Diario de Navarra

Diario de Navarra ha publicado en los últimos meses una serie de reportajes sobre varios casos de chabolismo urbano en Pamplona, en los que Edurne Navarro analiza en detalle un fenómeno que rara vez llega a las portadas de los periódicos. Habitualmente las personas sin hogar importan porque alteran el orden urbano (la limpieza, la seguridad), dibujadas en el imaginario colectivo como elementos externos a la sociedad que deben ser asimilados, ocultados o integrados. Navarro supera, sin embargo, la óptica de la amenaza y demuestra que el verdadero problema es que estamos fallando en dar una respuesta justa a un desafío estructural de nuestro sistema de protección social. El grueso del sistema de protección social en España y Navarra está diseñado para las personas que ya están dentro. Quien más tiene más recibe del Estado, porque las ayudas más cuantiosas, como las pensiones o los subsidios por desempleo, son contributivas: se calculan según la aportación acumulada que ha hecho el beneficiario al sistema. Cada vez son más las voces que desde la sociología y la intervención social señalan las grietas de un sistema recorrido por la desigualdad: de un lado, 870.000 personas perciben una pensión de jubilación de más de 2.000 euros mensuales; de otro, más de 1.300.000 parados no reciben ninguna prestación; a un lado, 10.700 millones de euros al año en deducciones fiscales y reducciones de la base imponible relacionadas con el sistema de bienestar (normalmente regresivas); al otro, 30.000 personas sin hogar en España y cientos de miles de personas en infraviviendas. Para esas personas a la intemperie del sistema, las políticas tradicionales se han dirigido a proveer los servicios más básicos (techo y comida). Durante muchos años pensar en buenas políticas para combatir el sinhogarismo era comprobar si había suficientes plazas en los albergues. El modelo imperante en la atención de las personas sin hogar era lo que se ha llamado modelo “en escalera”, porque primero daba una respuesta de emergencia para después ir “reintegrando" paso a paso, desde el albergue, el centro de noche, la pensión y finalmente, la vivienda autónoma. Esta forma de asistencia cumple con el objetivo mínimo que la sociedad demanda en primera instancia: atender humanitariamente a personas en una situación extrema, y poner el problema entre las cuatro paredes de un albergue. Sin embargo, después de décadas de intervención el número total de personas sin hogar no se ha reducido, y la cronificación ha crecido (según el INE, las personas que llevaban más de 3 años en la calle eran el 37,5% del total de personas sin hogar en 2005, y el 44,5% en 2012). ¿Qué está fallando? El diagnóstico es claro en que hay que buscar nuevas formas de intervención. El modelo Housing First (o “Vivienda Primero”, es decir, dar una vivienda estable, sin condiciones previas, como primer paso de la intervención social) ha terminado por imponerse después de los éxitos en Canadá, EEUU y algunos países europeos. La nueva Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lo coloca como un instrumento prioritario en la lucha contra el sinhogarismo en España. De hecho, las primeras conclusiones de la evaluación del Plan Hábitat de la Fundación RAIS, que desde 2014 ha proporcionado una treintena de viviendas a personas sin hogar en Barcelona, Madrid o Málaga, arrojan resultados muy alentadores: las personas beneficiarias del plan mejoraron en 12 meses su situación de seguridad personal, económica (hubo un incremento significativo de las personas que lograron acceder a rentas de inserción), ocio, relaciones familiares y satisfacción general. Además, después de 12 meses, todas las personas del programa seguían viviendo en la casa proporcionada. Animado por los prometedores resultados, el Ayuntamiento de Pamplona está ya estudiando implantarlo. Por fin hay consenso en torno a un modelo más efectivo, más enfocado y no necesariamente más costoso. Sin embargo, la respuesta a la exclusión no debe quedarse aquí. El modelo Housing First es una actuación en el extremo del espectro de la exclusión. Si se concibe como una intervención aislada, desconectada del resto del sistema de protección social, sólo será un parche que no ataca las causas estructurales del problema. No se trata sólo de sacar a la gente de la calle sino también evitar que otras personas terminen en la misma situación. Las políticas en esta materia deben tener en cuenta al menos tres ejes relacionados entre sí: la universalidad de los derechos, el foco en la prevención y la integración de las políticas sociales. Uno de los rasgos comunes de cuatro de los cinco casos analizados en la serie de reportajes sobre personas sin hogar en Pamplona era que los protagonistas eran personas extranjeras en situación irregular. No es una casualidad. Las personas extranjeras son las que han sufrido la crisis con más virulencia: altísimas tasas de paro, precariedad y explotación laboral, falta de redes familiares, discriminación racista y, por encima de todo, el peligro constante de caer en el infierno de la irregularidad, a 72 horas de una deportación, después de un tiempo prolongado en el paro. A pesar de ello (o precisamente por ello) el sistema de protección social parece diseñado para excluirles. Los requisitos de residencia legal y de empadronamiento de la mayoría de ayudas sociales son una barrera de entrada para uno de los grupos que más las necesitan. Muchas personas sin hogar, además, acumulan otras variables de exclusión, como adicciones, discapacidad o enfermedades mentales. Un sistema diseñado para la emergencia social, como venda de la última herida, no hace sino incidir en la diferenciación de los que están fuera del sistema, en la segmentación injusta de la protección social. Frente a ello, el sistema debe estar basado en el concepto de universalidad de los derechos, potenciando los instrumentos más redistributivos sobre los contributivos. Si una ayuda social se plantea como la materialización de un derecho del que todos somos titulares, se evita la estigmatización del receptor de la ayuda. Una consecuencia lógica de un enfoque basado en derechos universales es el énfasis en la prevención. El sistema debe estar dirigido a evitar que las personas caigan en una situación de exclusión. Las rentas de garantía de ingresos (RGI), y aún en mayor medida, un sistema de renta básica universal, son uno de los instrumentos de política social que más eficazmente pueden prevenir situaciones como las ilustradas en los reportajes citados, incluyendo al mismo tiempo un enfoque de universalidad de derechos. Para que esto sea efectivo es necesario reducir las barreras de entrada a la percepción de la RGI, como los requisitos de empadronamiento o las condicionalidades muy estrictas en el seguimiento de las ayudas, adaptando las exigencias de activación laboral a cada situación particular. En este sentido, la nueva renta de garantía de ingresos navarra ha dado un paso relevante hacia la universalidad, permitiendo que las personas en situación irregular puedan ser receptoras de la ayuda. Habrá que ver si el Gobierno de Navarra tiene la voluntad y es capaz de hacer efectivo este cambio y promover suficientemente el acceso. Finalmente, frente a unas políticas de emergencia social tradicionalmente relegadas al ámbito local, la lucha contra el sinhogarismo debe concebirse integralmente y conectarse con las políticas sociales a todos los niveles de la administración. Reducirlo a un problema local, de los ayuntamientos, es encerrar el fenómeno en los estrechos e injustos contornos del urbanismo y la seguridad ciudadana. La persistencia del sinhogarismo tiene que ver con un sistema de protección social fundamentalmente contributivo que genera una barrera entre protegidos y desprotegidos, pero también con la estructura del mercado de la vivienda que en España ha favorecido el régimen de tenencia sobre el alquiler, infraprotegido por la ley, y con un marco legal que ha permitido miles de ejecuciones hipotecarias en casos de vulnerabilidad. Segmentar problemas es contribuir a cronificarlos. Sólo se empezará a solucionar el sinhogarismo cuando se contemple integrado en una arquitectura de políticas sociales que nos proteja a todos, que no divida ni estigmatice y que no actúe sólo cuando la situación es extrema.

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Chabolismo urbano en Pamplona: derechos primero

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