Diario de Navarra

Hubiera sido tan sencillo como evitar la equidistancia. No llamar presos políticos a asesinos etarras. No utilizar expresiones como “víctimas de todas las violencias”. No denominar conflicto vasco al terrorismo de una banda. No predicar buenismos del tipo “no debe haber ni vencedores ni vencidos”. Ni permitir que un partido que no condena los crímenes de ETA esté en el gobierno. Pero Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E prefieren mirar hacia otro lado porque no están dispuestos a que 40 años de atentados y falta de libertad pongan en peligro su parcela cuatripartita en este gobierno. No es que lo digan los partidos de la oposición o lo vea una parte importante de la sociedad navarra. Son las propias víctimas del terrorismo de ETA las que han tenido que salir públicamente para desmentir las patrañas de un gobierno preso de Bildu. Cuarenta y dos familias de asesinados, es decir, prácticamente todas, niegan que se sientan bien tratadas por este gobierno y desmienten que hasta ahora los ejecutivos anteriores no se hubieran preocupado por ellas (en el año 2000 el Gobierno foral les concedió la Medalla de Oro de Navarra). Manifiestan su rechazo y desconfianza hacia un gobierno en el que Bildu es uno de sus baluartes. Y consideran que la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos es una manera de “maquillar” y “blanquear” la presencia de los abertzales radicales. Recuerdan que el discurso de los herederos de Batasuna no ha variado y por tanto su credibilidad en relación con las víctimas del terrorismo es cero. En definitiva, los contactos realizados por la Dirección de Paz y Convivencia con las víctimas los creen “interesados” y sienten que este gobierno intenta “tapar la historia reciente con la memoria pasada”. Resulta obvio que en el Palacio de Navarra hay varas de medir de distinto tamaño y grosor para cuando hay que evaluar a las víctimas más recientes, las del terrorismo de ETA. Un discurso más o menos aseado no es suficiente cuando los hechos no se corresponden con las palabras, que es lo que le pasa al gabinete de Barkos. “Queda mucho camino por recorrer”, reconocía la portavoz del Ejecutivo foral el miércoles. Lo triste es que ese “camino” se ha alargado desde que el cuatripartito gobierna esta tierra. Todo lo que se había avanzado en los últimos tiempos, gracias al compromiso de las instituciones y de la sociedad navarra, en sólo año y medio se lo están cargando Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E. UPN y PP han reclamado esta semana la supresión de la Dirección de Paz y Convivencia, pero el problema no está en su existencia, porque podría realizar una gran contribución social si no se apartase de la senda de la memoria, la verdad y la justicia. El obstáculo estriba en que dicha dirección general nació herida de muerte, porque la tarea que tendría que hacer no se puede desarrollar bajo un gobierno en el que uno de sus socios ha sido cómplice político de cuarenta años de indignidad. Es triste reconocerlo, pero con este Ejecutivo capitaneado por Barkos no es posible recorrer el camino al que aludía su portavoz. Tendrían que empezar, y no lo van a hacer, por romper un pacto a cuatro bandas en el que ni siquiera se le exigió a Bildu una condena a ETA y a sus matones. Y en segundo lugar, y tampoco lo van a hacer, tendrían que oír de verdad a las víctimas, no como un mero trámite para cubrir el expediente y para que nadie les pueda reprochar sus buenas intenciones. Que sean todas las familias de las víctimas de ETA en Navarra, prácticamente sin excepción, las que hayan dado un paso adelante para desenmascarar la política “de paz” del gobierno cuatripartito tendría que ser un buen motivo para hacer reflexionar al director general de Paz y Convivencia, Alvaro Baraibar, si merece la pena hacer este papelón: tan cerca de Bildu como lejos de las víctimas del terrorismo de ETA.

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Las víctimas de ETA desenmasca-ran al Gobierno

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