El de ayer pasará a la historia política de Navarra como un día oscuro. La jornada en la que el nacionalismo vasco consiguió herir los símbolos de todos los navarros desde el Parlamento y con la ayuda inestimable de Podemos e I-E. La existencia  de una minoría política que no reconoce la identidad propia de Navarra como una comunidad milenaria y entidad diferenciada, integrada en España  con su especial autogobierno foral, es un problema y un reto evidente. El nacionalismo, hoy como antaño, a  lo único que anhela es integrar a la Comunidad foral en el seno del País Vasco. Esta corriente siempre  minoritaria, pero, eso sí, muy ruidosa y activa políticamente, se siente representada en la ikurriña, la enseña oficial de Euskadi. Ahora, acaban de lograr imponer su visión de la realidad de Navarra para derogar la Ley de Símbolos gracias a los votos de Podemos e I-E, dos fuerzas que actúan al dictado de Geroa Bai (PNV e independientes) y Bildu en este debate. Sólo esta suma heterogénea, exigua y amalgamada por mantenerse en el poder, ha sido capaz de cuestionar los símbolos de Navarra. Frente a ellos, UPN, PSN y el PP, defendiendo el sentir y el pulso de la mayoría social de esta tierra, su bandera y sus señas de identidad.

La derogación de la ley lo único que pretende es permitir que la ikurriña ondee como bandera oficial en las instituciones navarras.  Un deseo que oculta el fondo, el de agrietar y debilitar la identidad de la Comunidad foral por la vía simbólica para acercarla a  Euskadi. La ikurrina es una bandera tan absolutamente respetable como cualquiera otra que represente a una comunidad.  Y cada ciudadano es muy libre de usarla y ondearla cuando le parezca oportuno. Pero el cuatripartito vende que este cambio sirve para incluir otras sensibilidades, cuando la realidad es totalmente la opuesta. Elevar la bandera del País Vasco a las instituciones navarras y darle carácter oficial lo único que logra  es desdibujar nuestra realidad  institucional y política. Las banderas, en cuanto símbolos oficiales, reflejan  la pertenencia  a comunidades políticas, no sentimientos personales. De ahí la enormidad del despropósito y la zafiedad del subterfugio. Para aplacar sentimientos minoritarios se provoca el rechazo frontal de  una mayoría social que se siente ofendida y humillada porque hay  partidos que necesitan colocar la enseña de la comunidad vecina al mismo nivel que la propia, porque no les basta la bandera que une a todos los navarros y se empecinan en que la suya sea la de todos. Imponer un sentimiento es lo más absurdo que se puede plantear en política.

Uxue Barkos se confesó una vez presidenta nacionalista de una comunidad que no lo es. Pero, en la práctica, su acción política  violenta la sensibilidad de la mayoría de los navarros con una estrategia puramente identitaria, con el uso del euskera como estandarte político o el menosprecio a los símbolos propios de la Comunidad foral. Trabajar por la convivencia consiste en aumentar los consensos sociales que nos unen, no en imponer la bandera que divide y confronta. Navarra necesita puntos de encuentro, no crispación identitaria. Y la bandera roja es uno de ellos. No hay navarro, de norte a sur y de este a oeste, que no la sienta como propia. De nada valen las apelaciones retóricas de la presidenta a la convivencia si sus hechos demuestran exactamente lo contrario. No vale ponerse de perfil en la derogación de la Ley de Símbolos como ocurrió ayer.  En definitiva, esta medida es una acción simbólica que separa, hiere, enfrenta y genera nuevas dudas. Un golpe en la mesa del rodillo identitario que el nacionalismo vasco del cuatripartito extiende a toda velocidad en la realidad navarra.