Diario de Navarra

¡Qué atrocidad, qué fascistas, pretender recibir educación en cualquier lugar de España en la lengua común de todos! ¡Qué desatino, pretender operar de apendicitis en Baleares sin saber catalán! ¿Pero como es posible que alguien pretenda a estas altura que se aplique el Artículo 3 de la Constitución? Sí, no hace falta ir más allá, el 3 que dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas”. Esa es la exacta cuestión y lo demás es querer poner el carro delante de los bueyes, el derecho ciudadano, democrático, constitucional de los ciudadanos españoles en su conjunto y total de utilizar la lengua común para estudiar, para acceder a un trabajo, para rellenar un impreso o para recurrir una multa. Para todo aquello que deseen y en cualquier parte del territorio nacional. Y por supuesto donde “también” y ojo al matiz hay otras lenguas oficiales, pero también no en régimen excluyente y extirpador de ese derecho general. Que es la trampa separatista continua, exigir el punto nº 2 del articulo, que está muy bien, pero sin respetar y, al contrario violar y conculcar sistemáticamente el punto nº 1. Una vez más la falsa verdad, o sea la mentira nacionalista y su propaganda principal. Al ahogamiento de una lengua se le llama inmersión en la otra. Y a la reclamación de un derecho esencial y a la legítima y obligada defensa ante el acoso de lo que es una gran riqueza mundial de España con más de 500 millones utilizándola, se le llama ataque a la otra, en este caso al catalán, que nunca como ahora ha tenido el apoyo, la difusión y la protección de que goza actualmente y que debe siempre de gozar. Pero que no puede significar el pendulazo a la imposición brutal. La misma con la que un día la dictadura pretendió la erradicación o como poco el arrinconamiento como residuo del catalán. Y eso es lo que lleva sucediendo muchos años sin replica, sin que desde el Estado ni desde los respectivos gobiernos se haya hecho nada por impedir la verdadera atrocidad, la barbaridad total de llegar a prohibir la lengua común, de convertirla en apestada en determinados territorios. Un ataque donde al nacionalismo se ha unido la izquierda, presa desde hace décadas de una pertinaz diarrea mental que la lleva a la sumisión a los postulados xenófobos, antidemocráticos, antiigualitarios y anticonstitucionales del nacionalismo más reaccionario. Dicen que ahora va a hacer algo el Gobierno. Cuando lo vea lo creeré. Pero ya y preventivamente se ha levantado la gran ola conjunta de nacionalismo desaforado junto a esa izquierda avergonzada de los símbolos comunes (la que le ha caído desde ese costado a la ingenua Marta Sánchez por expresar un sentimiento de pertenencia a su Nación) que tiene un problema con la historia, con la bandera, con la lengua y hasta con la propia palabra España. Eso por un lado, que por el otro, el del PP, tampoco es que permitan certezas ni fiabilidad en su acción, si es que siquiera les permiten intentarla por parte de quienes les acusan de parálisis tras aplicarles de continuo el paralizante más total. Porque fue Aznar quien entregó el control total de la educación a los nacionalistas, ZP que les dio hasta la hijuela y el PSC, con su conseller Ernest Maragall, destapado ahora como el más furioso separatista, quien emprendió la definitiva erradicación del castellano. ¿Y resulta que es Rajoy el malo y el cobarde? Habrán de ser los ciudadanos, como fueron los de la Sociedad Civil Catalana, en un caso, y estas dos mujeres de Mallorca y Menorca, Manuela Cañadas y Ursula Mascaró, convocantes de las cada vez más multitudinarias movilizaciones, quienes deban actuar.

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El derecho a usar nuestra lengua común

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