Diario de Navarra

Las pensiones y la sostenibilidad del sistema público de pensiones merecen mayor atención. En España la actual legislatura está siendo de ínfima productividad; si a nuestros diputados y senadores se les evaluara por productividad social desde luego suspenden; eso sin mencionar el absentismo de algunas de sus “señorías” que no han aprendido que cuando alguien incumple con su trabajo y/o su compromiso la “solicitud de perdón”, para ser creíble, debe ir acompañada de la dimisión (voluntaria u obligada). La Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2017 indica que, el primer riesgo para una empresa, es el del daño a la marca y a su reputación. También vale para los partidos políticos. La acción política, en su mayor parte, está secuestrada con Cataluña, con las cuitas internas de los partidos, con el qué dirá la próxima encuesta y con la incapacidad de acuerdos que duren más allá de su anuncio. Los partidos pareciera que están más en un futuro posicionamiento electoral que resolviendo problemas. No extraña por tanto la mala opinión que refleja el CIS de los políticos y los partidos. La economía (macro) crece, pero también crece la desigualdad (micro) como consecuencia de la no adopción de medidas correctoras desde la política. Públicamente nadie cuestiona la importancia de las pensiones. En Navarra, a finales de 2017, se abonaron 134.043 pensiones (de las cuales un 66,22% son pensiones de jubilación) con un importe medio de 1.068,90 euros. Las pensiones de Navarra suponen el 1,4% del monto total nacional (nuestro PIB es el 1,70% del de España) y las pensiones con complementos a mínimos en Navarra son el 19,10% mientras que la media en España es del 25,10%. Todos inciden en la importancia de la sostenibilidad del sistema público de pensiones pero todo sigue bloqueado (culpable “el otro”). No se reúne el Pacto de Toledo ni se avanza en el Congreso de los Diputados: en vez de tratar sobre las fuentes de financiación, la evolución demográfica, la revalorización de las pensiones (siendo España el único país de la UE en que su revalorización no tiene en cuenta la de los precios y/o salarios), dada la nula voluntad de acordar, se entretienen con desangeladas propuestas fiscales finalistas o con invocaciones bobaliconas en favor del ahorro privado. Pero tan grave como la parálisis son una serie de mensajes que se vienen trasladando y que son verdaderas agresiones a nuestro modelo social de pensiones: -Para cuestionar su sostenibilidad obvian que las pensiones contributivas son derechos adquiridos por nuestros pensionistas y que es el Estado quien debe garantizar su cobertura y su seguridad. No son graciables ni dependientes de los nuevos cotizantes o cotizaciones actuales a la Seguridad Social, a tenor de los sueldos actuales. Son derechos generados por sus contribuciones y son los presupuestos públicos quienes deben asumir cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. No es por tanto “problema” de los pensionistas si los fondos de su pensión proceden de nuevas cotizaciones o de otros ingresos públicos (impuestos). Es cierto que con mejores salarios y con mayor población activa será menor la diferencia entre el coste del global de las pensiones con el de las aportaciones; pero eso es hacer política. -Se cuestiona el modelo de Caja Única de la Seguridad Social siendo la red básica de solidaridad de los españoles. En ningún caso debe perder el Estado la unidad del régimen económico financiero de la Seguridad Social, manteniendo en sus manos (y gestión) la unidad del sistema tanto en recaudaciones como en prestaciones. Ya es “archisabida” la técnica de solicitar primero la gestión de la competencia y más adelante ya veremos. Y por cierto, hablando de distorsiones creadas, los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, tienen toda la razón en su exigencia de equiparación salarial con las policías autonómicas. -En cuanto a los alarmistas demográficos solo apuntaré que aunque a todos nos gustaría ser “matusalenes en plena forma” la realidad es que en España, hoy, la esperanza de vida a partir de los 65 años se sitúa en más 23,5 años en las mujeres y en más 19,3 años en los hombres; así que mejor datos antes que alarmas. Los españoles nos merecemos que el Congreso salga de su actual limbo legislativo y el Gobierno de su inacción siendo un tema nuclear el de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. No está de más recordar que en lo más duro de la crisis las pensiones y las familias han sido los auténticos estabilizadores sociales y de solidaridad intergeneracional; y me preocuparía que las izquierdas, tan activas en otras justas reivindicaciones, olvidaran la importancia en la cohesión social de España de las familias y de los pensionistas. Anai Astiz Medrano es ex consejero socialista de Fomento del Gobierno de Navarra

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