Diario de Navarra

Una de las tesis fundamentales del auto de procesamiento del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra veinticinco de los dirigentes del procés independentista es que la estrategia de ruptura del soberanismo se encuentra “latente y pendiente de reanudación” en cuanto que vuelvan a hacerse con los mandos de las instituciones catalanas. Otra es la consideración violenta de algunas de sus actuaciones con las que se fundamenta el delito de rebelión por el que los principales dirigentes soberanistas han sido procesados. Estas consideraciones unidas al riesgo de fuga, hecho patente con la huida de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la posibilidad de la reiteración delictiva han servido al juez para justificar la prisión incondicional de quienes han sido los factótum de la convocatoria y realización del referéndum ilegal considerado la piedra fundamental del intento de secesión de Cataluña y para lo que utilizaron fondos que no estaban destinados a ese fin- malversación-. Con su auto de procesamiento y las órdenes de prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; y los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a petición de la Fiscalía y de la acusación popular Vox, el juez ha dejado inhabilitados a los principales dirigentes soberanistas y devuelve a los partidos independentistas la iniciativa política para busca un candidato limpio y que se atenga a la legalidad porque el artículo 155 de la Constitución seguirá vigente hasta entonces. Frente al “referéndum o referéndum” se ha alzado el principio de “legalidad o legalidad”. Todo lo que ha sucedido antes del punto y seguido judicial se basa en los equívocos que los independentistas han querido perpetuar como fundamento de su victimismo. La carta de Marta Rovira, la última fugada de la justicia antes de su procesamiento es un compendio de todas las mentiras y rasgos de astucia que han venido cometiendo a lo largo de todo el ‘procés’ desde que la justicia ha actuado para parar el intento de secesión. Un ejemplo. Marta Rovira vuelve la oración por pasiva en su carta al acusar al Gobierno de estar “dispuesto a saltarse el Estado de derecho” y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos. Pero ¿quién se lo saltó primero? ¿Quiénes han actuado al margen de la ley? ¿Quiénes consideran que votar en contra del ordenamiento jurídico es el único fundamento de la democracia? El Estado, en cualquier caso no ha hecho si no actuar en defensa propia con todos los medios a su alcance, mientras que el Gobierno se ha guardado la posibilidad de negociar hasta el momento en el que las aguas catalanas vuelan a los cauces legales. Y ambas situaciones son imprescindibles para que haya una solución acordada. La declaración de Marta Rovira ante el juez Llarena fue una treta para evitar ser enviada a prisión en aquel momento, que cuando abjuró de la proclamación de la República catalana mentía y que solo ahora tras burlar a la justicia y dejar a sus correligionarios a los pies de los caballos ha roto la “prisión interna” en la que se encontraba. A quienes se encuentran en prisiones reales esas contradicciones íntimas, les pueden parecer poca cosa. Y un cinismo similar al del candidato frustrado Jordi Turull, investigado por alzamiento de bienes para poner a salvo su patrimonio para que le saliera gratis el desafío. Estos han sido dos de los líderes del procés y su condición humana.

Diario de Navarra

Legalidad o legalidad

Quienes han tratado de dar un golpe de Estado a la democracia han comprobado que saltarse las leyes, al final, no sale gratis.

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