Diario de Navarra

Las competencias en materia educativa entre el Estado y las CC.AA, han sido objeto de disputa desde el inicio del sistema autonómico. De igual modo, no ha habido Ley de Educación, que se sustraiga al correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como lo testimonian las Sentencias constitucionales sobre el Estatuto de Centros Docentes en tiempos de la UCD, la Ley Orgánica del derecho a la Educación (LO 8/1985) del PSOE, la Ley de Calidad de la educación de Aznar (LO 10/2002) apadrinada por Pilar del Castillo, (derogada por la LO 2/2006, bajo mandato de Zapatero antes de que entrase en vigor) o la última obra del I Gobierno Rajoy, bajo el tándem Wert-Gomendio, la LOMCE. Esta última conocida como LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), está hoy en el centro de la actualidad informativa por virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 2018. La sentencia sobre la LOMCE es una resolución asequible en cuanto a su extensión, puesto que lejos de ser una Sentencia-encíclica en la materia educativa con cientos de páginas, se ciñe a 25 páginas de contenido sustantivo, salvo en el aspecto aquí estudiado, relativo al enjuiciamiento de la alta inspección del estado como competencia de vigilancia estatal, que nunca puede entenderse como una competencia de sustitución de la competencia autonómica. En definitiva, aunque la impugnación del Gobierno catalán se ceñía a temas competenciales, la LOMCE sale relativamente bien parada en aquellos aspectos también muy controvertidos como fueron las pruebas de evaluación finales o “reválidas”, que el actual ministro Méndez de Vigo dejó en suspenso al llegar al MEC, o la fijación de la programación educativa. Aquí el tribunal tras un análisis concienzudo de la competencia estatal en la “regulación de las condiciones de obtención de títulos estatales” (art 149.1.30 CE), salva y reafirma la competencia del Estado para establecer este tipo de pruebas y programaciones. Las “tachas” de la sentencia, hacen referencia a una previsión contemplada en una disposición adicional (DA 38ª.4.c), referida a la escolarización de alumnos en centros privados, cuando la alta inspección del Estado compruebe que la Administración educativa (aquí la catalana) no garantice una “oferta docente razonable” en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular. La solución que ofrecía LOMCE era su escolarización en “centros privados pagados por el Estado”, lo que en la jerga se ha denominado como procedimiento o “parche Wert”, lo que a su vez suponía la modificación de la LOFCA para imputar tal gasto a la CC.AA concernida. Dicha disposición de la LOFCA también se declara inconstitucional. Como estamos en plena pugna lingüística derivada de los excesos de la cooficialidad en Cataluña, -se dice y se oye que se ha llevado la cooficialidad demasiado lejos, como si Cataluña fuese Andorra con el catalán, como única lengua oficial y vehicular- el tema se ha deslizado por esos derroteros. Pero la lectura tanto política como técnica de la sentencia debe, a mi juicio, ser otra. En efecto, la sentencia prepara el terreno de alguna otra resolución -no en sentido negativo, sino delimitador del control ordinario (alta inspección) y del extraordinario (¿155?)- al hacer un estudio acabado, diría que excesivo en su extenso fundamento jurídico sobre la alta inspección del Estado sobre las CC.AA en general fuera del campo educativo y llevando a compararlo con la de los entes locales y también por sectores o ramos de la acción administrativa. La conclusión, sin embargo, es bien sencilla. Consta de dos proposiciones. La primera es que el Estado debe velar por los derechos lingüísticos en el sistema educativo. La segunda, que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias que constitucionalmente le están reservadas y sin soslayar los límites y exigencias que ha fijado la jurisprudencia constitucional, que resumidamente consisten primero en que la intervención directa en materia educativa “sustituyendo” la competencia de la administración autonómica está prohibida; y segundo, que si hay incumplimiento debe comunicarse a la Administración concernida para que pueda poner remedio a tal situación. Si el Estado, aunque sea a través de la acción legislativa no lo respeta, incurre en indebida asunción directa y exclusiva de una competencia de ejecución propia de la comunidad autónoma, que es lo aquí ocurrido. No obstante, el ministro deberá hacer una lectura atenta de la misma. Pues, a veces los tribunales, como Yahvé, escriben derecho con renglones torcidos.

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Alta inspección educativa del Estado

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