Diario de Navarra

La libertad de expresión ampara la crítica de las decisiones de los tribunales. Ello no justifica, sin embargo, que el contenido de dicha crítica deba revestir la misma naturaleza e intensidad en el sentido de ser acerba, punzante, molesta, desabrida o desproporcionada, que la realizada con ocasión de la llevada a cabo contra el poder en su manifestación más desnuda, id est, el poder político. La crítica en tal supuesto debe ser motivada y proporcionada. Y sobre todo no debe incluir la “quema” de imagen alguna de la Justicia, sea ésta entendida de modo simbólico o personal, como parece amparar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuando se trata de la crítica política. La jurisprudencia de Estrasburgo en alguna otra época causó fascinación entre nosotros. Lo anterior no significa que la jurisprudencia del TEDH no pueda ser hoy fuente, guía e inspiración en la interpretación de los derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), entre otras razones porque deriva de las obligaciones contraídas por el Reino de España al entrar en el Consejo de Europa en 1977 y por el propio tenor del art. 10.2 de la Constitución Española (CE). Pero ello no supone su asunción como “proposición acrítica de fe”. Lo que antecede sirva de fundamento para airear algunas discrepancias con la sentencia del TEDH (Secc. 3ª) de 13 de marzo de 2018 (Asunto Stern Taulas y Roura Cabellera c. España) por la que se considera que en el caso de la condena penal de los recurrentes como autores materiales de la quema de la imagen de los Reyes de España en Gerona pronunciada por sentencia de la Audiencia Nacional, el 9 de julio de 2008, se vulneró el art. 10 del CEDH. Vaya por delante que comparto con la sentencia del TEDH la afirmación de que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática que no solo ampara las críticas acogidas con favor o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también y sobre todo aquellas otras, que se fundan en ideas u opiniones que “hieren, chocan o inquietan”. Así lo requiere el pluralismo político, la tolerancia y el “esprit de ouverture”, sin las cuales no existe sociedad democrática, tal como expresó el propio Tribunal Constitucional (TC) español en la STC 16/1981, de 16 de marzo. Sin embargo, como también sostiene el TEDH, la libertad de expresión no es “ilimitada”, aunque en el caso aquí resuelto considere que la quema de imágenes de los Reyes de España, se “inscribe en el marco de la crítica política y no personal de la institución de la Monarquía en general y en particular del Reino de España en tanto que nación”. Mi discrepancia, sin embargo, proviene de dos afirmaciones graves, que no puedo compartir. La primera trae causa de la controvertida sentencia de junio de 1989 del Tribunal Supremo americano (5-4) sobre la quema de la bandera nacional en manifestaciones públicas como acto no delictivo, protegible por la primera enmienda (libertad de expresión), -de profanación innecesaria la calificó el juez Stevens - cuyos ecos resuenan en esta sentencia y que no debiera tener encaje en “la Europa de la Ilustración” donde no cabe utilizar el fuego amenazador u otro agente patógeno para defender cualquier idea por hiriente o contra sistema que pueda parecer. La segunda, que más allá de conducir el debate sobre si la acción de Stern y Rouras al quemar las imágenes de los Reyes en público, era incardinarle en la doctrina del “discurso del odio” que la sentencia del TEDH rechaza, como intentó el TC, cabría señalar que en una sociedad democrática como la española, la existencia de múltiples cauces para expresar ideas, opiniones u otros tipo de sentimientos a través del vehículo de la palabra, o de cualquier otro medio de comunicación así como su libre manifestación, impiden incluir el “uso de la fuerza purificadora del fuego” para quemar banderas, imágenes o cualquier otro símbolo político o no, como contenido protegible por la libertad de expresión. El Reino de España debería recurrir esta no muy feliz sentencia ante la Gran Sala de Estrasburgo, sin perjuicio de revisar el reproche penal para este tipo de conductas en el Código Penal, que es en lo que se puede coincidir con esta sentencia europea. Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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La libertad de expresión y la quema de imágenes

El autor considera que hay razones jurídicas suficientes para recurrir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la quema de la imagen de los Reyes.

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