Diario de Navarra

Parece que la nueva legislatura ha empezado con rumores de reforma constitucional. Siempre que se habla de reformar la carta magna, que está a punto de entrar en la cuarentena, se rescata el paradigma del consenso del 78 y de la necesidad de repetir un acuerdo político tan amplio. Decir que toda reforma constitucional tendrá que pasar necesariamente por un acuerdo con el PP, el partido más reacio a abrir el proceso, es una pobre rendición ante la aritmética. Por el contrario no se incide lo suficiente en que una supuesta reforma constitucional no podrá hacerse sin los dos nuevos partidos de ámbito estatal, Podemos y Ciudadanos, porque su surgimiento es precisamente la respuesta generacional a la crisis del sistema político en 2011. Sólo un 20% de los votantes de Podemos tenía en 1978 edad para participar en el referéndum sobre la Constitución. Sin embargo más de la mitad de los actuales votantes del PP sí pudieron participar, por edad, en el referéndum constitucional (según datos del último barómetro del CIS, de octubre). La perspectiva generacional es crucial si se abre definitivamente un nuevo proceso constituyente. En teoría política muchas veces se ha considerado a las constituciones como instrumentos mediante los que el pasado gobierna el presente: una generación (o la parte dominante de una generación) logra abrir un proceso constituyente y redactar y aprobar un texto legal que determina la vida política y social de un país durante décadas. Las constituciones ordenan la arquitectura legal de un país y constriñen las decisiones futuras. Su persistencia y la dificultad para reformarlas hacen que sus consecuencias vayan mucho más lejos que cualquier otra decisión política. Una vez cerrado el pacto intrageneracional, la reforma de la constitución suele ser rara mientras la generación que la redactó mantiene el poder. En España sólo se ha reformado dos veces en 38 años, introduciendo dos cambios relevantes pero que no afectaban ni siquiera superficialmente al entramado ideológico e institucional del texto. Una vez invertido el esfuerzo único de crear un instrumento tan trascendental como una constitución, todo refuerza el cierre en torno a la nueva arquitectura constitucional. La crisis del sistema de partidos que empezó en 2011 y se ha consolidado en el ciclo electoral 2014-2016 no es más que el fin del dominio de una generación política, la misma que pactó la Constitución del 78. Es normal que los movimientos ciudadanos que han cuestionado todo en los últimos años, quieran revisar también los grandes consensos constitucionales, desde la forma de Estado (con menos apetito) a la organización territorial. Sobre todo ésta última, porque la Constitución del 78 permitió un histórico proceso de descentralización pero no contenía un diseño federal coherente. Las paredes del sistema no estaban claras, y los nacionalismos catalán y vasco, y detrás de ellos la mayoría de las comunidades autónomas, han ido tanteando el aire hasta encontrar a trompicones los límites (Euskadi con el plan Ibarretxe, Cataluña con la reforma del Estatut anulada por el Tribunal Constitucional). Sobre la forma de Estado, muchos se escandalizaron ante la actitud de Podemos con el discurso del Rey en la apertura de la legislatura en el Congreso, cuando en realidad se trató simplemente de la escenificación, más o menos apropiada, de una brecha electoral eminentemente generacional. Sin embargo, en el momento en el que la demanda de un cambio constitucional crece y sale de la marginalidad, la rigidez de los mecanismos de reforma genera tensiones añadidas. El pasado sigue pugnando por gobernar el presente: un instrumento pensado para dar estabilidad intrageneracional basada en el consenso se convierte sin quererlo en un factor de desestabilización intergeneracional. Si el pacto no se renueva corre el riesgo de perder legitimidad, de ser desafiado cada vez con más y mejores razones. Una mínima actualización a tiempo puede ser, paradójicamente, el movimiento más inteligente para conservar inalterado el núcleo fundamental de la Constitución. La gran diferencia con 1978 es que ahora no todos los principales actores tienen iguales incentivos para el consenso. El independentismo catalán tiene de momento pocos motivos para formar parte de un nuevo pacto de un país en el que ya no cree. A nivel estatal, es difícil imaginar a PP y a Podemos en torno a los mismos principios constitucionales básicos, y ambos tendrían incentivos contrarios para salirse del pacto. Es improbable que la legislatura que empieza dé a luz a un proceso constituyente a gran escala. Más probable es que se produzcan algunas reformas limitadas que no requieran el pesado procedimiento del artículo 168. Pero incluso una reforma parcial pero significativa, ratificada mediante referéndum, podría servir de actualización generacional del pacto del 78. Pero para ello es esencial que el pacto incluya precisamente a los partidos que han abierto brecha en el sistema político español.

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El cierre constitucional

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