierno británico tampoco tenía registro de su llegada por lo que crecía el riesgo de que se tramitaran expedientes de expulsión. Ante el acoso del gobierno de Theresa May, que en un contexto de auge de la xenofobia tras el referéndum del Brexit está apretando las tuercas del sistema de extranjería, muchos de ellos empezaron a perder trabajos y a tener problemas de acceso a servicios básicos. El apoyo social y las críticas desde la oposición, una de las más elocuentes del diputado laborista por Tottenham David Lammy, hijo de migrantes de la generación Windrush, han obligado al gobierno de Theresa May a disculparse, pero el caso ha vuelto a traer a primera plana las injusticias de los sistemas de extranjería y la política de deportaciones. La generación Windrush tiene además un gran simbolismo ya que entronca con el esfuerzo bélico de las antiguas colonias británicas, las herencias coloniales del sistema de extranjería británico, la historia de racismo y rechazo social, también desde la izquierda, que tuvieron que soportar los migrantes Windrush, y las promesas frustradas de residencia permanente y ciudadanía, amenazadas en el clima actual de hostilidad xenófoba. ¿Cuál es la relevancia del caso Windrush en el contexto actual? ¿Qué lleva a un país a intentar deportar a personas que llevan décadas residiendo en él? ¿Pasa lo mismo en el sistema de extranjería español? Según datos de Eurostat, en 2017, España deportó a 10.785 extranjeros nacionales de países de fuera de la UE, de un total de 27.340 órdenes de expulsión. Sólo 1.310 de esas deportaciones fueron voluntarias. En la UE el año pasado se expulsó a un total de 213.525 nacionales de terceros países (es decir, España efectuó un 5% de todas las expulsiones de la UE). Hay países que con menor población expulsan más que España, como Grecia con 18.765 expulsiones, y otros que lo hacen en menor proporción, como Italia, con 7.045 expulsiones el año pasado. Hace 7 años, en 2010 y con otro Gobierno, España expulsaba a más de 20.000 extranjeros al año. Para poner en contexto estos datos, frente a estas 10.785 deportaciones, España rechazó la entrada en frontera de más de 203.000 personas y concedió permiso de residencia por primera vez a 211.000 personas. Las deportaciones suponen numéricamente una parte pequeña del sistema de extranjería, pero son su piedra angular, por principio, por el impacto que generan en la vida de los afectados y por los recursos que consumen. Hasta hace unos años, la mayoría de las personas deportadas primero eran privadas de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), mientras se organizaba su deportación forzosa dictada por una orden de expulsión. En virtud de la directiva 2008/115 de la UE, también llamada “Directiva de retorno”, los estados miembros pueden detener durante un período de dos años a las personas en situación irregular mientras se tramita su expulsión. La Ley de Extranjería española reduce este período a 60 días. Es el único caso en el que el ordenamiento jurídico español permite privar de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito ni ha sido sometido a un proceso penal. Según datos del Ministerio del Interior facilitados al Mecanismo de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, en 2016 se detuvo a 35.882 ciudadanos extranjeros sospechosos de residir en España de manera irregular, de los que 7.597 fueron internados en los distintos CIE (los más grandes son los de Algeciras y Madrid-Aluche). De esas 7.597, sólo fueron finalmente expulsadas 2.205 personas, por lo que más del 70% de los detenidos fueron liberados sin haberse hecho efectiva su expulsión y sin haber sido regularizada su situación, un limbo administrativo por el que España ya ha sido condenada en 2015 por el Tribunal de Justicia de la UE. Los CIEs, además, están en el punto de mira de ONGs y tribunales por las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos (como el derecho a la petición de asilo), sus pobres condiciones materiales y de acceso a la asistencia sanitaria y la opacidad en su gestión. Hay que recordar que, en contra de una creencia bastante extendida, según los propios datos de Interior, del total de expulsados en 2016, sólo 1.169 personas, sólo un 10% del total, lo fueron en aplicación del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, que prevé la expulsión de los extranjeros que hayan sido condenados por delitos con penas de prisión. En los últimos años, el método preferido por el Ministerio del Interior para materializar las órdenes de expulsión son las deportaciones por procedimiento preferente o "deportaciones exprés”, que se ejecutan en un plazo de apenas unos días desde la comunicación de la orden de expulsión. Según datos obtenidos por la ONG Andalucía Acoge, no confirmados por Interior, más de un 70% de las expulsiones ya se llevan a cabo por este método. De esta forma se ha normalizado lo que estaba concebido como un procedimiento para casos excepcionales. Su aplicación generalizada incluso roza la ilegalidad ya que niega los plazos de retorno voluntario, que según la Directiva de Retorno debe ser el verdadero procedimiento “preferente" de expulsión. Este método de expulsión, además de generar situaciones de vulnerabilidad y de indefensión legal por la brevedad de los plazos, está basado en otra práctica administrativa ilegal y por la que España está siendo investigada en estos momentos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: las identificaciones policiales por perfil racial. Según el artículo 16 la Ley de Seguridad Ciudadana, la policía sólo puede identificar a una persona “cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción” y “cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”. Aunque la ley prohíbe expresamente identificaciones basadas en la raza o el origen étnico de las personas, la realidad cotidiana de las personas migrantes y racializadas en España demuestra que se trata de una práctica sistemática, como trata de visibilizar y denunciar la campaña "Parad de Pararme”. En numerosas ocasiones una identificación basada simplemente en el color de la piel termina en una detención a comisaría por no tener la documentación en regla y en una orden de expulsión preferente que en apenas 72 horas cambia por completo la vida de una persona. La mayoría de las órdenes de expulsión se dictan porque una persona que durante un período de tiempo ha residido regularmente en España con un permiso de residencia (de trabajo, estudios, etc.), ha perdido ese derecho porque ha expirado su permiso y no ha podido renovarlo, y su situación ha sido identificada por la policía. La pérdida de la residencia es más habitual y fácil de lo que puede parecer, sobre todo en un contexto de crisis económica duradera en la que son habituales los largos períodos de desempleo y en una población migrante que sufre de manera extrema la explotación laboral y el empleo irregular. Sólo el acceso a la nacionalidad española rompe con el ciclo de fragilidad de encadenar permisos de residencia, pero para los nacionales de la mayoría de los países terceros la ley exige demostrar 10 años de residencia continuada y regular en España para poder solicitar la nacionalidad por residencia, un objetivo casi imposible para cientos de miles de personas que residen y contribuyen en España pero que tienen cerradas las puertas de un sistema de ciudadanía restrictivo y lleno de trabas. Además de todo ello, es un sistema costoso. Según una respuesta del Ministerio del Interior a la pregunta del diputado de Compromís Enric Bataller el pasado octubre, el Gobierno gastó en 2016 más de 9 millones de euros en viajes de deportación forzosa y 7 millones en 2017, ejecutados mediante contratos con grandes aerolíneas. Además gastó al menos 3 millones de euros anuales en el mantenimiento de los CIEs, aunque reconoce que no es capaz de aportar los datos completos. Cálculos anteriores elevaban el coste anual de los CIEs a 8 millones de euros. Los costes del sistema completo de identificación, detención y expulsión son probablemente mucho mayores si se computan también los recursos humanos empleados, pero no hay un cálculo fidedigno al respecto. Desde un punto de vista meramente económico, estos recursos son puro gasto ya que no generan retorno económico de ningún tipo. Todo lo contrario, son recursos públicos destinados a expulsar capital humano que contribuye a la economía española (y que podría contribuir aún más en situación regular) y que apenas genera gasto social porque hace un uso mínimo de los servicios públicos (desde la criticada reforma de 2012, además, las personas en situación irregular no tienen acceso a la asistencia sanitaria pública). Pero el principal problema del sistema es sobre todo ético. La amenaza constante de la expulsión condiciona las vidas de cientos de miles de personas y las condena a la precariedad, a vivir bajo el radar, alimentando un ciclo perverso de exclusión, que genera vulnerabilidad económica y es una profecía autocumplida de los prejuicios sociales en torno a la migración. Además, en un sistema que sólo es posible mediante la vulneración sistémica de los propios principios que dice defender y que se basa en fronteras interiores que entroncan con el racismo institucional y social forjado en la era colonial. Si las deportaciones se basan en un sistema que vulnera derechos, su eficacia respecto al número de detenciones y de personas en situación irregular es mínima, y su beneficio económico es nulo, ¿cuál es el sentido de Estado detrás de las deportaciones? No se trata simplemente de cumplir la ley porque la ley no se cumple: se privilegia la expulsión forzosa sobre el retorno voluntario, no se dan soluciones a las personas en situación irregular y no se atacan las causas de la irregularidad. Más bien, ante la imposibilidad técnica, el impacto económico y el escándalo público que supondría deportar a los cientos de miles de personas residiendo en situación administrativa irregular (la cifra exacta es imposible de calcular, por la propia naturaleza del dato) el Estado trata de mantener una ilusión de legalidad, sacrificando a una pequeña parte de esas personas al año para mantener viva la lógica del sistema de extranjería y proveer del incentivo negativo suficiente que alimenta la amenaza de expulsión del resto. El sufrimiento de los 10.000 deportados, lejos de ser una aplicación estricta de la ley es un doloroso parche, una especie de chivo expiatorio para mantener un sistema que se sabe injusto y fallido. Busca ademar saciar las quimeras políticas de control del Estado ante las inseguridades del contexto actual. Ante la llegada de refugiados por las crisis Siria y Libia y la reacción xenófoba de amplios sectores de la población europea, la agencia de la UE Frontex incluso ha recomendado a los estados miembros a aumentar la tasa de deportaciones, en un intento derrotado de contener los discursos de la extrema derecha. A pesar de ello, es el momento de empezar a aplicar políticas de extranjería a contracorriente. ¿Por qué no dedicar todo el esfuerzo malgastado en identificar, detener y deportar, en crear un camino justo y seguro a la plena ciudadanía? La solución no son las regularizaciones periódicas porque aunque tienen un efecto inmediato positivo (sacan de la irregularidad a cientos de miles de personas), no atacan las causas del problema y al poco tiempo vuelven a generar nuevas situaciones de irregularidad. Una solución permanente y justa pasa por flexibilizar el acceso a la residencia permanente, dar un valor real al arraigo y difuminar las fronteras entre residencia y nacionalidad, haciendo que la plena ciudadanía sea un paso lógico y sencillo después de haber demostrado la voluntad de vivir en España. La deportación es el paso final, ejemplarizante y extremo, de un sistema que mantiene una segregación de facto entre personas con derechos y personas sin derechos. Sustituyamos ese último paso por el acceso a la ciudadanía plena, acabemos con la segregación y el sufrimiento y construyamos un concepto de nacionalidad verdaderamente integrador.

Diario de Navarra

¿Por qué los Estados deportan extranjeros?

Comentarios

Más de 20.800 alumnos estudian en la UNED en diversos programas

Sanción de 24 partidos al jugador que agredió a un árbitro en la Segunda Juvenil navarra

Cientos de personas acuden al funeral de Carlos Garaikoetxea en Pamplona

Fotos del adiós en la iglesia de San Francisco Javier a Carlos Garaikoetxea

Fotos del adiós en la iglesia de San Francisco Javier a Carlos Garaikoetxea