Diario de Navarra

Las negociaciones del Gobierno de Navarra con el Gobierno central han marcado las relaciones políticas entre ambas administraciones este final de año. El resultado fue la firma del Acuerdo que establece la aportación de Navarra al Estado para el quinquenio 2015-2019, que se formalizó el 27 de diciembre de 2017. Sin embargo, este documento debería haberse firmado en 2015: ¿por qué ha costado tanto?, ¿qué se ha hecho en estos tres años de demora? Una parte de la tardanza en la firma se debe a los problemas de formación del Gobierno de España que condujeron a una repetición de las elecciones generales. La otra parte se debe a que desde el Gobierno de Navarra se cuestionaba la cuantía de la aportación y las negociaciones entre ambas Administraciones hasta llegar a un acuerdo, han durado más de un año. El texto definitivo del mismo señala que la aportación del año base, 2015, que Navarra debe hacer al Estado por los gastos y competencias no asumidas, sea de 479,9 millones de euros. Además también se recoge en el mismo que Navarra recibirá 215 millones de euros por lo aportado de más en los años 2015 y 2016 en los que por no comenzar las conversaciones para la firma del nuevo quinquenio 2015-2019 (el 6º), se prorrogó el pago del anterior. La aportación de Navarra al Estado ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia (en 176 años): 1841 (donativo foral al rey obligatorio en 1,8 millones de reales), 1877 (cupo fijo de 8 millones de reales), 1927 (cupo fijo de 4,6 millones de pesetas), 1941 (cupo fijo en 21 millones de pesetas), 1969 (cupo variable: determinados rendimientos y desgravaciones -aportación 230 millones de pesetas-), 1990 (establecimiento de una nueva metodología compleja en función del coste para el Estado). En este último periodo la aportación ya no es fija, se actualiza automáticamente cada año y se revisa la aplicación de la metodología cada 5 años. Pongámonos en situación. El Convenio Económico Navarra-Estado es una Ley de 1990 que regula las relaciones en materia tributaria y financiera entre ambas administraciones. En él se recoge la aportación de Navarra a la Hacienda Estatal para contribuir al sostenimiento de los gastos no transferidos. Las aportaciones que hizo en Navarra en 2015 y 2016 fueron polémicas porque un estudio elaborado por la Hacienda Tributaria (Aranburu (2015) aportaba indicios de un exceso de aportación y señalaba que no se estaban respetando los principios de sencillez, transparencia y equidad. Con este sistema se calcula la aportación íntegra en base a datos que controla y puede cambiar el Estado. Estos son: las competencias exclusivas del Estado son (Casa del Rey, Cortes Generales, defensa, representación exterior, infraestructuras de interés general), las cargas no asumidas expresamente por Navarra (competencias no asumidas por la Comunidad Foral y Servicios no traspasados) y las expresamente previstas en el Convenio (Fondos de compensación interterritorial, interés y amortización de la deuda y trasferencias). Además de la aportación de Navarra, en el Acuerdo han quedado recogidos otros ajustes sobre: -el cálculo de la trazabilidad del impuesto de hidrocarburos (que supondrá un ahorro para el Gobierno de Navarra entorno a los 70 millones de euros). -La compensación de los impuestos del sector eléctrico. -La aprobación de un método para la cuantificación y liquidación de los ajustes de la recaudación de los Impuestos Especiales de fabricación. -La simplificación y racionalizado el método de cálculo del IVA. Se ha mejorado la actualización del índice de consumo de este impuesto a 1,76%. Se ha introducido el Suministro inmediato de Información (SII) para controlar la llevanza de libros de registro. -La participación de Navarra en el nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuya financiación corresponde al Estado. -El logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. En definitiva tras este acuerdo el Gobierno de Navarra dispone de 215 millones de euros con los que no se contaba en el presupuesto de 2018 y que sobre un presupuesto de gasto no financiero de 3.883 millones tiene varias alternativas de uso. El Gobierno puede decidir emplearlo en mejorar servicios públicos (infraestructuras -TAV-, sanidad, servicios sociales, etc). Después de la última reforma impositiva, podríamos añadir otras sugerencias de uso como utilizarlo para desahogar la tributación personal (tocaría a unos 335 euros por habitante). Otro destino posible sería el pago de deuda pública. Navarra tiene una deuda de unos 3.200 millones de euros (equivalente al 18,2% de nuestro PIB y unas 15 veces superior a la cantidad devuelta por el Estado). Se puede amortizar aquella que tenga los intereses más altos (hay un préstamo con el Banco Santander a un tipo del 3. 862%). Pero lo que sí exigimos los navarros es que se nos informe de qué se va a hacer con esos 215 millones de euros. Idoia Zabaleta Arregui es profesora del departamento de Economía de la UPNA

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¿Qué hacer con 215 millones de euros?

La autora indica que el Gobierno de Navarra dispone de 215 millones de euros con los que no se contaba, pero no aclara cual va a ser su destino

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