Diario de Navarra

A comienzos de diciembre el PP y el PSOE escenificaron uno de sus primeros acuerdos de legislatura: una notable subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI), que se adelantó a una propuesta más ambiciosa de Unidos Podemos y que rompió la tendencia de estancamiento del SMI desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, el fin de año no trajo buenas noticias en otros dos indicadores de referencia fijados por el Gobierno. Por un lado, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) permanecerá congelado en 2017 por octavo año consecutivo. Por otro, la pensión mínima de jubilación vuelve a subir un exiguo 0,25%. ¿A qué se debe esta disparidad de criterios? ¿Qué conclusiones sacamos si miramos la evolución de estas tres medidas desde 2004? En 2004 el recién estrenado gobierno de Zapatero decidió crear un nuevo índice de referencia, el IPREM, desgajado del SMI. Antes el SMI servía, además de para fijar el suelo de la negociación laboral, para calcular umbrales de acceso y cuantías de subvenciones y ayudas públicas. A partir de 2004, los umbrales de renta para acceder a la justicia gratuita y las viviendas de protección oficial, o las cuantías de la prestación por desempleo, además de muchas rentas de garantías de ingresos autonómicas, pasaron a calcularse con referencia al IPREM (por ejemplo, para acceder a una VPO en Navarra los ingresos familiares no pueden superar 4,5 veces el valor del IPREM). En 2004 ello no suponía todavía mucha diferencia, porque la cuantía de ambos índices era la misma. Pero a partir de 2004, ambos indicadores empezaron caminos muy distintos. El primero de los siguientes gráficos muestra la evolución de la cuantía mensual (14 pagas) del SMI y del IPREM desde 2004 hasta 2017. En los años anteriores a la crisis, mientras que el SMI subía a un ritmo del 5% anual, el IPREM lo hacía en torno al 2-3%. Desde 2010, mientras que el IPREM permanece congelado en su valor actual (532,51€), el SMI ha ido ajustándose al alza en torno al 1% anual, ensanchando aún más la brecha entre ambos índices. La perspectiva de estos 13 años señala que la separación de ambos índices permitió que los gobiernos del PSOE aplicaran una política expansiva del SMI a la vez que evitaban que esas subidas no aumentaran el gasto social en otras partidas. Esta división estricta entre un indicador salarial y otro social puede tener sus ventajas al permitir mayor adaptabilidad de las distintas políticas, pero en la práctica ha llevado a una grave devaluación del IPREM y por tanto a un recorte furtivo pero severo de importantes partidas de gasto social. El segundo gráfico muestra la misma evolución pero ajustada al IPC anual durante todo el período. Es fundamental tener en cuenta la variación de precios porque en un contexto de alza de la inflación, la congelación de un indicador es de facto una devaluación. De este modo, el gráfico muestra cómo el IPREM se ha devaluado casi un 12% acumulado desde 2004, mientras que el SMI, si contamos la reciente subida para 2017, se ha revalorizado más de un 20% respecto al mismo año. Los gráficos muestran también la evolución de la pensión mínima de jubilación (contributiva para una persona con cónyuge no dependiente) durante el mismo período, cuya cuantía también la fija el Gobierno por decreto a final de año. Es interesante observar cómo la evolución es paralela al SMI durante los años pre-crisis pero sin embargo tras la crisis la pensión mínima no pierde apenas poder adquisitivo respecto al SMI, sobre todo por la subida de 2012, que compensó la todavía alta inflación. En 2017, sin embargo, la pensión mínima se ha devaluado porque el IPC de 2016 fue del 1,6% y la subida tan solo del 0,25%. Pasados los años más duros de ajuste presupuestario, el Gobierno, presionado por una oposición combativa, ha pactado un alza inédita del SMI, pero el IPREM se queda congelado en la cuneta. Esta nueva decisión, unida a la tendencia observada desde 2004, nos dice mucho de nuestro modelo de gasto social. En el fondo esta evolución muestra la desigual capacidad de influencia política de los distintos actores sociales. El SMI es el caballo de batalla tradicional de los sindicatos, por su capacidad de fijar un suelo negociador para los trabajadores (otro tema es la pérdida de relevancia del SMI en un contexto de precarización del trabajo y aparición de nuevos tipos de relaciones laborales no reguladas por el SMI). A pesar de que los sindicatos han demandado constantemente la revisión del IPREM en los últimos años, el SMI recibe mucha mayor atención política y mediática, lo que en perspectiva explica la decisión del gobierno en 2004. Muchas ayudas sociales que afectan a sectores menos empoderados y menos influyentes en el discurso público han quedado ligadas a un indicador cuya congelación muy pocas voces han lamentado. El caso es similar para la pensión mínima de jubilación, cuya bajada o congelación durante varios años tendría altos costes políticos. En un contexto de grave crisis social y de crecientes sectores de la población que han quedado en la cuneta de la gran recesión, no es posible seguir manteniendo congelado en IPREM y menos si el IPC vuelve a estar por encima del 1%, como en 2016. La revisión al alza del SMI sería una muy buena ocasión para que el Gobierno ajustara también la cuantía del IPREM y compensara así la pérdida de poder adquisitivo desde 2010.

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Salario mínimo e IPREM: caminos separados

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