Diario de Navarra

Montesquieu ha muerto. El cuatripartito foral lo acaba de enterrar. Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E se han cargado de un plumazo al padre de la teoría de la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. De acuerdo con el filósofo e ilustrado francés, uno hace las leyes, otro las ejecuta y el último las interpreta de manera independiente. Un principio en el que se sustentan las democracias modernas y los socios del cuatripartito desconocen. El proceso soberanista catalán está desnudando a partidos y representantes políticos que piensan que están por encima del bien y del mal, o lo que es lo mismo, de las leyes aprobadas por la mayoría de las Cortes Generales y aplicadas por los jueces. Quizás creen que por ser políticos deben contar con unos privilegios que el resto de los mortales no tienen, como hacer caso omiso de las resoluciones judiciales, destinar el dinero de todos los españoles para actividades ilegales o declarar la secesión de un territorio saltándose la Constitución. Y todo esto es peccata minuta para los portavoces del cuatripartito navarro, que a la aplicación de la ley llaman “represión” y a los acusados de delitos tipificados en el código penal, “presos políticos”. Por mucho que intenten manipular la realidad, en este país no se encarcela por manifestar ideas diferentes, sino por incumplir las leyes. Esta semana, tras conocerse la detención del expresidente prófugo catalán Carles Puigdemont en una de sus excursiones europeas, los portavoces del cuatripartito navarro pedían al Gobierno central y a los poderes del Estado que desistiesen “en su estrategia represiva” y respetasen “los derechos civiles y políticos” de los dirigentes catalanes encarcelados. Al mismo tiempo, rechazaban una declaración intachable en la que se pedía un “compromiso con el Estado de Derecho, con la democracia y con la separación de poderes, respetando las decisiones judiciales”. Y para finalizar, los representantes de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E no tuvieron la decencia de rechazar las pintadas amenazantes aparecidas cerca del domicilio del juez Llarena y mostrarle su solidaridad. Unos días antes al PNV (Geroa Bai) sí le parecieron indignantes unas pintadas en su sede de Alsasua: “Prácticas como los ataques a la sede de un partido político denotan un cariz totalitario”, decían entonces. ¿Y a un juez, no? Una vez más, quedan perfectamente retratados el PNV y el resto de los socios del cuatripartito, que reclaman para ellos una solidaridad que no tienen para los demás. HASTA QUE PISÓ SUELO ALEMÁN El cuatripartito debe creer que España es un país poco menos que bananero, autoritario y represor, que no pasa unos estándares mínimos de funcionamiento democrático y que Europa es otra cosa, una tierra con pedigrí democrático, donde a los políticos no se les persigue por convocar referendos ilegales o por querer dar un golpe de estado. Hasta que Puigdemont ha pisado suelo alemán. Ese país, Alemania, no ha dudado en detener a un evadido acusado de rebelión por la justicia española, una figura penal similar a la que se contempla en el país centroeuropeo y que castiga, incluso, con penas de hasta cadena perpetua. Los socios de Barkos, igual que los independentistas catalanes, respetan las decisiones de los jueces y de los tribunales cuando les dan la razón, pero si no es así no tienen ningún inconveniente en ponerse detrás de la pancarta, acusar al Estado de déspota y considerar a los políticos encarcelados como víctimas. Esta semana se podía ver a las presidentas del Gobierno foral y del Parlamento navarro, Uxue Barkos y Ainhoa Aznárez, en primera fila de una concentración de apoyo a quienes están acusados de saltarse las leyes. Una manera, como cualquier otra, de enterrar a Montesquieu y regresar a la Edad Media. Es lo que hay.

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El cuatripartito entierra a Montesquieu

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