Diario de Navarra

Buena parte de la ciudadanía hemos asistido con estupor al espectáculo que se vivió el pasado jueves en el Congreso, cuando se inició la derogación de la prisión permanente revisable. Del bronco debate que se vivió, llamó la atención la beligerancia con la que el PSOE defendió la derogación de esta medida, como si fuera un antojo de un grupo de víctimas fanáticas y vengativas, lo que supuso un bochorno inaceptable no sólo para los ciudadanos sino especialmente para el votante medio socialista. En un partido que se enorgullece de consultar a los militantes las cuestiones importantes, bien podrían haberles preguntado en esta ocasión si estaban de acuerdo o no con esta derogación, pues no tengo la menor duda de que buena parte de sus votantes, en sintonía con el resto de la sociedad, son partidarios de este tipo de prisión para los delitos en los que se impone. Aclaremos algunos aspectos que la demagogia vertida en la tribuna no puede hacernos olvidar. Estamos ante una pena excepcional, no ante una regla general que puede afectar a cualquier reo, sino únicamente a aquellos que hayan cometido crímenes de especial gravedad e inhumanidad. Son una serie de delitos tipificados cuya comisión acarrea la pena de prisión permanente revisable, y entre los que, para que nos hagamos una idea del grado de perversión que requieren, se encuentran los siguientes: Asesinato de una víctima menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los asesinatos múltiples; asesinatos después de un secuestro; violaciones en serie; violaciones a menores tras privarles de libertad o torturarles. No es cierto, por más que algunos se empeñen en defenderlo, que estemos ante una cadena perpetua, sino ante la posibilidad de que un reo por dichos delitos deba, en caso de que su resocialización no haya sido efectiva y siempre a discreción de un juez, prorrogar su estancia en prisión por periodos de dos años una vez cumplida la condena inicial. Es decir, estaríamos ante la posibilidad de que un asesino en serie o un violador de niños, que con toda probabilidad va a volver a delinquir si queda libre, permanezca en prisión. Difícil oponerse a esto con un mínimo de sensatez. Una medida que está inserta en los códigos penales de la práctica totalidad de los países de nuestro entorno, en democracias tan o más consolidadas que la nuestra. Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Polonia, Austria, Suiza, Rumanía, Hungría, Argentina o Chile contemplan prisiones permanentes revisables para los delitos más execrables. Y en todos estos países, dichas medidas fueron promovidas por partidos de derechas y de izquierdas, que entendieron que no estábamos ante una cuestión política, electoral, sino ante un ejercicio de legítima defensa de una sociedad frente al crimen. Los detractores afirman que esta medida no evitará la comisión de nuevos delitos. No es cierto. La creación de una cultura de temor al delito por las consecuencias que acarrea sin duda puede tener un efecto disuasorio en quien pretenda infringir la ley. Pero, aun admitiendo que esta medida no va a tener ese efecto preventivo, tampoco es realmente lo que se pretende. El objetivo último de la prisión permanente revisable no es evitar que un asesino mate por primera vez, sino evitar que lo haga por segunda vez. El Estado no puede evitar que un ciudadano, en cualquier rincón de nuestro país, mate a un niño o viole a una mujer, pues no hay recursos materiales ni humanos que se puedan adoptar para impedirlo. Pero lo que sí puede garantizar es que ese criminal, una vez detenido, juzgado y condenado por uno de estos terribles delitos, no vuelva a hacerlo de nuevo. El rostro de este movimiento de apoyo a la prisión permanente revisable no es únicamente el de las víctimas que se asomaron al palco de invitados en el Congreso, sino especialmente el de que aquellas personas que tendrán que sufrir en sus propias carnes las consecuencias de su derogación. Digámoslo con toda su crudeza. Me refiero a la mujer que será violada por un violador en serie que disfrute de un beneficio penitenciario, o al niño que será abusado sexualmente o incluso asesinado por un pederasta condenado al que dejemos en libertad. Futuras víctimas que hoy disfrutan de una vida en plenitud y que mañana será truncada por la cruel voluntad de un criminal, pero cuyo derecho a salir a la calle está para algunos de nuestros políticos por encima del derecho de los demás a vivir seguros y en paz. Va siendo hora de superar algunos complejos ya trasnochados y de asumir que no hay principio más democrático que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Arturo del Burgo Azpíroz es socio de Cremades & Calvo Sotelo

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Prisión permanente: reinserción o seguridad

El autor mantiene que la prisión permanente revisable es una pena excepcional, dirigida a quienes han cometido crímenes de especial gravedad e inhumanidad

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