Diario de Navarra

Todo este debate sobre el Convenio Económico y la aportación de Navarra al Estado, a la mayoría de los navarros probablemente les interese muy poco y hasta les suene a chino. Pero lo cierto es que la Comunidad foral debe contribuir anualmente a la financiación de las cargas del Estado por los servicios que nos presta, una cantidad que en los últimos años oscila entre los 500 y 600 millones de euros, según una fórmula tan complicada como ininteligible para los de letras, y que sólo los técnicos de Hacienda son capaces de discernir y aplicar. Y aun y todo, se producen discrepancias importantes entre ellos. ¿Que ha pasado en 2016? Que el Gobierno de Barkos, a través de su consejero Aranburu, ha decidido por su cuenta y riesgo pagar 520 millones de euros, en lugar de los 613 que reclama el Estado, incumpliendo además el propio Convenio Económico que establece los abonos anuales “en cuatro plazos de igual importe” en marzo, junio, septiembre y diciembre. Hay que aclarar que estas cantidades son provisionales y que cuando se formalice el acuerdo pendiente entre ambas Administraciones para el periodo 2015-2019, se hacen las cuentas de nuevo y se liquidan y pagan las diferencias que ha podido haber en los desembolsos anteriores. Es decir, si Navarra ha estado pagando de más, el Estado tendrá que devolverle lo que corresponda; y si ha pagado de menos, la Hacienda foral tendrá que rascar en las arcas los millones que se había ahorrado. Por tanto, el anuncio del consejero Aranburu de pagar 93 millones menos de los que supuestamente corresponden a Navarra ha sido una decisión unilateral y política, no técnica, que tendrá que argumentarla en Madrid y resolverse en el futuro. Hay algunas teorías que tratan de explicar la sorpresiva resolución del Ejecutivo navarro de pagar menos a la Hacienda del Estado. Una de ellas, la defendida por el propio consejero y algunos grupos del cuatripartito, se asienta en la idea de que la Comunidad foral está pagando de más. De hecho, desde el departamento de Aranburu señalan que ya en 2015 Navarra aportó entre 100 y 250 millones de más, análisis rebatido y descalificado desde el Ministerio de Hacienda. El problema de la teoría del “pagamos de más” es que no se podrá comprobar hasta que no se acuerde el próximo quinquenio 2015-2019. Otra hipótesis tiene que ver con la querencia nacionalista al enfrentamiento con el Estado opresor. Sus defensores aseguran que es el escenario que tradicionalmente busca el nacionalismo para sacar rédito político. Y de paso, desvían la atención de una posible mala gestión presupuestaria hacia un debate más primitivo que racional. Esta teoría se resumiría en el “Madrid nos roba”, muy socorrida en tiempos de tribulación. La tercera tesis apunta a que cuando alguien quiere ahorrar, no pagar sigue siendo la fórmula más directa para conseguirlo. Y por lo visto y oído, ha sido la escogida por el consejero Aranburu para cuadrar las cuentas públicas e impedir que se desmande el déficit. Una trampa con las piernas muy cortas y el futuro más que incierto. Si Barkos y compañía creen que el Estado no dispone de los suficientes resortes como para cobrarse lo que estima que Navarra debe pagar es que siguen sin enterarse. Y, además, actuaciones unilaterales como las del Gobierno foral derivan en otro tipo de consecuencias a la hora de entablar cualquier negociación, y no sólo sobre el Convenio Económico: una falta de confianza y de credibilidad que lastra las posibilidades de acuerdo en las mejores condiciones para Navarra. Con el cuatripartito que gobierna esta comunidad, pensar que las relaciones con el Estado van a basarse en el pacto y la solidaridad con el resto de los pueblos de España es una quimera. Se envolverán en la bandera de los Fueros, se erigirán en salvadores de la patria navarra y si fuera necesario resucitarán a Gamazo... Los mismos que preparan el desembarco de la ikurriña porque la bandera roja no les representa.

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El riesgo de trampear la aportación

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